El pedido de vacancia presidencial y el indulto otorgado al ex presidente Fujimori no sólo marcaron un fin de año de tensa calma, sino generaron una nueva crisis, en medio de renuncias, marchas e investigaciones por realizar, que comprometen no sólo a líderes de la oposición, sino al propio entorno palaciego. 

Diethell Columbus, abogado de la Universidad Federico Villarreal, con especialización en Gestión Pública, Director Ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales, Docente-Presidente del Centro de Estudios Electorales de la Facultad de Derecho de la USMP, analista político y columnista de Perú 21, nos brinda su interpretación y opinión de lo que puede ser este 2018. 

Ddlc: Hay quienes critican el inicio de una reconciliación nacional (como el exministro de Justicia Gustavo Adrianzén) con un indulto sorpresivo y a escasos días de la votación decisiva de congresistas disidentes de Fuerza Popular que salvaron de la vacancia a PPK. 

D.C: En primer lugar, el indulto al ex presidente Fujimori no fue sorpresivo. Quien sostenga esto ha estado fuera del país durante mucho tiempo, o en un universo paralelo. El presidente en más de una oportunidad se ha referido al tema. Que lo hayan negado por el cálculo político es diferente, pero el asunto ha estado en la agenda del gobierno- desde que éste entró en funciones- entonces hacemos mal en tratar de mirar hacia el costado o ignorar una realidad, como bien lo ha recordado Cecilia Valenzuela en una brillante columna publicada no hace mucho. 

Ddlc: ¿Había otra forma de iniciar esta reconciliación nacional? 

D.C: Ciertamente, había otras maneras. Yo hubiera preferido que el proceso se inicie con una conversación con los deudos de las víctimas, pero no sólo con los del grupo Colina, sino con las del terrorismo, los familiares de los policías, de los militares de las Fuerzas Armadas que fallecieron defendiendo a la sociedad y al país que más ordenado, y en paz que hoy tenemos. Pero el mandatario decidió iniciar este proceso de una manera polémica y compleja, a través del indulto, que repito, no es sorpresivo. 

En todo caso, lo que afecta o incomoda es el contexto en que se ha otorgado, muestra, al menos desde mi perspectiva, que fue un canje político. 

Ddlc: ¿Es posible revertir el indulto por presión nacional de la opinión pública o la justicia, nacional e internacional? 

D.C: Pienso que no. En la justicia nacional, lo veo un poco complicado, porque para empezar, tiene la condición de cosa juzgada. Por lo tanto, resultaría irreversible, salvo que como en el caso Crousillat se demuestre que hubo un fraude en la información médica. Es decir, que se demuestre que el presidente no sufre las enfermedades que se señala que padece. Yo lo veo muy difícil, y en el ámbito internacional, revisando la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, no he encontrado una sola norma que permita a la corte pueda ordenar, o anular un indulto. 

A lo sumo, podría recomendar al Estado peruano que se deje sin efecto la medida. Pero ello no puede hacerse a través de resoluciones supremas que firme el gobernante. Tendría que hacerse a través de un proceso judicial que llegaría al Tribunal Constitucional, como en el caso Crousillat. 

Entonces, es poco probable que el indulto sea revertido. 

Ddlc: Acerca del indulto, se habló sobre su sustento jurídico de la pena, y algunos analistas como Jaime de Althaus y Mario Saldaña mencionan que se le debió condenar por el caso de la CTS a Montesinos, encubrir al grupo Colina, y por supuesto, una inhabilitación política de por vida. 

D.C: Si el indulto es justificado o no, es un tema muy discutible. Era claro que para él se justificaba, porque por algo lo firmó. Yo estoy a favor del indulto. He escrito varias veces sobre el asunto, y también sobre la discrecionalidad del presidente en este aspecto. Más aún, si nuestra normativa no restringe esa facultad. 

Ahora, respecto a los delitos por los cuales ha sido condenado, tiene que quedar claro que ha sido condenado por delitos ordinarios, y no de lesa humanidad, como algunos señalan, y me remito a las declaraciones de por ejemplo, Ernesto Blume, actual presidente del Tribunal Constitucional, en entrevista justamente con Jaime de Althaus quien ha señalado que los delitos por los cuales fue sentenciado el ex presidente no corresponden a la categoría de lesa humanidad, o incluso el juez San Martín, el cual ha afirmado que no existe en la legislación peruana, y por lo tanto no se le puede sancionar. 

Ddlc: ¿Qué reflexión puede hacer sobre la pena impuesta al presidente?

