Las autoridades se contentan sólo con los nuevos planos de zonificación y por desconocimiento la sociedad civil no participa exigiendo un instrumento de desarrollo actualizado y moderno como el de otras capitales del mundo. 

La ciudad cuenta con un plano de zonificación hecho para que los inversionistas en el sector de construcción puedan construir más y a sus anchas. ¿Quién se ocupa de que esto se haga correctamente y en defensa de la población? Jesús María, Lince, Magdalena y Pueblo Libre tendrán mayor crecimiento vertical y esto es más negocio para los negociantes de Mi Vivienda. 

Nadie habla sobre la falta de previsión para ampliar los servicios básicos que están obsoletos. Es evidente que no hay un plan de saneamiento para toda la ciudad, ni un plan vial renovado, ni un plan de desarrollo concertado. Incluso el planito de zonificación esta hecho empleando los conceptos y los criterios de hace 30 años, todavía se sigue haciendo uso del instrumento ya caduco de la zonificación. 

Vista a través de una fotografía aérea, Lima parece un monstruo condenado a una inevitable metamorfosis planeada deliberadamente por sus autoridades, en quienes descansa la responsabilidad de su planificación. Sigue extendiendo sus tentáculos y tragando terrenos agrícolas de sus tres valles para albergar a sus más de siete millones y medio de habitantes. El Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) cree que una cirugía urbanística podría contener su desborde, y sigue creyendo que es posible hacerla con la aprobación de nuevos planos de zonificación para sus 42 distritos. 

Se sostiene con la pedantería neo liberal que la nueva organización de la ciudad está definida en tres palabras: Densificar, permitiendo el crecimiento en altura de distritos con la infraestructura de los servicios básicos ya existente; homogeneizar patrones urbanísticos creyendo que con esto se fortalece el mercado de suelos y flexibilizar las normas, para fomentar la inversión inmobiliaria pública y privada ante la demanda de vivienda, creyendo que con esta medida automáticamente el mercado resolverá los problemas endémicos de la ciudad, soslayando las medidas de política urbana que conduzcan a una reforma urbana de fondo que modifiquen el modelo de desarrollo urbano que viene siguiendo la ciudad y que ha colapsado en su totalidad. 

Es conocido que la densidad poblacional de Lima es baja y costosa. La capital cuenta con unos 100 habitantes por hectárea y, si continúa esta tendencia, será casi imposible extender los servicios básicos para los habitantes más alejados de las áreas urbanizadas, principalmente agua potable, desagüe y transporte. 

Esa posición puede sonar razonable, pero el crecimiento en altura, entendido en la práctica como la promoción de edificios multifamiliares para vivienda, abrió un debate en los distritos donde su población quiere mantener la calidad residencial: San Isidro, San Borja, Surco, Miraflores y La Molina. Los alcaldes de estos concejos constituyeron mesas de diálogo para que los vecinos pudiesen pronunciarse al respecto. Sin embargo, fueron simples saludos a la bandera, en donde solo se buscaron chivos expiatorios para poder decir que hubo participación de la comunidad. 

Mientras tanto las municipalidades alistaron sus abogados para impedir cualquier oposición al nuevo negocio de la construcción, y siguieron adelante con sus zonificaciones que permiten inundar sus distritos con edificios. 

También se ha sido exquisito con el permiso para las actividades comerciales y de servicios en sus zonas residenciales a pesar de las protestas de los vecinos y contraviniendo las normas especificas al respecto. Incluso en el caso de que los vecinos hubiesen ganado sus derechos de apelación, el poder judicial, con jueces venales ha permitido el funcionamiento de estas actividades ilícitas aceptando recursos de amparo. ¿Y quién ampara a la población? 

La administración señala que estos distritos tendrán un crecimiento de altura más regulado, y destacan que en sus nuevos planos de zonificación se definirán parámetros urbanísticos. 

A diferencia de estos distritos, existen otras jurisdicciones que tendrán una mayor consolidación en viviendas como son Jesús María, Lince, San Miguel, Magdalena y Pueblo Libre. 

Para este año hay 37 proyectos de edificios residenciales aprobados en San Miguel, 23 en Magdalena y 15 en Pueblo Libre. Miraflores tampoco se salva, porque allí se han aprobado 21 proyectos del Fondo Mivivienda. 

