Entre las promesas que el Gobierno hizo en campaña se encuentran lograr un país moderno, una revolución social, el incremento de la productividad y una recuperación notable de los sectores.

Nada de esto se podrá cumplir en lo que queda al régimen, debido a que seguimos de cajeros, y no hay una reestructuración del gasto presupuestal con los recortes radicales y necesarios que se deben efectuar, tampoco se viene utilizando al planeamiento como una herramienta de gestión gubernamental, todo lo contrario. El equipo económico viene acusando a los Gobiernos Regionales de no saber administrar, y de no tener la capacidad suficiente para ejecutar su presupuesto anual asignado por Ley.

Lo que el ejecutivo no entiende, es que estamos en un proceso de descentralización de donde no se puede retroceder, y es él quien debe establecer las pautas y acciones estratégicas claras de lo que se tiene que hacer durante el tiempo que le queda.

El consumo no se logra reactivar para nada. Los sueldos siguen bajos y no se incrementan, salvo los de los burócratas del sector público y los del Congreso de la Republica, la informalidad del empleo ha crecido fuertemente, mientras la calidad de vida ha desmejorado ostensiblemente.

La reforma del Estado prometida no se viene llevando a cabo. Para esto, hay que reformular su papel, y darle una responsabilidad central en la creación de mercados al interior de las regiones. Se requiere invertir en infraestructura, y entender la economía desde el vínculo entre geografía y demografía.

Pero esta acción no sólo implica cambiar la estructura del aparato institucional, un cambio de su visión, en tanto proveedor de soluciones a los problemas de la sociedad. ¿Son las políticas públicas suficientes para el desarrollo del país? ¿El modelo económico es el problema de fondo? ¿O es el funcionamiento institucional integral del Estado lo que debería cambiar?

Pobreza extrema, conflictos sociales, difícil acceso a servicios básicos,  falta de contacto del ciudadano con el Estado –y si lo tiene, lo ve como un enemigo (Poder Policial, Ministerio Publico, Policía Nacional). Vive alejado, en precariedad, y desconectado del mercado laboral. ¿Dónde radica el problema? Lo primordial es cambiar la visión política, para que se preocupe por el ciudadano, proteja sus libertades y derechos. El Estado peruano se ha preocupado más por reformar aspectos específicos, como contratos u oficinas particulares, cuando el problema es mayor.

El Estado contribuye a la expansión y creación de mercados con inversión, por ejemplo, en infraestructura, fundamental para conectar la economía con la geografía. Pero hay algo importante:  el financiamiento para la creación de mercados, éstos no se pueden crear ni expandir sin inversión, uno de los efectos graves del modelo económico actual se viene produciendo en el mercado laboral, que no genera oportunidades de empleo suficientes y adecuados, sino de baja calificación, productividad e ingresos.

El modelo económico ha generado un sistema laboral que no beneficia al ciudadano. Los mercados requieren regulación estatal porque, sin ella, se generan asimetrías de poder, así como situaciones de dominación y discriminación.

La relación entre Estado y empresa debe reformularse. El país ha crecido. Sin embargo, la visión de protección del ciudadano en este crecimiento desordenado sigue ausente. La lógica de pensar en la persona no ha sido prioridad. Si un país solo prefiere el crecimiento, se descuidan otros temas, como los derechos ciudadanos. ¿Cómo se redistribuye la riqueza? ¿Hay políticas a largo plazo para aminorar la desigualdad?

Para no caer en el paternalismo del chorreo o en proyectos asistencialistas, tiene que haber una regulación estatal que funcione. La regulación laboral es fundamental, no es sostenible fomentar el trabajo y, a la vez, tener servicios como los service, que no garantizan derechos básicos de los trabajadores, los CAS del Estado, que es una forma injusta de contratar a los trabajadores públicos. Está bien que se promueva el crecimiento, pero se necesita regulación para que los ciudadanos se beneficien.

El Estado está ausente en ciertos sectores del país donde comunidades no tienen, acceso a un colegio, pero se hace presente, por ejemplo, cuando un ciudadano quiere poner su propia empresa y se enfrenta a una Sunat que impone trabas. Finalmente la organización y capacidad estatal debe promover el crecimiento, en armonía con la actividad empresarial, y con una visión política en términos de derecho y libertad.