Transcurridos 15 días del mal llamado “estado de emergencia”, el balance que se puede hacer es, por ahora, negativo. Continúan los atracos, la extorsión, se ha exacerbado la prostitución y el tráfico de personas, el narcotráfico. En fin, la delincuencia creemos, nunca gozó de tan buena salud.

El apoyo de la Fuerza Armada, y la recién anunciada expulsión de extranjeros que violen la ley servirán de poco si, como se dice, no se devuelve la capacidad de investigación a nuestra precaria, pero luchadora policía.

Las mafias parecen haber tomado las calles - y gran parte del Estado, en todos sus estamentos - pero frente a eso se plantean respuestas inconexas y sin fuerza. Dentro del paquete para combatir la criminalidad podrían contemplarse medidas como la creación de juzgados especiales, según cada caso, entre otras medidas.

Para combatir la delincuencia se requiere mínimamente investigar, procesar y sentenciar en procesos expeditivos, no engorrosos y proclives a la corrupción. Y para enfrentar la “importada”, lo primero que se debería hacer es aplicar filtros para rechazar a extranjeros delincuentes, que es exactamente lo que hacen la mayoría de los países.

Eso, en cuanto al tema represivo, en todo lo demás se requiere fomentar valores, apoyar emprendimientos y buen uso del ocio, que será una tarea de largo plazo. Ahora más que nunca estas sugerencias, deben pasar de ser líricas para plasmarse en políticas y leyes, y empezar a ejecutarse.

La delincuencia no solo afecta nuestra seguridad, sino desalienta la inversión, el progreso, en un contexto de crisis económica, obligando además a los ciudadanos a gastar más en un servicio como es la seguridad - y tantos otros - y que se encuentra mencionado en la Constitución.

Frente a la delincuencia de terror, urge aplicar medidas más firmes, definir alcances - ¿cómo y en qué casos se extraditarán a delincuentes? - definir si se van a construir nuevos penales o se rehabilitarán otros, aparte de una reestructuración del sistema.

El incidente de Lince, donde estuvo presente la congresista Rosselli Amuruz, es sólo un ejemplo del alcance que ha tomado la delincuencia de toda laya, no solo en Lima, sino en el país. Más allá de las explicaciones urgentes sobre supuestas amistades peligrosas, la legisladora debería renunciar a su cargo directivo. Pero al Congreso “no le entran balas”. Los ministros cuestionados válidamente siguen ahí y no pasa nada. El pacto tácito de no agresión entre ambos poderes existe. Hemos pasado del enfrentamiento entre dos poderes a un pacto por conveniencia, que debería tener, aun así, ciertos límites.

La sensación de indefensión y de desánimo - menor que la sentida durante el periodo de Castillo, ciertamente - persiste frente a la anomia y la incapacidad supina del Estado.

Las postas médicas no tienen recursos, pero se gastan recursos en empresas como Sedapal y Petroperú, que sirven para poco o nada. Y la inseguridad campea.

Para combatir el terror de delincuencia se requiere soluciones de fondo; reforma política, económica y específicamente de seguridad. Los ciudadanos necesitamos condiciones mínimas para trabajar, y desarrollar a nuestro país.