La coyuntura política, dominada por el conflicto entre grupos con objetivos políticos muy claros y un Poder Ejecutivo con poco criterio para enfrentarlos, está llevando a que los actores concentren su atención en los temas de corto plazo, perdiendo de vista la necesidad de concertar políticas de largo plazo que enfrenten los problemas estructurales que afectan el desarrollo del país.

El economista Guillermo Rebosio llama la atención sobre esta situación y remarca la necesidad de avanzar en el diseño concertado de políticas para atacar las causas estructurales de la inequidad y exclusión social, antes que el natural desgaste del gobierno le impida contar con el respaldo político para aplicar medidas trascendentes.

Nuestro entrevistado es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha trabajado en diversas instituciones públicas (MINAGRI, Congreso de la República), así como en organismos no gubernamentales y centros de estudios. Cuenta con varias publicaciones sobre desarrollo rural, políticas agrarias y seguridad alimentaria.

Ddlc: El desempeño macroeconómico, luego del primer año de gobierno del Presidente Pablo Kuczynski, ha estado muy por debajo de las expectativas. El mandatario ha atribuido este resultado al Fenómeno El Niño y al caso Odebrecht. ¿Considera que estos factores explican los resultados obtenidos?

GR: Indudablemente, la ocurrencia de un evento como el Fenómeno El Niño ha tenido un impacto negativo sobre la economía nacional, no solo por los daños directos registrados (infraestructura, viviendas, agricultura) sino porque obliga a replantear las acciones del Estado. En vez de las actividades y los proyectos que ya estaban programados y encaminados, se tuvo que incorporar otros nuevos en respuesta al FEN, lo que implicó muchas veces iniciar desde cero los engorrosos procesos para viabilizar la inversión pública. La actividad económica en las regiones afectadas demorará en recuperar sus niveles anteriores al hecho, incluso si la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios opera óptimamente.

Por otro lado, el caso Odebrecht ha paralizado la ejecución de importantes proyectos que, más allá de las irregularidades observadas (y que deben sancionarse drásticamente), representaban inversiones que dinamizarían las economías locales y regionales. No olvidemos que, además, la sombra que se ha proyectado sobre la gestión pública hace que los funcionarios teman tomar decisiones que eventualmente podrían ser cuestionadas en el futuro. Esta actitud podría neutralizar el impacto de la implementación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE PERÚ), que busca agilizar y simplificar la inversión pública relacionada a prestación de servicios y provisión de la infraestructura.

Teniendo en cuenta estos dos factores, era previsible que el desempeño real se ubicara por debajo del proyectado originalmente. Recordemos que el Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021 proyecta un crecimiento de 2.8% del PBI para el 2017, cuando hace un año se pensaba que sería 4.8%.Pero conviene advertir que, al primer semestre del 2017, el crecimiento del PBI ha sido solamente 2.3%, esperándose que el efecto combinado del aumento del gasto público vinculado a la reconstrucción pos FEN, la recuperación de la actividad económica en las zonas afectadas por dicho fenómeno y la construcción de infraestructura para los Juegos Panamericanos permitan dinamizar la economía y alcanzar la meta mencionada. 

Ddlc: Desde hace varios años se nota un proceso de desaceleración del crecimiento económico. Para cambiar esa tendencia, es necesario captar inversión privada pero ¿es eso posible un contexto de incertidumbre política y conflictos sociales?

G.R:Las cifras son claras: si bien no se ha caído en una recesión, el crecimiento económico se ha desacelerado en los últimos años. El promedio de crecimiento del PBI ha sido de 3.1% anual en los últimos tres años, frente a uno de 6% en los años anteriores. Aparte de lo preocupante que significa esa cifra en sí misma, hay que pensar que al mismo tiempo los avances en la lucha contra la pobreza se han hecho más lentos. Urge, entonces, impulsar un crecimiento sostenido que se refleje en el bienestar de las personas, lo implica necesariamente generar un ambiente propicio para la inversión.

En primer lugar, la incertidumbre política era un factor esperado en el marco de un año de elecciones generales (2016), pero que lamentablemente se ha venido prolongando hasta ahora. No se puede esperar que un inversionista arriesgue su capital en un escenario donde los desencuentros entre los poderes del Estado causan zozobra y hasta el simple cambio de un ministro puede alterar las reglas de juego. No olvidemos, además, que en el año 2018 se realizarán elecciones para los gobiernos regionales y locales, lo que implica una reconfiguración del escenario político en esos niveles. Eso exige a los actores políticos un alto grado de responsabilidad para buscar consensos y delinear las políticas que estarán vigentes en el largo plazo.

