El caso Joaquín Ramírez sigue en vigencia y, probablemente, sea una de las causas por las cuales perdió la señora Keiko Fujimori. Pero eso no debe hacernos olvidar otros casos por aclarar, como el caso de José León Rivera, vocero de Perú Posible y ex ministro de estado durante el gobierno de su “cercanísimo” Alejandro Toledo, denunciado de estar vinculado a un cártel mexicano de la droga. Tampoco debemos olvidarnos de César Cusillanqui (Cataño), defendido de Lourdes Flores y acusado de actividades non sanctas, ni de la propia Verónica Mendoza, lideresa del Frente Amplio, bajo la lupa por el caso de su ex amiga y ex correligionaria. En una verdadera democracia, todos pueden ser investigados. Pero los resultados de la investigación deben ser informados. Si el Poder Judicial quiere ser respetado, debería pronunciarse. ¿Qué se lo impide?