Las quejas sobre los servidores estatales son parte del día a día en nuestra sociedad, y su imagen de incompetencia y corrupción constituye uno de los grandes escollos de nuestro país.

La Dra. María Isabel Suárez, abogada, Maestra en Gobierno y Gestión Pública por la USMP, Presidenta de la Comisión de Estudio sobre la Modernización del Estado del Colegio de Abogados de Lima (2018-2019). Presidenta de la Comisión Consultiva de Gestión y Administración Pública del Colegio de Abogados de Lima (2015), considera que pese a los pocos y aislados esfuerzos realizados en el tiempo, el Estado peruano no ha logrado consolidar una carrera pública que beneficie a los usuarios, esto es, a los ciudadanos.

Ddlc: ¿Cómo nace SERVIR, y cuál es su propósito principal?

IS: La Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR fue creada en el 2008, mediante el Decreto Legislativo Nro. 1023 y dentro del marco del TLC, durante el segundo gobierno de Alan García, constituyéndose como el Ente Rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, como un organismo técnico especializado que forma parte de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Esta condición le otorga la capacidad de emitir normas, directivas, lineamientos en materia de recursos humanos en el Estado.

En el 2013, el gobierno de Ollanta Humala presentó un proyecto al Congreso de la República, el cual dio origen a la Ley Nro. 30057- Ley del Servicio Civil, o “Ley Servir”, con la finalidad de establecer un régimen laboral único y exclusivo para las personas que prestan servicios en el Estado.

      Ddlc: ¿Cuál fue el efecto de esta norma?

IS: No el esperado. Desde la emisión de la ley, las entidades públicas se encuentran en un “tránsito”, el cual tiene por finalidad que sea cada entidad la que realice un diagnóstico de su propia situación y posterior a ello-mediante concursos públicos- sean sus empleados quienes decidan si se acogen o no a dicha norma.

Actualmente, de las más de 2000 entidades públicas que forman parte del Estado, solo 92 entidades cuentan con una Resolución de Inicio emitida por Servir.

Por eso, el balance de la Ley Servir no es bueno, porque muchas entidades públicas quieren exceptuarse de regularse por dicha Ley. Para lograrlo, han presentado su propuesta legislativa ante el Congreso, como de hecho ha ocurrido con otras (SBS, BCR, Congreso de la República).

Se ha tratado de fortalecer SERVIR, pero considero que no será posible, porque en el Estado tenemos una fuerte cultura del clientelismo, más aún cuando existe una alta rotación de autoridades, lo cual origina que cada una traiga su propio personal a trabajar y si estas salen, también sale su personal.

Por otro lado, las propuestas para fortalecerlo siempre se mencionan, pero no se concretan. Un ejemplo es la mencionada por el actual Presidente de la República, quien mencionó que sean sus Gerentes Públicos los que formen parte en el Estado, pero ha transcurrido más de un mes, y la medida no se ha efectuado.

Ddlc: La polémica medida de dar de baja a 18 generales de la PNP, vino acompañada por una disposición para que SERVIR apoyara a esta institución. ¿Qué comentario puede hacer sobre el particular?

IS: SERVIR podría apoyar a la Policía Nacional del Perú, pero lo cierto es que el haber dado de baja a generales ha generado un gran malestar en la institución policial, que lo que quiere es que se les reconozca la labor que realizan.

No se puede olvidar que la PNP ha tenido un papel activo en el inicio de la pandemia, por cuanto ha estado en contacto directo con personas que se encontraban fuera de sus domicilios, cuando estaba prohibido. Incluso ahora, se enfrentan con manifestantes que no respetan el distanciamiento físico, e incluso los agreden. Se les crítica mucho, pero lo que se requiere es escucharlos, y atender sus requerimientos, porque cuida a la población.

Ddlc: ¿Considera que se ha logrado un trabajo interministerial destacable durante la crisis sanitaria?

