Transcurrido un mes y días de la asunción del presidente Martín Vizcarra, nos queda la sensación temprana que hemos cambiado al presidente, pero no se observa un cambio de estilo de gobierno.

En estos días de allanamientos, la política sigue marcada por la acción fiscal y en ocasiones, por la justicia penal. El ex mandatario  trata de probar su inocencia, algo complicado, si se considera la sucesión interminable de documentos, contratos, y transferencias, principalmente entre él y Sepúlveda, su sureño socio.

Sus “deudos” políticos, grandes grupos empresariales, todavía no acusan el golpe. Algunos, especialmente periodísticos, tratan de desacreditar al congresista Mamani, personaje absolutamente cuestionable, por decir lo menos, pero que reveló una grave denuncia que será una gran responsabilidad para la fiscalía. Bruno Giuffra, ex ministro de Transportes, sigue en un mutismo absoluto. 

Producidas las esperadas y resonantes declaraciones de Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht, la verdad es que si bien es cierto brinda mayores alcances sobre una corrupción de estado que alcanzó tres lustros, todavía muestra muchas sombras.

Esto resulta evidente si nos atenemos a hecho que por más abrumadoras que sean, sus palabras tienen que ir acompañadas de pruebas (no de recibos ni facturas obviamente), pero sí de documentos, comunicaciones, consultorías, asesorías, emprendimientos sospechosos, etc. 

Entre los pedidos de vacancia y la creciente conflictividad social, el gobierno sigue creyéndose fuerte y sólido, aunque en verdad cada vez se encuentra más desacreditado.

Y mientras tanto, siguen aumentando los analistas diversos quienes consideran que, el presidente debe renunciar, ya no por las razones esgrimidas la ocasión anterior, sino por la cantidad impresionante de giros, correos electrónicos y transferencias que demuestran los tratos indebidos del mandatario con las empresas cuyos directivos se encuentran acusados de malos manejos, consagrando la singular y cuestionable forma de hacer negocios de quien hoy – supuestamente - gobierna el país.

El pedido de vacancia y su evidente “trueque” por el indulto al ex presidente Fujimori, han dejado al presidente y al gobierno en una orfandad absoluta.

Más allá de su victoria pírrica, el mandatario ha perdido legitimidad ante la opinión pública, y en nuestra opinión, debió ser vacado por mentir y ocultar sus tratos con las empresas cuestionadas. Si estas trapacerías se las hubieran descubierto a otros líderes, ya estarían en cárcel. Pero la progresía jurídica, política y mediática tiene un estándar para cada caso.

El allanamiento a dos locales de Fuerza Popular ha terminado de configurar una verdadera guerra entre actores civiles y políticos en este país. 

La prisión preventiva dictada contra los ejecutivos de empresas vinculadas a Odebrecht, la grave denuncia contra Susana Villarán, y la intervención a dos locales del fujimorismo es una muestra de la dramática situación que enfrentamos. 

En ambos casos, esperamos- tal vez ingenuamente- que encuentren las pruebas para proceder a una acusación fiscal seria. Si no se hace, el Fiscal Sánchez y su equipo debería renunciar por su propia voluntad. Hasta ahora han hecho un papelón mayúsculo, actuando reactivamente y por presión política y mediática.

La renuncia del flamante director ejecutivo de la pomposa Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el exministro toledista Pablo de la Flor, ha confirmado la incapacidad de este gobierno para ejecutar tan importante tarea de alcance nacional. Y en este caso no puede alegar obstruccionismo del Congreso, pues las facilidades se las otorgaron inmediatamente. No es culpa del legislativo que el ejecutivo no ejecute, valga la redundancia. Se podría incluso, haber movilizado a los batallones de Ingeniería del Ejército, para hacer algunas labores de rehabilitación. Pese a al millonario desembolso que se anuncia, el balance es cercano a cero.

Para estas labores, la Contraloría no ha cumplido, ni los ministerios, y De la Flor al sentirse “desbordado por la responsabilidad” culpó de todos los problemas al Estado, y a los gobernadores. ¿Pero después de 6 meses recién se da cuenta? ¿No lo conoce?