La crisis sanitaria global que padecemos a causa del Covid-19 y que debemos afrontar con realismo, ya sea al estilo Boris Johnson en el Reino Unido (sobrevivirán los más fuertes), o en modo Martín Vizcarra en el Perú (inmovilización y toque de queda), demandan fórmulas de solución innovadoras gracias a las nuevas tecnologías de comunicación, pero también atendiendo a las circunstancias de cada país y cultura ciudadana, el más importante insumo de una democracia. En el caso del Perú, por ejemplo, la informalidad en las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas, es una debilidad para atender a las personas más vulnerables a sostenerse durante el periodo de cuarentena decretado por el gobierno.

Si comparamos los sucesos ocurridos en Chile producto de las protestas sociales, no faltaron analistas que cuestionaban cómo en el Perú, con palpable déficit de infraestructura y políticas públicas en materia social, educativa y sanitaria, no se haya producido antes un masivo descontento ciudadano ante su clase política.

La respuesta, dada por los mismos analistas, se atribuía a la informalidad, lo que ahora se ha convertido en nuestra más palpable debilidad institucional para combatir la pandemia. En condiciones de normalidad, el informal no espera nada del aparato estatal, su trabajo diario sin parar le sirve para proveerse de lo necesario, o más indispensable, para él y los suyos; en las circunstancias actuales, el Estado peruano debe atender a quiénes en teoría son sujetos invisibles, para asistirlos en situación de emergencia, pero que sí pueden ser identificados con su Documento Nacional de Identidad (DNI), es decir, como ciudadanos, un estatus que puede convertirse en un medio para comenzar a paliar los nocivos efectos de la informalidad.

La Constitución peruana declara que somos un Estado Social, lo cierto es que, a duras penas, sólo intentamos ser uno asistencial pero deficiente. Por eso, aprovechando nuestras fortalezas, apoyados en las fuerzas armadas y policiales, podríamos tomar las primeras medidas de atención con el ingenio, que es algo que también caracteriza a la informalidad. En ese sentido, la información que posee la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, actualizada gracias a las recientes elecciones congresales extraordinarias del pasado 26 de enero, resultan de utilidad para poder ubicar y organizar las zonas más vulnerables y de urgente atención.

De lo que se trata es de organizar a los ciudadanos en zonas vulnerables de extrema pobreza, mediante el despliegue simulado de un proceso electoral, es decir, que las fuerzas armadas colaboren para que sea un ingreso ordenado y pausado a los centros de votación (por lo general colegios, institutos, universidades), que los ciudadanos busquen el local de votación con los datos de su DNI, que debería ser el mismo lugar al que acudieron a votar en la pasada elección, identificar su mesa y que oficiales puedan entregarles sus víveres de supervivencia.

Para las zonas vulnerables no tan alejadas de los centros de la ciudad, la entrega podría consistir en una tarjeta de débito exclusiva para compra de alimentos, donde el Estado podrá abonar, periódicamente, el subsidio de emergencia. El apoyo y colaboración de la empresa privada para proveer el Pay Online Service (POS) con Internet, a las tiendas de abarrotes aledañas a las dichas zonas, podría resultar de gran ayuda para evitar distanciamientos que compliquen la salud.

De esta manera, de prolongarse el estado de emergencia, el universo para la próxima repartición de víveres sería menor, pues la asistencia a quienes cuenten con una tarjeta de alimentos será actualizada electrónicamente y no necesitarán trasladarse como la primera vez.

La firma del padrón electoral y la colocación de la pegatina en el reverso del DNI, certificarían la entrega de víveres a cada ciudadano. Para el caso de las personas cuyos centros de votación estén en otra provincia o región, muy distantes del lugar de residencia, o inmigrantes en condiciones de vulnerabilidad, el ejército y la policía podría instalar una carpa en lugares cercanos y visibles de las zonas de emergencia, donde se lleva a cabo el reparto de víveres de primera necesidad para quince días.

Se tratan de medidas incompletas para combatir la pandemia, el frente sanitario requiere ser atendido con tanto o más ingenio en un país sin prioridades de gasto (una carretera interoceánica desierta, refinerías sin petróleo y gaseoductos onerosos, en vez hospitales de alta complejidad, pleno abastecimiento de agua, desagüe y modernas unidades escolares); ciertamente son algunas medidas básicas que, de acuerdo con las necesidades y realidad de cada país, podrían adecuarse siempre gracias a un esfuerzo combinado de la sociedad, el estado, las fuerzas armadas y policiales, aprovechando nuestras fortalezas en tiempos de emergencia y solidaridad.

(*) Doctor en Derecho (Universidad de Navarra, ESPAÑA), Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura, PERÚ), Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea).

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