“Detrás de la cortina” nace en un momento delicado para el país. De modo que nuestro primer editorial no puede estar dedicado a otro tema que la persistente y a veces violenta convulsión social, ya sea en la costa y en la sierra. O en la selva, donde 35 personas murieron hace casi un mes y aún no se aclaran los hechos ni se procesan a los responsables.

Está claro que un país como el Perú donde alrededor del cuarenta por ciento de ciudadanos viven en situación de pobreza y en donde un veinticinco por ciento se encuentra en extrema pobreza (es decir, no puede siquiera alimentarse adecuadamente), la protesta puede ser un medio para obtener reivindicaciones. Pero la violencia es inaceptable, y por lo demás, el país ya ha tenido demasiada.

Es cierto también que existen sectores interesados en crear el caos y acabar con el sistema. Pero resulta iluso responsabilizar de todos los problemas a sectores radicales internos y externos. O explicar ineficacias a partir de la “teoría de la conspiración” que es tan relativo como enunciarlo. Es, como dicen los psicólogos, transferir responsabilidades.

Durante el toledismo se criticaba insistentemente - y con razón - la falta de prevención de los conflictos sociales, pero muchos de los que hoy ocurren ya fueron advertidos por la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal y por varios medios de comunicación. Además, existe una Unidad de Prevención de Conflictos, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, dirigida por el señor Juan Manuel Figueroa. ¿Cuál ha sido su labor y cuáles fueron los resultados?

En este escenario, el primero que debe actuar es el Estado, siendo más eficaz en el cumplimiento de sus responsabilidades básicas: haciendo las obras públicas o creando espacios de diálogo con quienes estén dispuestos a dialogar. Para ejecutar la obra pública es importante realizar la reforma del estado, a fin de lograr una gestión eficiente y efectiva, incluyendo no sólo el nivel central, sino también el gobierno regional y municipal, los cuales, en muchos casos, son tanto o más ineficaces que el gobierno central.

Precisamente, nuestros entrevistados, el periodista Víctor Andrés Ponce y la abogada Milagros Ortega, que trabaja con comunidades de la selva, coinciden, desde enfoques distintos, que subsiste esta carencia en nuestro sistema político: el estado no hace su parte.

El otro punto es la comunicación. Si el gobierno central hace obras, es preciso comunicarlas, pero el mejor comunicador del gobierno, Hugo Otero, se encontraba hasta hace poco asignado en Santiago. Por supuesto que los comunicadores no solucionamos los problemas de una mala gestión, pero ayudamos a difundir aquella que es positiva y a informar acerca de la labor del Estado.

Al cierre de esta edición, los cambios en el Consejo de Ministros eran inminentes. Se mencionaba para el cargo de primer ministro a Luis Gonzáles Posada o a Enrique Cornejo, y para el Ministerio del Interior al general (r) Luis Pérez Rocha, y en las últimas horas se mencionó a Rómulo Pizarro.

Pero estos cambios ministeriales de nada servirán si no se replantea la gestión de gobierno sobre estas bases de eficacia y eficiencia. Precisamente, este ocho y nueve de julio tendremos oportunidad de evaluar cómo responde el gobierno, luego de su experiencia con el “Baguazo”. El régimen tendría entonces tres opciones: ceder a las demandas y presiones- por más radicales que sean-, emplear la fuerza o no hacerse problemas, que es lo mismo a emplear el piloto automático hasta el 2011, lo que implicaría una parálisis aún mayor del aparato estatal.

Insistimos que los cambios de ministros no serán la solución, ya que una mala gestión no se salva con cambios ministeriales. Se necesita entonces un Estado que cumpla mínimamente con sus funciones en aspectos sociales y en seguridad. De otro modo, el 2011 se repetirá ese lugar común: “el país está mal, pero esperemos que con el próximo gobierno mejore…”