Entre los pedidos de vacancia y la creciente conflictividad social, el gobierno sigue creyéndose fuerte y sólido, aunque en verdad cada vez se encuentra más desacreditado.

Y mientras tanto, siguen aumentando los analistas diversos quienes consideran que, el presidente debe renunciar, ya no por las razones esgrimidas la ocasión anterior, sino por la cantidad impresionante de giros, correos electrónicos y transferencias que demuestran los tratos indebidos del mandatario con las empresas cuyos directivos se encuentran acusados de malos manejos, consagrando la singular y cuestionable forma de hacer negocios de quien hoy – supuestamente - gobierna el país.

El pedido de vacancia y su evidente “trueque” por el indulto al ex presidente Fujimori, han dejado al presidente y al gobierno en una orfandad absoluta.

Más allá de su victoria pírrica, el mandatario ha perdido legitimidad ante la opinión pública, y en nuestra opinión, debió ser vacado por mentir y ocultar sus tratos con las empresas cuestionadas. Si estas trapacerías se las hubieran descubierto a otros líderes, ya estarían en cárcel. Pero la progresía jurídica, política y mediática tiene un estándar para cada caso.

El allanamiento a dos locales de Fuerza Popular ha terminado de configurar una verdadera guerra entre actores civiles y políticos en este país. 

La prisión preventiva dictada contra los ejecutivos de empresas vinculadas a Odebrecht, la grave denuncia contra Susana Villarán, y la intervención a dos locales del fujimorismo es una muestra de la dramática situación que enfrentamos. 

En ambos casos, esperamos- tal vez ingenuamente- que encuentren las pruebas para proceder a una acusación fiscal seria. Si no se hace, el Fiscal Sánchez y su equipo debería renunciar por su propia voluntad. Hasta ahora han hecho un papelón mayúsculo, actuando reactivamente y por presión política y mediática.

La renuncia del flamante director ejecutivo de la pomposa Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el exministro toledista Pablo de la Flor, ha confirmado la incapacidad de este gobierno para ejecutar tan importante tarea de alcance nacional. Y en este caso no puede alegar obstruccionismo del Congreso, pues las facilidades se las otorgaron inmediatamente. No es culpa del legislativo que el ejecutivo no ejecute, valga la redundancia. Se podría incluso, haber movilizado a los batallones de Ingeniería del Ejército, para hacer algunas labores de rehabilitación. Pese a al millonario desembolso que se anuncia, el balance es cercano a cero.

Para estas labores, la Contraloría no ha cumplido, ni los ministerios, y De la Flor al sentirse “desbordado por la responsabilidad” culpó de todos los problemas al Estado, y a los gobernadores. ¿Pero después de 6 meses recién se da cuenta? ¿No lo conoce?

Estrenado el nuevo gabinete, luego de una absurda situación generada por el nuevo gobierno, se espera que el congreso le otorgue el voto de confianza.

Con la misma claridad, hay que decir que este gabinete pudo haberse nombrado mucho antes. La presencia de ambos ministros era, pues, insostenible. Carteras como Educación, Salud y Justicia, hace rato que requerían cambios. 

Durante los últimas semanas, varias de nuestras autoridades han demostrado no sólo incapacidad, sino desubicación.

En primer lugar, el mandatario se reúne con una dirigencia más radical que el Sutep. Si la anterior directiva era dura, ésta la del CONARE es extremista, como ya lo demostró en la huelga y asonada en el 2003, con Robert Huaynalaya. Pero el mandatario “dialoga” con esa facción. Ya sabemos con qué resultados.

Después del mensaje de Fiestas Patrias, en el que el presidente se dirigió fríamente al país, nos quedó la sensación que uno de los dos, el presidente o el pueblo, vive en un país paralelo.

De otra forma no se explica el casi desbordante optimismo al hablar de reactivación económica, y del irresuelto, ni mucho menos el eficazmente abordado problema de inseguridad ciudadana.