I.S: Ha sido una tarea muy difícil, y en ese contexto, el trabajo remoto ha sido una buena alternativa para prestar servicios en el Estado, pero no ha sido suficiente. Esto se puede comprobar claramente en las normas legales publicadas en el Diario Oficial "El Peruano", durante el primer trimestre de la pandemia. Se emitieron muy pocas.

Lo cierto es que el Estado requiere que sus servidores civiles (término que acuña la Ley Servir) de manera gradual vayan incorporándose a prestar sus servicios, con equipos de protección personal que sean otorgados por la propia institución, y además que se mantenga el distanciamiento físico.

La crisis sanitaria ha traído mucho temor, y ha originado que los servidores civiles no manifiesten su voluntad de realizar su trabajo de manera presencial, sino continuar de manera remota, sin darse cuenta que ello genera una demora en el Estado, que de por sí ya es lento.

Ddlc: ¿Qué falta afinar para que sea más eficaz ese trabajo interministerial, de ser el caso por ejemplo, ante el reto logístico y organizacional para la conservación y distribución de vacunas?

En ese caso, es importante que ya exista un Plan de Aplicación de vacunas, identificando los primeros grupos en recibirlas (médicos, policías, personal de salud, personal de limpieza y adultos mayores, entre otros), regiones y lugares o centros de vacunación (estadios, colegios, etc.).

El reto logístico va a ser para el resto de regiones del país, porque se requiere que exista personal de salud ya vacunado, y que se cuente con los equipos necesarios y suficientes, que permitan que la vacuna llegue en óptimas condiciones (cadena de frio, equipos, etc.).

Es importante considerar el número de personal médico, enfermeras e incluso estudiantes de los últimos años de medicina, enfermería y otras especialidades de las ciencias de la Salud, para capacitarlos. Estamos hablando de vacunar a más de 33 millones de habitantes en el Perú.

La otra opción sería que cada equipo de vacunación acuda casa por casa. Esta es una opción que no ha sido analizada por el Ministerio de Salud, pero que no se debe descartar.

Ddlc: ¿Por qué la Escuela Nacional de Administración Publica en SERVIR no se convierte en el paso obligatorio para iniciar una carrera publica administrativa, para cubrir los cuadros en el Estado?

I.S: Como se ha mencionado, la carrera pública es un “sueño” que nunca se ha concretado. El ejemplo es el Decreto Legislativo Nro. 276, la llamada Ley de Bases de la Carrera Administrativa, que tenía la finalidad que las personas que ingresaran tuvieran una carrera pública. Lamentablemente, no cumplió sus fines y las personas que aún se encuentran en dicho régimen son los que menos ganan.

La finalidad de la Escuela Nacional de Administración Pública es capacitar a las personas que ya prestan servicios en el Estado, para fortalecer su formación  en temas de administración y gestión pública.

Una opción interesante sería que toda persona que ingresa a trabajar en el Estado, tenga una capacitación inicial por la ENAP, en temas de ética y gestión pública, además de las charlas de capacitación dentro de la propia entidad pública donde brinde sus servicios.

Ddlc: ¿Más allá del impacto financiero de la ley que elimina el CAS en el sector público, que otros impactos avizora en materia de gestión pública?

Además del efecto económico de la eliminación del régimen del Decreto Legislativo Nro. 1057, referida al CAS, la otra consecuencia es que se “desinfle” la Ley Servir, que ya de por si se encuentra debilitada con la pandemia.

Con el régimen CAS, las personas no gozan de los derechos correspondientes a la compensación por tiempo de servicios ni gratificación, lo cual es algo que ofrece la Ley SERVIR, al igual que el Régimen del Decreto Legislativo Nro. 728, que es utilizado por algunas entidades.

La preocupación que tienen las personas a la Ley Servir, son las evaluaciones que realizarían las entidades públicas.

Es importante tener en cuenta que el régimen laboral CAS se expidió mediante Decreto Legislativo Nro. 1056, con la finalidad que las personas que brindaban servicios en el Estado como SNP (Servicios No Personales), tengan algunos derechos, por que antes no se tenía derecho a vacaciones, descanso pre o post natal, entre otros, acceso a ESSALUD o a la opción de un régimen de jubilación (ONP o AFP).

