Inmediatamente después de formalizada la concesión del puerto de Paita, el concesionario elevó sus tarifas. Aunque los actores involucrados en el tema: Pro Inversión, OSITRAN, el propio concesionario, el sindicato de trabajadores portuarios y los usuarios del puerto, finalmente reconocieron que las tarifas serían reducidas o eliminadas, se demuestra nuevamente que el Estado, a través de Pro Inversión, omitió informar adecuadamente sobre el proceso de concesión y los efectos tarifarios que tendrían lugar. Además, el hecho de que instituciones como la propia Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), además del sindicato portuario y usuarios del puerto, critiquen la forma como se están negociando y otorgando algunas concesiones (Planta de Tratamiento de Taboada o de la Red Vial 4) refleja que hay errores graves relativos a la estructura de estas concesiones y al contenido de los contratos. Esta carencia técnica en una parte de nuestra administración pública podría afectar la legitimidad de muchas de estas concesiones.