El allanamiento a dos locales de Fuerza Popular ha terminado de configurar una verdadera guerra entre actores civiles y políticos en este país. 

La prisión preventiva dictada contra los ejecutivos de empresas vinculadas a Odebrecht, la grave denuncia contra Susana Villarán, y la intervención a dos locales del fujimorismo es una muestra de la dramática situación que enfrentamos. 

En ambos casos, esperamos- tal vez ingenuamente- que encuentren las pruebas para proceder a una acusación fiscal seria. Si no se hace, el Fiscal Sánchez y su equipo debería renunciar por su propia voluntad. Hasta ahora han hecho un papelón mayúsculo, actuando reactivamente y por presión política y mediática.

La renuncia del flamante director ejecutivo de la pomposa Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el exministro toledista Pablo de la Flor, ha confirmado la incapacidad de este gobierno para ejecutar tan importante tarea de alcance nacional. Y en este caso no puede alegar obstruccionismo del Congreso, pues las facilidades se las otorgaron inmediatamente. No es culpa del legislativo que el ejecutivo no ejecute, valga la redundancia. Se podría incluso, haber movilizado a los batallones de Ingeniería del Ejército, para hacer algunas labores de rehabilitación. Pese a al millonario desembolso que se anuncia, el balance es cercano a cero.

Para estas labores, la Contraloría no ha cumplido, ni los ministerios, y De la Flor al sentirse “desbordado por la responsabilidad” culpó de todos los problemas al Estado, y a los gobernadores. ¿Pero después de 6 meses recién se da cuenta? ¿No lo conoce?