Estábamos preocupados, y nuestros pronósticos sobre el país como siempre- o como casi siempre – eran sombríos, por lo que en alguna ocasión coincidíamos con nuestros interlocutores y otras veces no. Cuando no era así, a veces nos enfrascábamos en discusiones sobre el origen de sus problemas, pero no por whatsapp. Regla de oro: no discutir por las redes. Y menos de política.

Como era obvio, aquí existían dos posiciones marcadas. Los que creíamos que se trataba de una responsabilidad compartida y distribuida entre toda la dirigencia política, y aquellos que hablaban de la mafia fujiaprista y ese tipo de versiones. Y aunque es verdad que existen delincuentes en todos lados, realizar ese tipo de aseveraciones nos resultaba temerario.

La verdad era que desde el 2011 el país se encontraba estancado, o lo que es peor, había retrocedido. Había disminuido el crecimiento, y aumentado la pobreza.

La efímera primavera vivida desde la caída de Kamynski y la asunción de Luis Zegarra había calmado el ambiente, pero su afán de gobernar no sin, sino contra el congreso, y las múltiples denuncias de corrupción generaron una crisis total que culminó con su renuncia, y el cierre del odiado parlamento.

Después que éste fue pasado a calidad de testigo a investigado por su participación el caso “Chureros”, y a su vez numerosos congresistas fueron vinculados al caso Fodebrejt, se generó una grave inestabilidad política que terminó con un llamado a elecciones en el 2020, que ganó Jorge Huamán con un 36% frente a un 29% de Ricardo Alva de ASP, mientras con 25% Neo Perú, y el grupo de Antauro Humala con un 10%, colocó varios congresistas. El nuevo, pero también odiado y torpe congreso, ahora tenía más miembros (¡180 ¡), gracias a la iniciativa planteada por el sucesor de PPK, que presentó una serie de proyectos muy mal elaborados.

Con esta situación, Huamán, próximo a la progresía, no tuvo éxito frente a la crisis económica ni a la inseguridad ciudadana. Grupos radicales continuaron saboteando el país con acciones violentas, especialmente contra los proyectos mineros. Cabe recordar que previamente en el "primer poder del Estado" se aprobó un proyecto de ley del congresista acciopopulista Edmundo del Águila que impedía la postulación de Vizcarra. Acción Popular era un partido pequeño que había tenido luego de muchos años, buenos resultados.

El caso Odebrecht había terminado, finalmente, y como se esperaba, con la clase político-empresarial. Katia Fujimori, Pedro Kaminski, Oscar Humala, Adriana Villar, Alvaro Garcés, y el propio Carlos Alva estaban con cárcel efectiva o arresto domiciliario. José Graña y los representantes de las empresas asociadas fueron condenados con penas de 6 a 8 años de prisión, con lo cual la gran prensa se vio afectada, además del impacto de la modificada “Ley Control”, que reemplazó a la llamada “Ley Mordaza”, que impedía los gastos excesivos no en comunicación, sino en propaganda del Estado.

En ese contexto, la facción Antaurista había empezado a crecer. No sólo en plazas y avenidas, sino también en medios. El hermano del expresidente hablaba de “presidelincuentes”, y claro, en algo tenía razón, si todos habían caído en cárcel, o estaban en ese camino.

En octubre de 2018 el parlamentario Jorge Cáceres, exmiembro del Frente Amplio, leyó un manifiesto firmado por Andrés Alejos desde la cárcel, donde se encontraba preso por el “andahuaylazo”. El menor de los Humala propuso restablecer provisionalmente la Constitución de 1979, fusilar a los expresidentes implicados en corrupción por traición a la patria, nacionalizar las empresas, comenzando por las que estén en manos de corporaciones chilenas, estatizar los canales de televisión de señal abierta, y aplicar en el Perú una versión boliviana del Plan Inka de Velasco Alvarado.

El discurso machacón y efectivo de los antauristas y otros ultras, acerca de “el legado de Velasco” y la necesidad de poner “mano dura”, ganó cobertura en los medios y acogida en la calles y plazas. Su órgano oficial, un pasquín- de acuerdo a su tradición- el semanario “Andrés” había desplazado nada menos que al “Trome” en lectoría.

Castro propuso en esa ocasión la creación de un “frente patriótico”, que reunía sindicatos, organizaciones sociales y dirigentes de izquierda, de toda laya, por cierto, para acabar con la “corrupción de los 90 y la del siglo XXI”. Donde el etnocacerista- u otro- pudiese ser candidato.

Mientras tanto, la economía, de la mano de Manuel Castillo, resucitado ministro de Economía- quien salió airoso del Caso Fodebrejt- no levantó cabeza. Las exportaciones bajaron por la guerra comercial Estados Unidos-China, mientras que el nuevo fenómeno del Niño agravó la situación. Eso y la delincuencia tenían harta a la población.

Frente a esto, la atildada vicepresidenta, Ana Vizárraga, exjueza anticorrupción, había dicho que el gobierno, y el Estado actúa con “todo el peso de la ley”, pero parece que la ley no pesaba mucho, en vista que todos los días se capturaban a delincuentes reincidentes, a quienes la remozada judicatura no sancionaba, pese a los cambios introducidos por Vizcarra, y también probablemente por la vigencia de los decretos de la época del prófugo Toledo, que corregían los alcances “excesivos” de las normas fujimoristas.  

Según las encuestas, a 10 días de las elecciones convocadas por Guzmán para abril de 2025, “Bandera Libre”, del grupo del antaurista ya tenía 35 %, frente al 31% de otro resucitado, Saúl Sáez-Carrasco, aquel vicepresidente que pecó “por amor”, y ganó concesiones aeroportuarias por su poder, para otorgárselas a su novia, antes pareja de su hijo, lo cual se consideraba una historia de telenovela.

Esa era la situación del país. El ambiente de crispación se había instalado, y se auguraba, entre muchos, “el final de los tiempos” democráticos. Si es que los tiempos imperantes en el Perú alcanzaban esa calificación.

En ese momento, el inoportuno portazo de un vecino, y luego los ladridos de Girona, nuestra siberian husky, nos despertaron.