Mientras que el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se va instalando en el cargo y recibe críticas - algunas justificadas y otras no - en el Congreso se jugó, finalmente, el destino de la Junta Nacional de Justicia, importante órgano de control que, al igual que el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, y decenas de organismos estatales, no ha cumplido la función para lo cual fue creada. Esto es, promover una adecuada administración de justicia, aspecto que muchos consideran etéreo y complejo, pero de vital importancia en un Estado de Derecho y en una economía social de mercado.

En estas líneas, la Dra. Delia Muñoz, Abogada por la PUCP del Perú, Master por la American University de USA, exprocuradora del ministerio de Justicia, exministra de Justicia durante el efímero gobierno de Manuel Merino, y abogada especializada en el tema, cree que la, para algunos, inminente salida de parte o la totalidad de la Junta no mejorará la situación actual de ese importante sector.

(Nota de Redacción: El Congreso, luego de un largo debate, solo destituyó a los fiscales Inés Tello y Aldo Vásquez). 

Ddlc: La salida de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), o por lo menos de parte de ella, parece inminente ¿Cómo evalúa usted ese hecho? ¿Realmente va a mejorar la situación?

D.M: La JNJ ha perdido legitimidad desde el 2023, cuando decide suspender y dejar sin efecto la ratificación de más de 200 magistrados, a la mayoría de los jueces de la Corte Suprema y presidentes de las diferentes cortes, porque cuestionaron su legitimidad procesal para realizar tal actividad.

Posteriormente, cuando la señora Tello decide continuar como miembro, a pesar de haber alcanzado edad límite para el ejercicio de su función, para lo cual ha sido designada, es un segundo momento, y para mí explica esta paralización de la junta de las importantes tareas pendientes, como la supervisión de jueces.

Lo que hemos visto, entonces, es un enfrentamiento político entre el Congreso y este colegiado. Ante los cuestionamientos a su desempeño-en vez de dar una respuesta jurídica- optaron por una defensa política y mediática. No creo que lo que ocurra en el Legislativo mejore la situación, porque la Junta está cuestionada, no solo por parte la ciudadanía, sino por jueces y fiscales.

Ddlc: Cuando los órganos de justicia se reforman desde afuera, los operadores lo consideran intromisión, pero pocas veces se hace desde dentro. ¿Cuál es su opinión? ¿En que quedó, por ejemplo, el CERIAJUS?

D.M: Sobre la reforma no hay mecanismos establecidos en el Perú ni en el mundo. Deben responder a las necesidades de atención, en relación con la crisis del país.

El CERIAJUS hace muchísimos años estableció una ruta a seguir para mejorar el sistema de administración de justicia, pero se ha avanzado muy poco. Solo se ha aumentado el nivel de ingresos, de recursos que recibe el sistema, pero más allá de eso, sus propuestas no han sido aplicadas.

Ahora existe el Consejo de Reforma para la Administración del Sistema de Justicia, creado por una ley en la época del expresidente Vizcarra, reglamentado en la época del Sagasti, el cual planteó una hoja de ruta para los principales aspectos abordados.

Ddlc: ¿Cómo evalúa la actuación del Ejecutivo en este aspecto?

D.M.: En enero, la presidente Boluarte convocó a este organismo, integrado por el presidente del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría de la República y de la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, y se anunció que cada mes se iba a entregar algún informe para ver por dónde se empezaba, pero hasta ahora no se conoce nada.

En países como Guatemala, por ejemplo, Naciones Unidas envió magistrados para realizar los juzgamientos. No me gusta la intervención internacional, aunque sean de Naciones Unidas.

Pienso que, en el Perú, estamos tocando fondo con los pleitos, los fiscales divididos, y un tema no menor: la provisionalidad que afecta al Ministerio Público y al Poder Judicial. Para mí es momento que se comience a trabajar por algo, hay que actuar. Que la reforma la haga solo el MP no es posible, para hacerla se necesitan leyes que tiene que dictar el Legislativo.

Ddlc: ¿Cuál podría ser una opción, entonces?