D.C: Fujimori fue sentenciado por los delitos que cometió. Hay delitos cometidos y sanciones impuestas. Se le investigó y sentenció, así que no estamos ante un caso de impunidad, como algunos tratan de hacernos creer.

Ddlc: ¿En su opinión, los grupos que están en contra están “sobre representados” por la prensa, en desmedro de una mayoría que según muchas encuestas apoyaba la medida? 

D.C: No lo creo. En una democracia, uno es libre de opinar lo que considere, de marchar y protestar contra la medida. Es válido. 

Ddlc: ¿La calle puede lograr lo que el congreso no pudo: sacar al presidente? 

D.C: Eso no me parece democrático. Acá no se trata de eso, sino de respetar las formas. 

El congreso inició un proceso de vacancia por incapacidad moral del presidente. No logró los votos, no procedió el pedido. Por ende, si un grupo de ciudadanos no está conforme con el indulto, existen canales para poder cambiar la situación, a través de un proceso de amparo, como en el caso Crousillat, u otras instancias similares. 

Sin embargo, eso de sacar al mandatario porque hizo algo que la constitución le permite, pero que a ellos no les gusta, no me parece ni sensato ni democrático.

Si el presidente es bueno mientras que haga lo que ellos quieren, y hay que derrocarlo cuando no lo hace, entonces estamos mal. Así no funciona el sistema. 

Ddlc: El gobierno ha quedado en una precariedad notable, han renunciado ministros y congresistas, y en círculos políticos y periodísticos se comenta insistentemente que la situación puede agravarse con la llegada de nuevos documentos que comprometan principalmente al presidente.

D.C: Esa afirmación podría pecar de tremendista. Han renunciado 3 ministros, uno antes del indulto. 3 de 18, entonces no estamos ante una crisis ministerial como algunos suponen, y si se refieren a los mandos medios hacia abajo han renunciado, que creo no llegan ni a 10, tampoco podemos hablar de una crisis.

Finalmente, hay que recordar que nadie es imprescindible. Así como se van, habrá quien los reemplace. Y en lo que se refiere a los congresistas oficialistas, no creo que afecten al ejecutivo.

En este tiempo, el presidente ha estado gobernando sin bancada. No recuerdo que haya tenido un apoyo decisivo de la misma en ningún tema. Es más, hemos visto que cada vez que se interpelaba a un ministro, por lo general el grupo oficialista desaparecía o se reducía a su mínima expresión.

Lo que sí le puede afectar es que en esta recomposición no sepa convocar a las personas idóneas para que se pueda sobrevivir a esta crisis política que se ha generado.

Ddlc: ¿La liberación del expresidente Alberto Fujimori en el Perú favorece o no a la gobernabilidad del país, y en qué medida? 

D.C: Solamente el tiempo dirá si la decisión adoptada fue acertada o no. Nunca he tratado de profetizar escenarios, pero obviamente tiene un impacto político, por hablar de Alberto Fujimori, quien genera polarización, por todo lo que representa. Lo bueno y lo malo. 

Ddlc: ¿Cómo ve a Fuerza Popular? 

D.C: Es un partido político que se ha estructurado a lo largo del tiempo, bajo el liderazgo de Keiko Fujimori. 

Si ella tiene el manejo que hasta ahora ha demostrado, su grupo va a sobrevivir a esta crisis generada por el presidente, y sus familiares. 

Ddlc: ¿La creación de un gabinete de “ancha base”, le parece posible?

D.C: Sí, es posible, pero la interrogante es si habrá profesionales dispuestos a ser parte de este grupo, en esta crisis pos indulto, y además ante la falta de claridad acerca de los vínculos con las empresas brasileñas cuestionadas. 

Ddlc: ¿Qué opinión tiene sobre la salida del Dr. Concepción Carhuancho? 

D.C: Nadie lo ha retirado. Esa es una información errada, o posverdad, como dicen ahora, porque sigue siendo juez. Lo que ha ocurrido es que ahora se va a dedicar a los asuntos que le corresponden, y los temas anticorrupción los verán los juzgados especializados. 

Y no es un complot, simplemente se está cumpliendo con un decreto actual que el gobierno emitió el gobierno pasado. 

Que ciertos sectores intenten victimizar a este magistrado, pero no veo el perjuicio. Finalmente, seguirá trabajando en el Poder Judicial. 

La justicia anticorrupción no es privativa del Dr. Concepción Carhuancho. Existen otros profesionales capacitados para cumplir ese reto.