Elecciones en el Poder Judicial, no sólo generales
El economista Michael Porter sostuvo en el CADE 2010 que el Perú sólo podrá mantener su nivel actual de crecimiento si logra, entre otros aspectos claves, un Estado de derecho –es decir un sistema judicial efectivo y la ausencia de corrupción-, así como instituciones políticas sólidas que implican estabilidad política y un gobierno efectivo.
Adam Smith en su célebre obra “La riqueza de las naciones”, publicada en 1776, y considerada el primer libro moderno de economía, señala: El Estado debe proteger a todos los miembros de la sociedad de la “injusticia”, así mismo concluía que la riqueza de un país depende, entre otros, de un esquema jurídico de justicia para todos.
Smith sostiene que el ejercicio y la financiación de la justicia es una responsabilidad importante, ya que está íntimamente implicada en las disputas sobre los derechos de propiedad y las relaciones económicas.
Por tanto, el Gobierno, tiene por objeto la seguridad de las propiedades, y en un país donde la administración de justicia es relativamente imparcial, ésta protege la propiedad de todos, incluyendo a los más pobres.
¿Esto es verdad en el Perú?, es una pregunta que diariamente nos hacemos; o es que no existe el imperio de la Ley. Hay impunidad judicial y nuestro Sistema de Justicia se ha convertido en un obstáculo para la competitividad, ya que no otorga los niveles de seguridad adecuados a la inversión, incluida la minería.
Desde antes del año 2005 siempre hemos visto a la plana mayor del Sistema de Justicia exigiendo al Congreso de la República y a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, que se necesita sí o sí incrementar su presupuesto para actuar con mayor celeridad. Veamos las cifras:
PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO – PODER JUDICIAL (en nuevos soles)
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AÑOS
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PIM
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2005
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698’942,758
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2011
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1,319’768,681
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Efectivamente se ha incrementado sus recursos en 88.9% en 06 años. Pero apreciemos a otra institución tutelar de la justicia:
PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO – MINISTERIO PÚBLICO (en nuevos soles)
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AÑOS
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PIM
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2005
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313’550,624
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2011
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936’714,488
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Pero ahora preguntémonos por los resultados que se deben reflejar en nuestra ciudadanía.
Según una última encuesta de la Universidad Católica el 58% de los limeños no tiene ninguna confianza en el Poder Judicial y el 35% poca, lo que evidentemente es muy grave. Por tanto, al parecer el problema no solo es de dinero o Presupuesto Institucional.
Lógicamente el pueblo se pregunta con razón, ¿por qué, cada 05 años, elegimos al Presidente del Poder Ejecutivo y a los congresistas del Poder Legislativo? ¿Y en el caso del Poder Judicial por qué no, si también es un Poder del Estado?
De otro lado se afirma que está en manos de una sola profesión, la del abogado, y son ellos quienes pueden decidir si podemos ir a la cárcel o no. En todo caso también surge el comentario –y habría que ponerlo en debate- si para ser juez e impartir justicia se debe ser necesaria y obligatoriamente abogado, como sucede en otros países.
Seamos honestos y concluyamos en que debemos hacer algo para cambiar esta situación con suma urgencia. De lo contrario, el crecimiento de nuestra economía tendrá problemas para mejorar sus niveles de competitividad.
La palabra la tienen la ciudadanía y los usuarios de la administración de justicia.
*Economista, Doctorado en Economía y con Maestría en Gestión Económica Empresarial, Universidad Nacional Federico Villarreal. Especialista en proyectos de inversión de desarrollo agrario y del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