A ello se debe agregar que aun cuando se expidió el Régimen CAS, para eliminar los SNP, todavía existen en el Estado muchas personas que brindan servicios sin gozar de derechos laborales, y con esta emergencia sanitaria se ha incrementado, por que quienes son CAS, o son de los regímenes 276 o 728, generalmente están realizando trabajo remoto o trabajo mixto, mientras que estos SNP sí realizan trabajo presencial diario.                           

Ddlc: ¿Cómo ve los avances en el desarrollo de un gobierno digital? ¿Piensa que son útiles los instrumentos de gestión 'Plan de Gobierno Digital 2020 - 2022", teniendo en cuenta los obstáculos que ha tenido el Estado para brindar servicios públicos en esta época?

I.S: Existen avances, como la expedición de Planes de gobierno de algunas Entidades Públicas, como ejemplo Indecopi o MTC, o la emisión de certificados de antecedentes policiales en línea, o el Expediente Judicial Electrónico (EJE)  por ejemplo, pero no son suficientes.

Un ejemplo sencillo sobre ese proyecto de gestión interna, es el hecho que una oficina de una entidad pública no puede tener acceso a un documento emitido por otra oficina de la misma entidad. Si se requiere un documento, es necesario solicitarlo, para que sea atendido.

Sería tan sencillo que se pueda acceder a los documentos de otra oficina, sin necesidad de requerirlo, solo con un simple clic, pero no, ello aún no es posible. Esto origina demora, porque se requiere solicitarlo formalmente para que se atienda el pedido.

Existen muchos obstáculos para la implementación del Plan de Gobierno Digital 2020-2022, pero lo que los servidores civiles deben entender es que los documentos que se emiten no son de su autoría, sino de la entidad.

Ddlc: ¿Cuál es la influencia de Servir en los nombramientos del personal del Estado, incluyendo la meritocracia?

I.S: Lo que hace SERVIR es emitir documentos indicando cómo se deben realizar las convocatorias, señalando las etapas, por ejemplo, así como difundir las convocatorias que realizan las entidades, pero esa es su única participación. Es decir, emite los lineamientos como se realizan las convocatorias, pero no es la que se encarga de desarrollar todo el proceso de la convocatoria hasta la elección de la persona seleccionada.

Cada entidad pública es independiente en el desarrollo de sus etapas. La meritocracia aún no se observa de manera real.

Ddlc: ¿Cuál debería ser la relación de SERVIR entre los empleados servidores nombrados del Estado, y su impacto en el nivel de productividad? ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema?

I.S: Para que la acción de SERVIR sea más efectiva, se requiere que esta entidad ya no forme parte de la PCM, sino del MINTRA. Se debe tener en cuenta que su función es emitir la política nacional sobre el servicio civil, es decir, el servicio que realizan las personas que trabajan en el Estado, en beneficio del ciudadano.

El papel de SERVIR debe incluir escuchar o atender los reclamos de sus empleados, de forma tal que se apliquen sanciones contra las entidades públicas que incumplan sus propias disposiciones. Un ejemplo es el hecho que se verifique, por ejemplo, que las entidades cuenten con su Plan de Capacitación, y se compruebe su realización (acá se pueden suscribir convenios entre cada entidad con ENAP) para los servidores, de acuerdo a su especialidad.

Con la capacitación adecuada, los servidores civiles van a tener un mejor nivel de productividad, pero lo cierto es que muchas entidades no realizan su plan de capacitación para todos, solo para algunos. Se debe entender que esta actividad no es un gasto, sino una inversión que busca mejorar el desempeño de los empleados, en beneficio de los ciudadanos.

Además, permitirá una mejor identificación del servidor con la entidad. Es necesario mencionar que las instituciones públicas comunican a Servir su Plan de Capacitación, pero se requiere que dicho Plan sea cumplido, y que realice adecuadamente su rol fiscalizador.