El principal objetivo del gobierno es hacer crecer la economía, lo que significa aumentar la tasa de crecimiento del producto bruto interno (PBI) entre 4% al 4.5%, esto no ha ocurrido. Los continuos e interminables escándalos de corrupción, con su correlato de circo mediático, generan una grave inestabilidad política, y obviamente, expectativas negativas que se traducen en desconfianza, y afectan las decisiones de los empresarios.

La imprudencia y egoísmo de los poderes Ejecutivo y Legislativo por objetivos diferentes, afectan la economía, tanto es así que la Bolsa de Valores de Lima reportó un índice selectivo compuesto por las 18 acciones con mayor liquidez y capitalización que ha caído a su mínimo nivel desde el 18 de diciembre de 2017, arrastrado por los títulos mineros de construcción, y en medio de las tensiones políticas.

Adam Smith, en “La riqueza de las naciones”, señala que el Estado debe proteger a los miembros de la sociedad de la “injusticia”, y concluía que la riqueza de un país depende de un esquema jurídico funcional para todos.

El autor escocés sostenía que la administración de la justicia es una responsabilidad, ya que está relacionada en las disputas sobre los derechos de propiedad y las relaciones económicas. Por tanto el gobierno, debe tiene por objetivo garantizar la seguridad de las propiedades. En nuestro país, como se mencionado en más de una vez, el sistema de justicia es un obstáculo para la competitividad, por ser corrupto e inseguro. Y nada asegura que con las propuestas que serán sometidas a referéndum mejorará.

Michael Porter, el gurú de la competitividad, en su visita al Perú dijo: “La corrupción es una de las deficiencias graves que limitan el desarrollo”, y afirmó que los éxitos “pueden irse al demonio” si no reformamos el sistema judicial. Se debe alcanzar un Estado de derecho (un sistema judicial efectivo), y poseer instituciones políticas sólidas. De lo contrario no retomaremos el crecimiento.

Estamos en la obligación de combatir la corrupción que genera desconfianza en los inversionistas. El licenciado y profesor Luis Peña Kanafany decía que "más vale poco con justicia que mucho con derecho".

Frente a esta situación, Poder Judicial solicita más recursos con la finalidad de incrementar sueldos y mejorar la gestión. Según el MEF, el Presupuesto Inicial Aprobado (PIA) el 2006 fue de S/.737, 217,174  y el correspondiente al 2018 es de S/.8, 767, 049,949, esto significa un incremento del 100%. El del Ministerio Publico fue en el 2006 de S/. 296,208,942 y el del 2018 S/. 1, 824, 408,000, también aumentó en más del 100%. Habría que preguntarles a los litigantes, ciudadanos y operadores de justicia, si su efectividad en cuanto a la resolución de causas ha aumentado en ese porcentaje.

Estos circunstancia ocasiona que los inversionistas, pequeños y medianos no inviertan, y por eso no se logra crecer un PBI de 4.5%, que es lo mínimo a lo que deberíamos aspirar.

El conflicto entre el gobierno y el congreso desgasta la política y la población no percibe ni remotamente que las autoridades se conecten, afectando su representatividad.   

La inversión pública no se recupera y para crecer hay que invertir con una gestión pública aceptable, y el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) no revela resultados positivos para lograr su objetivo: acelerar la ejecución de proyectos. La inversión privada representa el 80% del total de la inversión, mientras que la pública solo el 20%.

Debemos hacer algo urgentemente para cambiar esta situación, empezando por la política, de lo contrario el crecimiento de nuestra economía tendrá problemas para mejorar sus niveles de competitividad, con lo cual perderemos todos. Pero esta pasarela judicial no nos ayudará.

*Economista