La izquierda latinoamericana y la peruana siguen con la espada desenvainada. El COVID-19 es el perfecto contexto para mermar la soberanía de los Estados. El acuerdo de Escazú -firmado en esta ciudad costarricense en 2018- es un tratado sobre acceso de todos sin restricciones a la información medioambiental. Así vendido, quién podría oponerse al derecho de informarse sobre medio ambiente, más aun, que vivimos una pandemia en que se cuestiona la ausencia o desidia estatal en salud y por ende, en biodiversidad y desarrollo sostenible.

El acuerdo de Escazú serviría de botón propulsor para que las controversias ambientales del territorio de un Estado, sean resueltas por la Corte Internacional de Justicia, es decir, adiós a la justicia nacional, consiguiendo relativizar a la soberanía que por definición es solamente absoluta desde la histórica Paz de Westfalia (1648). Por ejemplo, Ecuador -ha ratificado el tratado-, que por años se definió país amazónico, llevándonos a una guerra (1941) y dos conflictos (Falso Paquisha -1981 y Cenepa -1995), sin pérdida de tiempo, nos demandaría ante la CIJ en caso también nos obligáramos (ratificación) al instrumento por lo demás, rarísimo pues ni siquiera admite reservas, consagradas en la universal Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969).

Luego de la Cumbre de Río (2012), las ONGs ambientalistas que han venido jugando en pared con la CEPAL -agencia caviar de la ONU con sede en Chile-, y con el entonces gobierno de la socialista Michelle Bachelet -durante su mandato se aprobó la Decisión de Santiago (2014)-, azuzarán a las comunidades indígenas so pretexto del daño ambiental amazónico, para acudir a la referida instancia supranacional planetaria.

El Congreso debe desestimar un tratado desinflado -solo cuenta 9 ratificaciones de 22 suscripciones-, que sería el primer paso para otro, en que la Amazonía luego sea declarada, patrimonio común de la humanidad como la Antártida. Gravísimo.