Los conflictos sociales, por otro lado, tienen que enfrentarse oportunamente. Si bien la huelga de los maestros ha sido el tema más llamativo en las últimas semanas, no olvidemos que en el interior del país hay un importante número de conflictos activos y latentes. Y, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, aproximadamente dos tercios están vinculados a las competencias del gobierno nacional y además casi el 70% se relaciona a problemas socioambientales (principalmente con la actividad minera e hidrocarburos). 

Ddlc: ¿Cuáles son las perspectivas de la minería, nuestra principal fuente de inversión e ingresos de divisas y tributos? ¿Se reactivarán los proyectos como “Las Bambas” y otros proyectos “congelados”?

G.R: Una condición sine qua non para que se capte inversión minera es que los precios internacionales permitan proyectar ganancias atractivas para el inversionista. Según las proyecciones del MEF, esta condición se estaría cumpliendo. Igualmente, una serie de indicadores (inversión en exploración, petitorios mineros, estudios ambientales) muestran que se estaría recuperando el dinamismo perdido.

Sin embargo, este proceso podría verse afectado si se agudizan los conflictos sociales en las zonas de influencia de los proyectos. El gobierno ha apostado por la simplificación del marco normativo para aspectos como la obtención de predios y la aprobación de permisos ambientales, pero debe realizarse un manejo muy fino de estos temas para evitar que se vulneren los derechos de los pobladores locales. La minería, en pocas palabras, debe convertirse en un factor más del desarrollo del territorio (la relación armoniosa entre minería y agricultura sigue siendo una tarea pendiente en casi todo el país). 

Ddlc: ¿Hasta qué punto se justifican las demandas de los maestros, en un contexto donde el gobierno nacional destina significativos recursos a proyectos que han sido cuestionados?

G.R: A la fecha, el presupuesto asignado para la función “Educación” del año 2017 representa el 17.1% del total para los tres niveles de gobierno, similar al año pasado, siendo la función que recibe la mayor cantidad de recursos. En ese contexto, las demandas de los actores principales del proceso educativo, los maestros, debían ser atendidas. El Decreto de Urgencia Nº 011-2017 del pasado 24 de agosto ha dispuesto medidas en este sentido.

Sin embargo, se mantiene la discrepancia en torno a los mecanismos de evaluación de los maestros. Esto nos lleva a destacar la necesidad de garantizar la calidad de la educación que reciben los niños peruanos, especialmente en las escuelas públicas, pues debemos evitar que se perpetúen las causas estructurales de la pobreza.

Unas cuantas cifras nos permiten mostrar el panorama educativo nacional: de acuerdo a cifras del Ministerio de Educación, únicamente el 15% de los locales escolares de educación básica regular cuenta con aulas en buen estado, mientras que solo el 45% dispone de servicios de agua y saneamiento.

Pero además deben destacarse otras brechas: el porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora es 50% (cae a 19% en el ámbito rural), mientras que en matemáticas llega a 26% (12% en el ámbito rural). Es decir, aparte de registrarse un promedio nacional muy bajo, la desventaja en el ámbito rural es muy marcada.

Así, el problema educativo no se agota en un tema puramente salarial, sino que demanda una política integral para garantizar a niños y jóvenes un servicio de calidad. Buenos profesores, infraestructura y equipamiento adecuados, alumnos bien alimentados, todo eso forma parte del paquete necesario para una educación de calidad que contribuya al desarrollo integral de niños y jóvenes.

Ddlc: ¿Los recientes aumentos de precios en varios productos agroalimentarios significan que se está incubando un proceso inflacionario? 

G.R: Lo ocurrido recientemente con el precio del limón no puede ser interpretado como un rebrote inflacionario, ya que la causa de esa situación fue claramente una escasez temporal debido a los impactos del FEN sobre las zonas productoras, efecto que fue amplificado por circuitos comerciales poco competitivos que aprovechan esas circunstancias para especular y lograr mayores ganancias en el corto plazo.

Pero es oportuno hacer notar que la inflación de los alimentos viene siendo ligera pero sistemáticamente superior al promedio general del índice de precios. Por ejemplo, si revisamos el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana del período Enero-Julio 2017, vemos que el acumulado del promedio llega a 1.22%, mientras que el rubro “Alimentos y Bebidas” alcanza 1.66%. Lo mismo ha ocurrido en nueve de los últimos diez años. Si bien, por las bajas tasas registradas, no se puede decir que nos encontremos en una espiral inflacionaria, conviene hacer un seguimiento de este proceso.

