La renuncia del flamante director ejecutivo de la pomposa Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el exministro toledista Pablo de la Flor, ha confirmado la incapacidad de este gobierno para ejecutar tan importante tarea de alcance nacional. Y en este caso no puede alegar obstruccionismo del Congreso, pues las facilidades se las otorgaron inmediatamente. No es culpa del legislativo que el ejecutivo no ejecute, valga la redundancia. Se podría incluso, haber movilizado a los batallones de Ingeniería del Ejército, para hacer algunas labores de rehabilitación. Pese a al millonario desembolso que se anuncia, el balance es cercano a cero.

Para estas labores, la Contraloría no ha cumplido, ni los ministerios. De la Flor al sentirse “desbordado por la responsabilidad” culpó de todos los problemas al Estado, y a los gobernadores. ¿Pero después de 6 meses recién se da cuenta? ¿No lo conoce?

Por otro lado, el régimen no puede realizar un Censo, algo que el Perú ha hecho desde siempre, y por lo general, sin mayores problemas. El ingeniero Sánchez, encargado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), desde hace más de un año, continuó en el puesto, pero cuando la organización es mala, los resultados sólo pueden ser desastrosos. Con esto, se pone en cuestión no sólo la información mal que bien obtenida, sino toda la data del Estado. Ha sido un golpe a la estadística. De pronto, quién sabe, la pobreza es del 35%. Y tampoco nos digan que es vital para la aplicación o actualización de políticas públicas, pues, pese a las cifras que revelan los censos sobre carencias, no se observa una mejora ostensible por ejemplo, en infraestructura, pese a los años de bonanza.

Lo último que resta comentar es la inexplicable negativa del mandatario a la Comisión Lava Jato, argumentando no querer ser víctima de insultos, como los que -afirma- recibió en anterior ocasión. Esto puede recordar el cuento de Ricardo Palma, Los tres motivos del Oidor: miedo, miedo, miedo. Todos los otros líderes citados, justa o injustamente, han concurrido. El presidente es el primer ciudadano del país, pero es el primero que debe responder en estos casos, por -supuestamente- representarnos. Tiene tratamientos especiales, pero no privilegios.

Desbordado por la realidad y sintiéndose amenazado y cuestionado, el régimen apela a los epítetos, al mejor estilo humalista, y a las justificaciones, mientras que el ministro Carlos Basombrío sigue siendo una estrella de televisión, la delincuencia crece, los terroristas salen libres y no se conoce cuál es el plan para supervisar su vuelta a las calles, y policías y militares siguen muriendo en el VRAEM.

Lo último es la renuncia del viceministro encargado de la Resolución de los conflictos sociales, un mecanismo que se ha caracterizado por darle desmesurada importancia al diálogo con interlocutores radicales y no representativos frente a la autoridad, y en menor medida, al incumplimiento del estado.

El desborde no solo tiene un origen climático, sino también político, y se nota que hay un gran temor. Esperamos que, este desborde y temor, no cause inmovilismo ante el nivel de conflictividad creciente ni retrasos en decisiones urgentes, en relación al combate contra los remanentes terroristas y el narcotráfico.

Desde esta página, pensamos que sería bueno que el Presidente de la República no ceda a gestos innecesarios de cordialidad hemisférica, tratándose de compras militares. Debería evaluar técnica y no políticamente, juntamente con sus ministros de Defensa y del Interior, si realmente conviene comprar vehículos blindados del tipo Stryker, teniendo en cuenta la geografía del VRAEM y las necesidades reales de los efectivos policiales que continúan realizando patrullajes en vehículos inapropiados (pick-ups y camionetas 4x2, sin ningún tipo de blindaje o protección contra minas u otros explosivos artesanales). ¿Por qué no se consideran camiones blindados y con protección antiminas, como los Casspir de la fábrica DENEL – MECHEM (una versión anterior ha sido usada por nuestra Policía Nacional) o el RAM Mk3 de IAI? En el mercado de Defensa existen más alternativas, además de las ya mencionadas.

Una licitación internacional, considerando una compra conjunta de ambas carteras – de ser posible -, podría ayudarnos a elegir un equipamiento, quizás, más ajustado a las necesidades reales de nuestros valerosos policías y militares que enfrentan a estas fuerzas siniestras del VRAEM.

Para terminar este cuadro desolador que, no tiene que ver con el gobierno, pero sí con el sistema, cuatro miembros del Tribunal Constitucional son investigados por el Congreso, luego de reordenar la enésima reapertura de la investigación por el Caso El Frontón. Cabe recalcar que esta causa ha sido archivada más de una vez. Entonces, lo primero que cabe es que la Fiiscalía haga bien su trabajo, y  que el TC no se convierta en un "estado aparte". Lo otro es soslayar un principio básico del derecho: la cosa juzgada. 

Si así estamos el 2017 ¿Cómo llegaremos al 2021?