Mientras que en el cono norte, se espera que Los Olivos se consolide como área de vivienda y, en el sur, que Villa El Salvador resuelva su problema como pueda y sin importar su costo. 

La verdadera cara del problema 

Los nuevos cambios de zonificación duplican la capacidad residencial y comercial de ocupación de la ciudad, un proceso que puede darse en menos de cinco años, en un país donde la infraestructura de servicios básicos se cambia cada 40 años. Esto sin mencionar que están obsoletas, que en muchos casos no existen áreas verdes y que la sobre demanda de agua y energía, generará la frecuente pérdida de presión en el abastecimiento de agua y de voltaje en la energía eléctrica. 

La Organización Mundial de la Salud indica que debe haber como mínimo ocho metros cuadrados (m2) de áreas verdes por habitante, pero aquí se han olvidado que las administraciones de la ciudad han permitido la desaparición de casi todos los parques metropolitanos que tenia previstos el Esquema Director de Lima metropolitana. 

Además, el mínimo permisible de las nuevas viviendas de los conjuntos residenciales puede llegar a menos de los 50 m2, en una ciudad en donde la familia promedio tiene más de cinco integrantes. Es evidente que se están deteriorando los estándares de calidad de vida de la población que acepta esta alternativa, y además no se cumplen los requerimientos de equipamiento urbano ni local, ni distrital, ni metropolitano. 

No escapa a este breve análisis que no estamos hablando del problema de la vivienda del sector mayoritario de la ciudad, la cual tiene sus estándares de calidad de vida muy por debajo de estos que el mercado ofrece como alternativa. Estamos frente a la realidad de que ante la falta de soluciones que enfrenten los problemas críticos y estructurales la población podría aceptar cualquier cosa, contándose con una propaganda permanente que la hace parecer como si fuese el imaginario colectivo. 

Es evidente que esta población creciente en el área urbana agudiza el problema de hacinamiento y presiona por el acceso a servicios básicos, pero estos requerimientos están al margen de un plan de desarrollo concertado entre El Estado (la Municipalidad), la empresa privada y la sociedad civil. 

Las municipalidades solas no pueden enfrentar este problema que rebasa su capacidad. Se debe pensar en conjunto y concertadamente en las demandas futuras para formular los proyectos hoy. 

En este problema deben considerarse las zonas de los valles inmediatos en el Rímac, Lurín y Chillón, las zonas de reserva ecológicas y los balnearios tanto al norte como al sur, así como también los límites de crecimiento de la ciudad que necesariamente deberán estar dentro del nuevo mapa de acondicionamiento territorial. 

La planificación urbana de Lima es improvisada 

Los planes de desarrollo urbano del 80% de los distritos de Lima Metropolitana son herramientas de gestión inconsistentes e improvisadas, pues fueron elaborados por las municipalidades sin contar con un catastro actualizado que les permita medir sus respectivas potencialidades, con el fin de evitar el crecimiento poblacional desordenado. 

Este problema se debe a la improvisación de sus administraciones, ya que no cuentan con información técnica real de sus distritos.

Los planes de desarrollo no garantizan el crecimiento armónico y sostenido de las ciudades, pues en muchos casos la politización de las comunas los convierte en elementos decorativos de las bibliotecas municipales. 

La información que se obtiene al realizar un catastro resulta estratégica para tomar decisiones en los nuevos proyectos de habilitación y densificación urbana, ya que la infraestructura y equipamiento de una ciudad debe crecer a la par con la formación de las nuevas zonas. 

Se estima que la elaboración de un registro predial en toda Lima es irrisorio, bordearía los S/. 3,00 por habitante, pero hasta la fecha no se tiene esto previsto para toda la ciudad. Esta es la única forma de impulsar la gestión urbana y es una de las precondiciones para que Lima intente llegar a ser una ciudad que le pueda sacar partido a la corriente de la globalización.

Fuentes:

- Sociedad de Urbanistas del Perú

- Diario El Comercio (23/10/05) 

Arquitecto de la UNI y Magíster en Ciencias. Ha seguido estudios de posgrado en Planeamiento Urbano y Regional en Inglaterra (Universidad de Edimburgo). 

Actualmente sigue estudios de Epistemología y del Doctorado en Filosofía en el programa de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su blog está dedicado a temas de información y de discusión sobre el urbanismo, el planeamiento y la arquitectura, enmarcados por su visión sobre la filosofía política.