El plan del presidente Nayib Bukele contra la delincuencia en El Salvador forma parte del debate para su implementación en nuestro país. Su drástica reducción hace comprensible su discusión atendiendo a un razonamiento pragmático: (1) Funciona y punto. (2) Debe implementarse. El problema de las soluciones más populistas que institucionales es la arbitrariedad que trae consigo la falta de control durante su ejecución. Los delitos cometidos por bandas criminales, su detención inmediata, acusación fiscal, un proceso judicial con efectivas garantías y una condena son procedimientos acordes con un Estado Constitucional de Derecho que brindan seguridad y garantías en un sistema democrático. La seguridad ciudadana restablecida por la detención de una banda criminal, la garantía que serán juzgados con derecho a la defensa y, de ser culpables, sentenciados con una pena ejemplar.

La cuestión es si deseamos consolidar un Estado Constitucional de Derecho o un Estado Pragmático de Hecho. El modelo Bukele es un estilo de gobierno populista con resultados en el crecimiento de su capital político que buscará ampliar sus cuotas de poder. El Perú tiene experiencia sobre estos perfiles y en qué desembocan.

El problema de fondo es el crónico déficit institucional y la debilidad de un Estado para ejercer su Ius Imperium a todos y con igual fuerza. El caso de corrupción más grave sigue dilatándose (Lava Jato), hasta ahora sin una sentencia ejemplar a los altos funcionarios implicados, varios con detención domiciliaria y otros todavía circulando por las calles donde más parecen beneficiarios de un “derecho de gracia fáctico”.

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Piura)