En nuestro país y en el mundo entero ya no se habla de otra cosa más que de la pandemia, mientras que los otros problemas también importantes se han minimizado o desaparecidos milagrosamente. No solo se desconoce su origen, además de que su transmisión no ha sido completamente explicada hasta la fecha, y ha devastado al mundo con millones de muertes, además de generar una terrible crisis económica.

La izquierda latinoamericana y la peruana siguen con la espada desenvainada. El COVID-19 es el perfecto contexto para mermar la soberanía de los Estados. El acuerdo de Escazú -firmado en esta ciudad costarricense en 2018- es un tratado sobre acceso de todos sin restricciones a la información medioambiental. Así entendido, quién podría oponerse al derecho de informarse sobre medio ambiente, más aun, que vivimos una pandemia en que se cuestiona la ausencia o desidia estatal en salud y por ende, en biodiversidad y desarrollo sostenible. 

Una pregunta que debemos hacernos a raíz del asesinato de un ciudadano negro por un policía blanco en los EE.UU., es la siguiente: ¿En qué momento de la historia de la sociedad humana se produjo el dominio del hombre blanco sobre el hombre negro?.

Los estados que mejor han reaccionado contra la pandemia, aplicaron con progresividad medidas para controlar su expansión; de modo similar, la decisión para retornar a la completa normalidad ciudadana deberá responder al mismo principio, pues, el virus del Covid-19 continuará entre nosotros hasta aprobar y distribuirse una vacuna efectiva. 

La crisis sanitaria global que padecemos a causa del Covid-19 y que debemos afrontar con realismo, ya sea al estilo Boris Johnson en el Reino Unido (sobrevivirán los más fuertes), o en modo Martín Vizcarra en el Perú (inmovilización y toque de queda), demandan fórmulas de solución innovadoras gracias a las nuevas tecnologías de comunicación, pero también atendiendo a las circunstancias de cada país y cultura ciudadana, el más importante insumo de una democracia.

En el Perú el debate sobre la pena muerte es recurrente. Lo impone la coyuntura y luego se desvanece. Esa es la penosa realidad de siempre produciendo graves frustraciones en la gente harta de que no se decida nada, mientras las violaciones de mujeres, niñas y niños sigue en aumento. Existe para los casos de traición a la Patria durante una guerra exterior y terrorismo (Art. 140 de la Constitución de 1993). El clamor nacional es para extenderla a un tercer supuesto: violadores de menores de edad que mueren luego del ultraje.

México no es cualquier país y la afirmación no es peyorativa sino científica y realista. Es uno clave en la política internacional y de los Estados de América Latina, sin problemas, uno de los actores centrales de las Relaciones Internacionales en nuestra región.