En las últimas semanas (desde antes de las elecciones) el país ha sido testigo nuevamente de revueltas y violencia por conflictos sociales. Esta vez, o mejor dicho otra vez, ocasionadas por un problema minero. Muertes, el destrozo de la propiedad pública y privada, una parálisis económica y la caída de la actividad turística es el saldo de estos acontecimientos, así como la sensación que el problema puede reaparecer y agravarse.

Paulo Vilca, especialista en temas de gobernabilidad y descentralización de la ONG SER, puntualiza en la siguiente entrevista la necesidad no sólo de acabar con el conflicto y el radicalismo, sino fundamentalmente, replantear las condiciones en las que opera la minería en esa ciudad del país.

Ddlc: Estamos a 6 de julio de 2011. Luego de estos meses. ¿Cuál es la situación?

PV: Bueno, luego de de las protestas que se han realizado, lo primero que hay que entender es que en Puno no hemos asistido a una sola movilización como se ha presentado desde diferentes medios de comunicación, sino que han sido una serie de movilizaciones en diferentes de partes de la región, tal vez la de mayor impacto mediático ha ocurrido en la zona sur, donde ha estado liderado por Walter Aduviri, del frente de defensa del Medio Ambiente de la zona sur, que en realidad corresponde a cuatro distritos limítrofes con Bolivia, que ha llamado la atención por la presencia de aymaras. 

Sin embargo, hay que aclarar que es una movilización local de 4 distritos de la región, en este caso que pedían el retiro de la empresa minera Santa Ana y la cancelación de las concesiones mineras en el sur. Hay que recordar que Puno tiene 6 provincias aymaras y de éstas cuatro son los distritos que han liderado estas movilizaciones que han llegado hasta la capital regional, donde se pedía - además de la derogación del DS que autorizaba Santa Ana y la eliminación de las concesiones mineras -, la aplicación del derecho a la consulta y la eliminación de las concesiones mineras en el sur. Esas son las tareas de aquí en adelante.

Las protestas han dado como resultado la derogación del DS. del permiso a Santa Ana, de capitales canadienses y la suspensión de las concesiones mineras.

Ddlc: ¿Le parecen atendibles los reclamos o cree usted, como muchos, que lo que se está instalando cada vez más es un mayor radicalismo en las protestas y las peticiones?

PV: Creo que habido cierto radicalismo por parte de un sector de la población, puesto que la determinación de anular las concesiones mineras es una demanda innegociable, la explotación de los recursos naturales le corresponde al estado.

Sin embargo, también creo que lo que ha habido en este y en muchos otros es una actuación ineficiente, por decir lo menos, del gobierno. No es el primer caso de conflicto minero en el país. Alrededor de 80% de conflictos según la Defensoría del Pueblo que reporta mes a mes, son como 250, tienen que ver con problemas ambientales y creo que la política del gobierno de promoción de la inversión privada no ha sido la más adecuada y genera una reacción de la población que se siente afectada por la forma como se realiza el otorgamiento de concesiones. Lamentablemente, no cuenta con ningún tipo de participación ni coordinación con la población, ni con el gobierno local ni regional, de tal manera que las poblaciones rurales se enteran que el territorio ha sido concesionado cuando llega la empresa minera.

Ddlc: ¿Cuál es la actitud del ciudadano puneño frente a la minería?

PV: Puno como cualquier parte del país tiene diferentes intereses y demandas, pero es importante recordar que históricamente ha estado muy vinculado a la minería y es conocida como ”la ciudad de plata” por la presencia de minas desde la época de la colonia. Así mismo, existe una minera informal. No es que Puno sea anti minero ni pro minero. Ese no es el punto de discusión. El punto son las condiciones en las cuales opera la minería.

En el caso de Juliaca, donde un grupo de pobladores de Azángaro tomaron el aeropuerto como acto de protesta, son contrarios a la minería informal, por la contaminación que produce en el río Ramis. Este problema tiene 12 años donde la población exige que se termine con esta actividad y hay 26 actas firmadas donde el gobierno se comprometía a adoptar una serie de medidas para erradicarlas, que no han sido cumplidas.

Es cierto que hay intereses poderosos que pretenden que siga actuando, pero la minería informal campea y nadie dice nada. Los efectos ambientales han provocado esa situación.

Ddlc: ¿Cuál es la composición de los grupos que protestan?

PV: Claro, en Puno existe narcotráfico, contrabando, y minería informal. En Azángaro y la cuenca del río Ramis, ahí el frente de defensa por la descontaminación del medio ambiente, por el río Ramis, por derechos del medio ambiente, está integrada por comunidades y ronderos campesinos, incluso el alcalde provincial ha formado parte de ese comité y los alcaldes de Asillo, Potoni, es un frente amplio que se moviliza. En Melgar lo integran un frente de lucha integrado por comuneros campesinos, autoridades locales, pobladores de Ayaviri. En el sur, hay un sector campesino, autoridades locales de la zona de Desaguadero, Queluyo, Aquyani, Mazocruz, liderado por Walter Aduviri.

En Puno, el Movadef viene actuando desde hace mucho tiempo, participando en elecciones, la señora Vasty Lescano, hermana del congresista Jhony Lescano, y que ha sido condenada por terrorismo, ha sido candidata al gobierno regional.

El Movadef como otros movimientos radicales, tiene un discurso duro y busca tener cierto protagonismo, recogiendo preocupaciones de la población. Otro señor cercano a ese movimiento, es presidente de un frente de defensa, pero quienes han negociado con el gobierno en los diferentes conflictos han sido otras personas. 

Ddlc: ¿Cómo ve la actuación del gobierno durante este conflicto?

PV: Pienso que el gobierno tiene que atender las demandas en el corto plazo, cómo se ejecutan los acuerdos del derecho a la consulta, la descontaminación del río Ramis y el trato a los mineros informales. Y en coordinación con el gobierno regional tiene que iniciar un proceso de demarcación territorial y una agenda a largo plazo requiere una política pública integral para combatir problemas importantes como el narcotráfico y el contrabando.

Ddlc: ¿Piensa usted que el estado ha actuado tan erradamente en inteligencia como en política ambiental?

PV: Sí ha habido trabajo en esa materia, pero no ha habido la respuesta política, para tomar medidas, los paros han durado muchas semanas, pero no he visto mucha voluntad del gobierno para atender con anticipación todo esto.

Ddlc: ¿Usted cree que el gobierno ha pateado la piedra en este tema, y ha dejado la resolución del conflicto al régimen entrante?

PV: En dos momentos, antes de la segunda vuelta, estuvo jugando con suspender las elecciones en Puno, y luego esperando el 28 de julio.