“Los ignorantes, que creen que lo saben todo, se privan de uno de los mejores placeres de la vida: aprender” (Yoshihide Shinzato, filósofo japonés).

La economía peruana se ubica en la posición 63 a nivel global (de un total de 140 países, abarcando el 90% del PBI mundial) y en el sexto lugar a nivel Latinoamérica, según el reciente Informe de Competitividad Global 2018 elaborado por el Foro Económico Mundial. 

La presión tributaria del Perú es 15% del PBI el 2017, y en América Latina 21% por tanto se deben recaudar mayores ingresos tributarios.

Los impuestos sirven para financiar el gasto público (educación, salud, saneamiento, sistemas de agua e infraestructura), además de contribuir a la mejora de la distribución del ingreso. Pero el nivel de ingresos fiscales peruanos es bajo y depende de la evolución de los precios internacionales. Ello representa una vulnerabilidad fiscal, dada la reducción que genera en la capacidad del Estado para brindar bienes y servicios a los ciudadanos, y para aplicar políticas contracíclicas.

La finalidad del Sistema Privado de Pensiones es que el ahorro del presente, sea para el futuro. Es decir, para que los frutos “sembrados” durante la juventud sean “cosechados” de mayores.

El sistema de AFPs constituye un oligopolio conformado por solo cuatro empresas, y tienen poder en el mercado, con muchos afiliados que no tienen peso. 

Tal como lo afirmamos en artículos anteriores, el nombrar un político como miembro del directorio del Banco Central de Reserva era absolutamente inconveniente.

En el artículo 11° de la  Ley Orgánica del BCR se establece claramente que sus directores deben tener reconocida competencia y experiencia en economía y finanzas. No representando a entidad o interés particular alguno, y justamente se nombró a un político, José Chlimper, secretario del partido político Fuerza Popular, quien se encuentra en problemas judiciales.

El principal objetivo del gobierno es hacer crecer la economía, lo que significa aumentar la tasa de crecimiento del producto bruto interno (PBI) entre 4% al 4.5%, esto no ha ocurrido. Los continuos e interminables escándalos de corrupción, con su correlato de circo mediático, generan una grave inestabilidad política, y obviamente, expectativas negativas que se traducen en desconfianza, y afectan las decisiones de los empresarios.

La imprudencia y egoísmo de los poderes Ejecutivo y Legislativo por objetivos diferentes, afectan la economía. Este suceso estuvo por hacer convulsionar la economía, tanto es así que la Bolsa de Valores de Lima reportó un índice selectivo compuesto por las 18 acciones con mayor liquidez y capitalización que ha caído a su mínimo nivel desde el 18 de diciembre de 2017 arrastrado por los títulos mineros de construcción, y en medio de las tensiones políticas.

A pocas horas de las elecciones, realizadas en medio de un escenario de confusión e indignación, nuestro columnista Germán Lench responde a algunas interrogantes concretas sobre la coyuntura económica.

Ddlc: ¿Cree que el ministro Oliva debe presentarse, con urgencia, ante el congreso y al país y exponer sus planes y logros, si los tiene? ¿No es incongruente crear una cámara política más cuando se habla de ahorro fiscal? 

Es necesario que el ministro de Economía y Finanzas exponga al país cuál es su plan económico de corto y mediano plazo, para que nuestra economía crezca 4.5% en su PBI como mínimo, si tenemos un incremento poblacional del 1.5%. En especial como atraerá inversiones privadas y ejecutará inversión pública rentable y efectiva en beneficio de la población.

La gran mayoría de proyectos presentados por los congresistas que según el artículo 75º de su reglamento, el cual tiene fuerza de ley, tienen la obligación de tener incluido en cada propuesta, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal que se procederá a estudiar para luego ser aprobada, lo que permitirá cuantificar los pros (beneficios) y contras (costos), como una manera de identificar a los beneficiados y los perjudicados con su aprobación. Cabe señalar que este requisito sólo puede ser dispensado por motivos estrictamente excepcionales.