Por si nos faltaran conflictos, la guerra fiscal al interior de la Fiscalía ha remecido no solo esa importante institución, sino nuestra precaria situación política. Para el Dr. César Euscátegui, exdefensor del denunciado Jaime Villanueva, estos conflictos no representan aspectos políticos propiamente dichos, pero sí un uso político de la información.

El letrado, abogado por la Universidad San Martín de Porres, especialista en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, coautor del libro “Comentarios al Nuevo Código Procesal Constitucional” considera imperativa la capacitación de los fiscales anticorrupción en temas que vayan más allá de su especialidad.

Ddlc: La JNJ ha anunciado la suspensión de la Dra. Benavides. ¿Cuál es su opinión?

C. E:El cargo de la Fiscal de la Nación implica la representación de todo el Ministerio Público, así como convocar y presidir la Junta de Fiscales Supremos, a efectos de integrar y tomar decisiones institucionales, vinculantes para todos sus miembros.

En dicho contexto, la suspensión de la Dra. Benavides como parte de una medida cautelar de suspensión provisional emitida por la Junta Nacional de Justicia por el procedimiento disciplinario abierto en su contra nos indica que se sospecha, a nivel disciplinario, de la responsabilidad funcional que tiene. De lo contrario, no se habría interpuesto dicha medida cautelar.

Ddlc: ¿Habrá cambios nuevamente en las fiscalías especializadas, como la encargada de investigar delitos de corrupción de funcionarios?

C.E: En principio, al quedar acéfalo el Ministerio Público, es deber de los Fiscales Supremos elegir a un nuevo representante, y respecto a la posibilidad de cambios en las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios, estarán en razón a la posible vinculación que puedan tener estos con la ahora suspendida Dra. Benavides.

Me explico, en principio no debería existir ningún cambio en las fiscalías especializadas de corrupción de funcionarios. Sin embargo, si de la investigación se advierte que existen fiscales anticorrupción vinculados con los hechos investigados en contra de la ahora ex Fiscal de la Nación, será necesaria la evaluación de su permanencia en el cargo.

Ddlc: ¿Qué opina sobre el procedimiento iniciado a la Dra. Benavides por parte de la Junta Nacional de Justicia? Teniendo en cuenta que, la JNJ denunció, cuando el Congreso aprobó su investigación, la aplicación de una especie de “procedimiento sumario”. Sin embargo, se ha acordado la suspensión de la Fiscal de la Nación en menos de quince días.

C.E: Es importante señalar que los hechos materia de investigación del pasado 27 de noviembre, en el marco del operativo Valquiria V, realizado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, generaron el proceso disciplinario un día después, y ocasionaron la suspensión provisional del 6 de diciembre.

Estos datos son importantes, debido a que permiten verificar la actuación de la Junta Nacional de Justicia, aclarando que la suspensión no es una decisión final sino una medida cautelar, es decir, una medida urgente, debido a la apariencia de derecho que existe en el presente caso.

Ddlc: ¿Tiene usted alguna referencia del posible reemplazante de la Dra. Benavides, el Dr. Villena?

C.E: El Dr. Pablo Sánchez debía asumir este puesto porque, según estipula la Ley Orgánica del Ministerio Público, cuando la Junta de Fiscales Supremos (JFP) no puede reunirse para elegir a un nuevo fiscal de la Nación, entonces el cargo recae sobre la persona que tiene mayor antigüedad. Es así que él cumplía este requisito porque integra la JFP desde el 20 de julio del 2018, en representación como titular del despacho de la Primera Fiscalía Suprema Penal.

Sin embargo, habría decidido cederle la posta a su colega Juan Carlos Villena, quien lidera el despacho de la Fiscalía Suprema de Familia. Desde junio pasado es que integra la JFP tras ser nombrado por la JNJ.

El Dr. Villena posee experiencia no solo dentro del Ministerio Público ejerciendo como Fiscal, sino que ha ostentado en el pasado cargos dirigenciales como por ejemplo jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Ica, así como también presidió la Junta de Fiscales Superiores de esa ciudad.

Ddlc: ¿Podría precisarnos cuáles eran las funciones que desempeñaba el exasesor de la Fiscal de la Nación, Jaime Villanueva en todo el asunto? ¿Cuál es su proyección sobre su papel de colaboración eficaz?

C.E: Acorde a la Resolución que ordenó la detención de la Jaime Villanueva, este habría fungido como intermediario entre la Fiscal de la Nación y diversos congresistas no identificados concretamente en: 1) La designación del defensor del pueblo; 2) La inhabilitación de Zoraida Avalos como Fiscal de la Nación; y 3) La remoción de la Junta Nacional de Justicia.

Durante la lectura de esta Resolución, se advierte que por el momento los elementos de convicción neurálgicos para la Fiscalía son diversas capturas de pantalla de un chat de whatsapp con quien sería Jaime Villanueva, no se brinda información de con quién habría estado conversando, pero se sospecha que, con algún congresista. Si es que este se acoge a la Colaboración Eficaz, será crucial determinar la veracidad o no del contenido de estas conversaciones, así como la obtención de elementos periféricos que puedan acreditar su dicho.

Ddlc: ¿Existe un abuso, por parte de la fiscalía especializada encargada del caso de la Dra. Benavides, al calificar los hechos como vinculados a una “organización criminal” y a “lavado de activos”?

C.E: Creo que, sí es una calificación abusiva, puesto que, de la lectura de la Resolución, se observa su apreciación respecto a la existencia de presuntos actos de corrupción. Sin embargo, para señalar que estos forman parte de una organización criminal se puede apreciar que la imputación es bastante floja. No hay un desarrollo propio de los elementos, ni una estructura de crimen organizado para poder afirmarlo, siquiera a grado de sospecha.

Por otro lado, el solo relato de los hechos no permite advertir ingresos ilícitos, como para poder concluir que existe de manera paralela el delito de lavado de activos.

Ddlc: En el Perú, considera que ¿se está trasladando la lucha política a la legal, es decir, la lucha del poder se está desplazando a órganos de justicia y de otro tipo?

C.E: Pienso que no, debido a que existen razones fundadas para iniciar estos diversos procedimientos en los distintos órganos de justicia. Sin embargo, también es cierto que esta información es selectivamente utilizada en la lucha política para atacar cuando es necesario.

Ddlc: ¿Cuál es su evaluación de la labor realizada por las fiscalías especializadas en los últimos 8 años y que podría proponer como cambios necesarios en su organización, para el futuro?

C.E: La labor de las fiscalías especializadas ha sido óptima. Se han organizado de una manera adecuada e investigan de manera eficiente.

Considero que deberían existir dos cambios primordiales, primero es el financiamiento no directamente de las fiscalías sino de los órganos técnicos que los apoyan, es decir, a manera de ejemplo, tenemos buenas fiscalías que investigan el delito de lavado de activos, pero se carece de recursos para que los especialistas realicen de manera adecuada las pericias contables.

Además, es importante la capacitación del equipo de fiscales respecto no solo a sus propias especialidades, sino a temas como contrataciones con el Estado, entre otros.