A estas alturas, ya no queda duda de que, en el Perú existe un doble bloqueo. Uno es el que provocan, mayormente, un puñado de violentistas que han obstruido las carreteras, afectando la vida y la economía de las personas.

Pero no solo eso. El Perú sufre otro bloqueo, tanto o más grave: el bloqueo existente en el congreso, donde increíblemente, las bancadas no se han podido poner de acuerdo para determinar la fecha de adelanto de elecciones.

Muchos atribuyen el inicio de esta crisis a la renuncia del expresidente Kuczynski, pero lo cierto es que la permanencia del entonces mandatario se hacía insostenible por la cantidad de denuncias en su contra. Lo que ha venido después ha sido la recreación de situaciones similares, donde nuestros gobernantes han tenido que salir por las denuncias y situaciones que ya conocemos. El problema principal no ha sido ese, sino que en estos veinte años ni los gobiernos ni los congresos han sido capaces de hacer las reformas que hoy se mencionan como una necesidad imperativa. 

Como se recuerda, el primer proyecto aprobado con 93 votos se dejó de lado, y luego se votaron dos que fueron rechazados. El último desestimado por la izquierda, que reclamaba una consulta sobre la convocatoria a una constituyente. Y también desde un sector de la derecha, que planteaba que no estaba de acuerdo con el adelanto de elecciones, porque consideraban era ceder a los pedidos de la calle, conformada, en su mayoría, según vemos, por extremistas y delincuentes. Los extremos se juntaron y el proyecto se archivó.

Más allá de las razones - o pretextos - de ambos sectores, resulta reprobable que el legislativo no se haya puesto de acuerdo en un tema clave para la resolución de la crisis.

Mientras tanto, el ejecutivo dispuso que ¡por fin! el ejército apoye en la liberación de las vías. Acción criminal que le cuesta al Estado varios millones de soles. Pero a los violentistas solo les interesa sus demandas maximalistas, generar inestabilidad, violencia, y no tienen ningún escrúpulo en generar más muertes, hechos trágicos que “validen” su protesta.

Tampoco se termina de entender los llamados de muchos sectores al diálogo - incluyendo al gobierno - cuando es evidente que estos grupos pequeños y violentos - mezcla de guerrilla urbana y neoterrorismo - no desean negociar ningún punto de su agenda maximalista y radical.

A propósito, el presidente de la Comisión de Defensa, Diego Bazán, afirmó que su grupo posee una lista con los nombres de los azuzadores de las protestas - entre ellos algunos legisladores - y añadió que presentará una denuncia constitucional contra los congresistas que incitaron la violencia, pero hasta ahora no hay novedad al respecto.

¿Se puede negociar con quienes bloquean las carreteras, toman aeropuertos, atacan propiedad pública y privada, y amedrentan a la población? Evidentemente no. Lo que cabe -y lo único que se espera por parte del Estado - es la aplicación de la ley, en resguardo de la vida y la ya afectada economía de miles de peruanos, para reimplantar el orden interno, algo que por supuesto, a los extremistas no les interesa. Su único objetivo es generar caos.

En ese contexto, es obvio decir que todas las muertes de estas trágicas asonadas - no marchas pacíficas - tienen que ser aclaradas para determinar en qué circunstancias se produjeron, para lo cual la fiscalía tendría que asumir un papel más activo.

Por otro lado, supongamos que la Sra. Boluarte renuncia. ¿Aceptarán al congresista Willliams, o cualquier otro como sucesor constitucional? Lo más probable es que no, mientras los cabildeos en el patético congreso estarán - como dice la hermenéutica parlamentaria - a la orden del día. Todo esto mientras los violentistas siguen jaqueando al país, especialmente en la sierra sur.

Posterior y paulatinamente a la tarea inmediata de restauración del orden interno, se puede retomar contacto con aquellos grupos que reclamen por una causa legítima, que merecen ser atendidos y escuchados, haciendo la salvedad que deben recordar que esta administración es provisional, y su mandato es corto.

Lo imperativo para el régimen y el país es poner orden, luego dialogar, y que el legislativo deje de patear la piedra con las reformas políticas y electorales.

Lo único que nos queda, es esperar que el gobierno desarrolle un plan efectivo de recuperación de orden interno, a fin de controlar los desbordes de violencia. No hacerlo implica poner en riesgo su propia supervivencia, y generar más anarquía. Y que el legislativo no persista en su bloqueo. Con uno basta y sobra.

La ciudadanía, por su parte, debe rechazar posturas extremistas, y seguir trabajando. Y la próxima vez emitir un voto de conciencia.