 

 

Ddlc: En un artículo del pasado domingo, el Eco. Jorge Baca Campodónico recomienda que la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios incorpore un criterio de cuenca y no sectorial o político administrativo. ¿Cuál debería ser la política sobre este tema?

G.R: La propuesta planteada del enfoque de cuenca es totalmente correcta, siendo consistente con el concepto de “desarrollo territorial rural”, que plantearon hace más de diez años autores como Alexander Schejtman y Julio Berdegué. Es imprescindible que la RCC trabaje con un enfoque de este tipo, que es el que permite que las acciones respondan a las características reales de los territorios y sus poblaciones, que no siempre obedecen a los límites de distritos o provincias.

No olvidemos que esta manera de intervenir implica un desarrollo institucional que permita la participación de múltiples actores, que no siempre van a estar dispuestos a negociar recursos y prioridades. Asi, recordando a los autores mencionados, podemos decir que “el territorio no es un espacio físico ’objetivamente existente’, sino una construcción social, es decir, un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos por múltiples agentes públicos y privados”.

Resulta necesario entonces que la RCC o el MINAGRI, según sea el caso, promuevan la creación de espacios institucionales para la concertación entre los actores con intereses diversos, incluyendo la participación efectiva de la población involucrada. Existen varias experiencias de trabajo a nivel de cuencas, impulsadas tanto por entidades públicas como por ONGs, que conviene evaluar como modelos a seguir. También una experiencia que merece ser observada es la creación de los Comités de Gestión Regional Agraria, como parte del SERVIAGRO. Si bien estos comités tienen un alcance limitado (solamente comprenden el sector agrario) y trabajan sobre la jurisdicción regional (no sobre territorios acotados), pueden ser una experiencia valiosa para desarrollar un modelo aplicable a las cuencas.

Ddlc: Sobre la base de su experiencia en proyectos rurales ¿puede aprovecharse el Plan AGROJOVEN del MINAGRI para involucrar a jóvenes universitarios y egresados en los proyectos de rehabilitación de la infraestructura agraria y otros trabajos propios de la reconstrucción?

Tenemos entendido que AGROJOVEN está siendo implementado por las distintas entidades y programas del Sector Agricultura. Eso significa que muchos de los jóvenes que colaboren con AGRORURAL o el Programa Subsectorial de Irrigaciones seguramente se sumaran a las acciones de rehabilitación de la infraestructura agraria y de reconstrucción, ya que corresponden a las competencias de dichas entidades

Ddlc:¿Es posible que el MINAGRI proponga alguna norma similar al reciente Decreto Supremo N° 023-2017-VIVIENDA, “Enfoque de Desarrollo Urbano Sostenible y Saludable para las acciones de rehabilitación y reconstrucción”, pero aplicable al ámbito rural?

G.R: El Sector Agrario ya cuenta con un Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario, período 2012-2021 (PLANGRACC-A), aprobado en el año 2012, que respondería a esta preocupación. Este documento ofrece estrategias, lineamientos de políticas, propuestas y acciones específicas, consensuadas en su momento con los Gobiernos Regionales. Conviene evaluar los avances en su implementación y hacer los ajustes que sean necesarios.

Ddlc: En su opinión, ¿qué tiene que ocurrir para que la economía recupere su dinamismo y logre crecer sostenidamente?

G.R: Son varios los factores que facilitarían una reactivación de nuestra economía (mejores precios internacionales de nuestros minerales, crecimiento de nuestros socios comerciales, política fiscal expansiva, etc.). Varios de ellos son exógenos y de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual las perspectivas son favorables para los próximos años. Pero esa dependencia ante factores exógenos es lo que justamente no garantiza la sostenibilidad del proceso. Se requiere entonces impulsar un crecimiento apoyado en una base diferente, donde el sector rural debería jugar un rol decisivo.

El Perú tiene excelentes condiciones no sólo para la minería sino para diversas líneas del ámbito rural como los cultivos de agroexportación, la ganadería altoandina, las plantaciones forestales, la acuicultura, los cultivos orgánicos, entre otros. Actualmente aprovechamos muy pocas de estas posibilidades.

Aprovechar este potencial, para convertirlo en otro de los pilares que sostenga el crecimiento económico, requiere políticas que cumplan con dos condiciones estrechamente asociadas: consenso y continuidad. Un Pacto Nacional para el Desarrollo Rural, que garantice una política de Estado y no de gobierno, sería un logro importantísimo tanto para cerrar brechas históricas como para sentar las bases de un modelo sostenible.