El reciente y patético cruce de palabras entre el presidente Vizcarra y Keiko Fujimori nos demuestra cuán lejos estamos de ser una democracia madura y civilizada, donde los líderes se reúnen para conversar. Probablemente para coincidir en muy pocos puntos y discrepar en muchos.

Si la señora Fujimori cometió una infidencia, desliz o bajeza al revelar la reunión (versión que ya había hablado Juan Carlos Tafur), realmente no interesa demasiado, aunque hable muy mal de ella. Lo que preocupa es la incapacidad del presidente para voltear la página. A menos, claro está, que crea - o que algunos de sus asesores lo haya convencido- que continuar la política de confrontación con el desacreditado congreso le va a dar réditos.

Como si fuera un juego perverso, rutinario e interminable nuestra política nos revela otro escándalo, esta vez en la judicatura. Algo que todos sabían o sospechaban, pero nadie conocía al detalle.

Los primeros días, los destapes fueron evidentes. Si embargo, con el pasar del tiempo vinieron las sospechas, las denuncias y ridículas excusas. Y también la difusión de material absolutamente inocuo desde cualquier punto de vista.

Mientras seguimos distraídos con el Mundial de Fútbol, continuamos padeciendo los estragos las consecuencias de mantener este sistema político que ha generado una “disfunción institucional”, la cual hace dos grandes problemas que tiene el país, la corrupción y la inseguridad tengan que ser enfrentados por el derecho Penal.

Como el sistema es ineficiente, poroso, personas casi con prontuario llegan a poseer algún tipo de poder, y como no se realizan los filtros adecuados, se presentan casos de corrupción y el derecho penal tiene que subsanar las fallas del sistema.

Antes de reanudarse un partido de fútbol, y ahora que está próximo un mundial, uno esperaría que en el entretiempo se hayan zanjado algunas cuestiones tácticas. Quién ataca, quien defiende, para jugar un buen segundo tiempo. Unos 45 restantes que permitan obtener un resultado favorable.

Transcurrido un mes y días de la asunción del presidente Martín Vizcarra, nos queda la sensación temprana que hemos cambiado al presidente, pero no se observa un cambio de estilo de gobierno.

En estos días de allanamientos, la política sigue marcada por la acción fiscal y en ocasiones, por la justicia penal. El ex mandatario  trata de probar su inocencia, algo complicado, si se considera la sucesión interminable de documentos, contratos, y transferencias, principalmente entre él y Sepúlveda, su sureño socio.

Sus “deudos” políticos, grandes grupos empresariales, todavía no acusan el golpe. Algunos, especialmente periodísticos, tratan de desacreditar al congresista Mamani, personaje absolutamente cuestionable, por decir lo menos, pero que reveló una grave denuncia que será una gran responsabilidad para la fiscalía. Bruno Giuffra, ex ministro de Transportes, sigue en un mutismo absoluto. 

Producidas las esperadas y resonantes declaraciones de Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht, la verdad es que si bien es cierto brinda mayores alcances sobre una corrupción de estado que alcanzó tres lustros, todavía muestra muchas sombras.

Esto resulta evidente si nos atenemos a hecho que por más abrumadoras que sean, sus palabras tienen que ir acompañadas de pruebas (no de recibos ni facturas obviamente), pero sí de documentos, comunicaciones, consultorías, asesorías, emprendimientos sospechosos, etc.