D.M: En nuestro caso, lo apropiado sería que el Consejo para la Reforma de la administración del Sistema de Justicia presente al Congreso las normas que considere necesarias para afrontar la reforma y la emergencia, tanto en el MP, como en la reestructuración del Poder Judicial.

Ddlc: ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo de la Dra. Benavides, y sobre las críticas en su contra?

D.M: No conozco en detalle su trabajo, solamente lo que apareció en medios, y lo más resaltante fue su actitud ante el golpe de Estado de Castillo.

Sobre los cuestionamientos, me llama poderosamente la atención que existan desde el momento en el que fue elegida por la JNJ para ser Fiscal, no se le realizó ninguna función de control, y luego se la suspende. Ese es un hecho que encuentro definitivamente contradictorio.

Pero a raíz de este caso, hemos vista que ella, la fiscal Ávalos, el fiscal Ramos, el fiscal Sánchez, y los otros fiscales supremos que están ahí se declaran sus enemigos. Todo esto me deja claro que lo que existe en el MP son bandos que actúan según su real saber y entender, y no se dedican a cumplir la función de representar al pueblo, para buscar la sanción cuando se comete un delito.

Ddlc: ¿Cuál es su evaluación del trabajo del Dr. Villena, marca una distancia con respecto a sus antecesores?

D.M: Pienso que todavía es muy pronto para evaluar su desempeño. No lo veo tan institucional, sino como alguien que ha accedido a la carrera fiscal después de ser un abogado externo. La imagen que me da es la de un hombre muy cauteloso o muy temeroso, con la gran responsabilidad que tiene en sus manos.

Ddlc: ¿Cómo evalúa las propuestas de la Dra. Echáiz y del almirante Montoya?

D.M: La propuesta de la Dra. Echaíz me parece sumamente interesante, porque plantea algo muy serio, una reforma de fondo, que es la creación de una Escuela de la Magistratura, con la cual nadie va a estar en desacuerdo, pero es una solución a mediano plazo.

Pero si se aplica, hasta que comience a funcionar y tengamos nuevos fiscales, será en un plazo de 2 a 3 años. Pero igual hay que empezar, lo cual implica que se dejen a un costado la adopción de medidas inmediatas.

En torno a la propuesta del Almirante Montoya, aquello de cesar por ley a los fiscales ya se realizó en el Perú hace varias décadas, fue una decisión muy cuestionada, tanto que el Tribunal Constitucional repuso a los fiscales. Para lo único que ha servido esa propuesta es para que los diferentes actores, al ver que el Congreso se interesa en el tema comiencen a tomarlo con seriedad, y espero la iniciativa para evaluar los mecanismos para sacar adelante la justicia.

Ddlc: Una reforma de nuestro sistema judicial, ¿acaso requiere una comisión especial del Congreso o una subcomisión en la comisión de Constitución que evalúe y consolide en una sola propuesta las diferentes iniciativas ya existentes?

D.M: Existiendo el Consejo para la Reforma, resulta innecesaria una Comisión Especial en el Congreso. Lo que hace falta es que ese grupo ejecutivo se tome en serio la tarea que le ha sido encomendada, y plantee los proyectos indispensables para lograr un mejor funcionamiento del Sistema de administración de Justicia.

Ddlc: Porque podría sumarse una iniciativa del Colegio de Abogados de Lima y del propio Poder Judicial y Ministerio Público además del MINJUSDH; ¿tendrá el Congreso la paciencia política para esperar la llegada de estas propuestas?

D.M: Como le menciono, el Colegio de Abogados de Lima, al igual que otras instituciones de la sociedad, también ha visto muy mellada su legitimidad. Ojalá que con el cambio de decano la recupere, y proceda a presentar los proyectos a los que tiene derecho, porque sí se le reconoce, y además representando al gremio pueda hacer planteamientos interesantes.

Finalmente, el legislativo tiene que ser muy cauto, porque existe una Comisión para la Reforma del Sistema de Justicia, que debe presentarle las propuestas, y está integrada también por el presidente del Congreso.

En consecuencia, debería esperar que la comisión le envía los proyectos, o en todo caso conminarla a que lo haga para cumplir con la tarea que le compete exclusivamente, es decir, promulgar esas normas.