El allanamiento a dos locales de Fuerza Popular ha terminado de configurar una verdadera guerra entre actores civiles y políticos en este país. 

La prisión preventiva dictada contra los ejecutivos de empresas vinculadas a Odebrecht, la grave denuncia contra Susana Villarán, y la intervención a dos locales del fujimorismo es una muestra de la dramática situación que enfrentamos. 

En ambos casos, esperamos- tal vez ingenuamente- que encuentren las pruebas para proceder a una acusación fiscal seria. Si no se hace, el Fiscal Sánchez y su equipo debería renunciar por su propia voluntad. Hasta ahora han hecho un papelón mayúsculo, actuando reactivamente y por presión política y mediática. 

No deja de sorprendernos que se disponga la intervención de locales “naranjas” y no del humalismo, o de Fuerza Social, movimientos que están en una posición más incómoda que la fujimorista. O del propio - hablamos en borrador-  partido de gobierno. 

Queremos remarcar una vez más, que resulta muy extraño que se busque ser supuestamente riguroso en un caso, pero laxo con las investigaciones que apuntan a Palacio. 

Como ciudadanos, deseamos que el presidente nos aclare qué ocurrió durante el gobierno del ex presidente Toledo, hoy prófugo, por qué cambió de opinión, y que Fernando Zavala y otros personajes nos informen lo que ocurrió. Si no lo hacen, y actúan por una “corrección política”, el daño al país será inmenso. 

La gran farsa de la progresía aupada en este gobierno, supuestamente liberal, es hacernos creer que con ella se acabó la corrupción. Pues bien, que lo demuestre en los hechos, sin esquivar las investigaciones, ni victimizarse. No con mensajes en las redes sociales. 

Mientras tanto, desde esta página, nos hemos preguntado regularmente, si la economía puede encarrilar a la política. Justamente en la CADE de este año, el Ministro de Cultura piensa que, en los últimos 25 años la política ha sido soporte del modelo de libre mercado. 

Sin embargo, acota que, en esos años se ha descuidado lo público y hay que fortalecerlo, lo que no debe ser visto como una tarea que implica hacer cumplir las normas regulatorias del mercado, en beneficio justamente del sector privado. 

Ciertamente, esta perspectiva es relevante, pues tenemos numerosas tareas pendientes en materia de seguridad ciudadana, reconstrucción pos Niño Costero (recientemente, el Banco Mundial ha revelado que 2 de cada 3 peruanos son vulnerables a caer en pobreza a causa de desastres naturales), inclusión social o salud pública son responsabilidad, principalmente, del Estado, que ha demostrado una ineficiencia alarmante. 

Por su parte el presidente del BCR, Julio Velarde, en el mismo CADE, clama por la postergada reforma del Poder Judicial, además de otras no menos difíciles, como la del mercado laboral, reclamada por un amplio sector empresarial. 

En ese contexto, la Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz se despinta cada día más, y pide otra vez, delegación de facultades. Si las primeras no funcionaron. ¿Por qué habría que pensar que éstas sí? 

La institucionalidad pública, mencionada por el ministro Del Solar, requiere ser efectiva, con urgencia, en materia de economía y seguridad, y que el presidente y su equipo, del cual forma parte, impulsen una auténtica moralización, y una efectiva lucha anticorrupción, a fin que se sepa la verdad. De la K a PPK.