Un gobierno de tres años
En el Perú, los gobiernos duran tres años. No se trata de un error aritmético, sino de nuestra realidad. Los mandatos comienzan bien, en sintonía con el pueblo, lo que se llama “una luna de miel”, pero después de unos meses, el idilio se va enfriando, y no por culpa del electorado.
Precisamente, en nuestra editorial anterior mencionamos que el régimen tenía tres alternativas para reorientar sus políticas de gobierno, con la finalidad de conservar esa luna de miel. También afirmamos que esa estabilidad no se lograría con un cambio de ministros o de gabinete.
Sin embargo, no se han considerado las lecciones del "Baguazo". Se ha preferido el piloto automático. Es decir, no habrán reformas estructurales económicas, sociales o políticas, como la reforma parcial de la constitución y de las leyes que permita a los ciudadanos participar más en los partidos, gremios y sindicatos, o que reconozca el derecho de distritos como San Juan de Lurigancho, el más poblado del país, a tener representantes en el Congreso.
De modo que el gobierno tratará solamente de calmar el malestar y la convulsión social, anunciando medidas de corto plazo, mayoritariamente inconexas, mientras se concentra en las próximas elecciones regionales y municipales.
Esta percepción se confirma una vez más luego de escuchar el mensaje del presidente de la República, que fue más bien peculiar, extenso, motivador, pleno de propuestas y promesas.
Dentro de las propuestas saltantes se destacan la de los núcleos ejecutores de Foncodes. Esto consiste básicamente en encomendar a un grupo de ciudadanos la ejecución de pequeñas obras, con cargo a rendir cuentas.
Los que están a favor argumentan que facilitará la inversión y la ejecución de obras, y los que están en contra afirman que crearán conflictos. Sin embargo, parece que el presidente captó uno de los malestares más agudos de la población: los gobiernos regionales, en general, no son eficaces.
Otro de los aspectos resaltantes del discurso fue la iniciativa de la renovación por tercios del congreso en la mitad de mandato, lo que puede ser muy riesgoso si esta reforma se aprueba en un período electoral como el de las próximas elecciones regionales y municipales.
Sería preferible que se refuerce o mejore el sistema de revocatoria y los mecanismos de sanción a los congresistas.
Sobre la construcción de un penal en la selva para acusados de corrupción hay poco que decir. El sistema judicial y penitenciario necesitan algo más que cárceles. Se requieren jueces probos, procesos con plazos razonables, códigos penales eficaces, informatización de las oficinas, reforzamiento y especialización de la fiscalía, entre otros aspectos.
Por otro lado, se enumeraron logros en el campo de la energía, agua potable y saneamiento. Sin embargo, a pesar de esos logros y de los anuncios sorpresivos, quedó la idea de que el gobierno está agotado, no sólo en su discurso, sino en su acción, y eso se debe a la falta de cuadros técnicos capaces de realizar la tan esperada reforma del estado, proceso anunciado hace más de veinte años y no concretado, no sabemos si por incapacidad o porque los intereses son otros.
Es por esta razón (el agotamiento) que el gobierno designó a Javier Velásquez Quesquén, primer ministro. El partido aprista - el único organizado del país - no cuenta con cuadros de personas para asumir la dirección del gobierno. Y los independientes no se arriesgan a asumir ese reto. Pero ése no es un problema exclusivo de este régimen. Los partidos no los tienen. En general, más allá de algunos tecnócratas ubicados en las llamadas "islas de eficiencia" como la Sunat, el Banco Central de Reserva, o el Ministerio de Economía, no se disponen de profesionales y funcionarios públicos de carrera, que ejecuten los planes de gobierno y las políticas de Estado. Aquellas de las que carecemos.
En ese sentido, la afirmación de Nuria Esparch, presidenta ejecutiva de Servir, institución encargada de formar cuadros para la gestión pública, resulta dramática: “No se sabe cuántos empleados hay en el estado”, mientras que la misma institución anuncia la promoción de 30 gerentes, cantidad ínfima para la gigante y fantasmal administración pública, sin mencionar los problemas internos derivados de las presiones políticas de los gobiernos de turno.
Por otro lado, el estado gasta 400 millones de soles anuales en programas sociales con resultados insuficientes o cuestionables, según el antropólogo y demógrafo Carlos Eduardo Aramburú, especialista en estos temas. El programa más importante, Juntos, aunque es bueno, no está vinculado a la productividad. Ésa es otra asignatura pendiente, pero que ya la ex Ministra de la Mujer y del Desarrollo Social, Carmen Vildoso, había intentado cambiar con el Programa Mi Chacra Productiva.
Tanto más grave es el problema de la seguridad, pues mientras que se asegura que los líderes senderistas están cercados, éstos responden con un ataque a una comisaría en Huanta. Sesenta personas en tres combis atacan una comisaría, matan a cinco personas, y sin embargo se insiste con la idea de crear un Museo de la Verdad, una propuesta totalmente inoportuna, que se encomienda a pocas personas, mientras que, como nos recuerda José María Salcedo en esta edición, a la comunidad de la selva más afectada por la subversión, la Asháninka, no se le ha dado un céntimo de reparación.
Ésa es la realidad social del país, que es necesario cambiar cuanto antes. Mientras no se realicen las reformas que se necesitan en el Estado y en la administración pública, que la haga eficaz, y mientras el ciudadano no participe más en la democracia de base - sindicatos, gremios y partidos -, el Estado seguirá como hasta ahora: sin cuadros políticos y técnicos que aseguren su gobernabilidad, subsistiendo los periodos gubernamentales de tres años. Esta situación expondrá al país a un riesgo constante que nos puede enviar a un viaje sin retorno. Ése que ya comenzaron algunos vecinos.
