Mientras que las protestas continúan y el congreso sigue sin llegar a un acuerdo imprescindible, el Perú sufre, en unas regiones más que otras, los estragos de una grave crisis de política y de orden interno.

Para el Dr. Gustavo Adrianzén, exministro de Justicia y Defensa, catedrático universitario y conocedor de ambas realidades de nuestro país, podemos salir de esta crisis, pero sin las reformas indispensables volveremos a caer en un escenario igual o peor del que padecemos ahora.

Ddlc: A dos meses de iniciada la convulsión, ¿cómo definiría la situación que estamos viviendo hoy?

G.A: Crítica, por la indefensión en la que se encuentra la ciudadanía, y las limitaciones del Estado. El vandalismo que lidera las protestas sociales es variado y disperso.

Por otro lado, las demandas de los manifestantes son muy distintas. El que reclama en Chao en Virú es diferente al de la Av. Abancay, el de Lima con el de Chala (Arequipa), en Juliaca en Puno, incluso en Madre de Dios. Estas demandas diversas muestran una diferencia de insatisfacciones sociales, contenidas por mucho tiempo, que han aparecido en un escenario de crisis política.

Ddlc: En su opinión, declarar Estado de Emergencia, en ciudades como Tacna, Cusco, Huancavelica Madre de Dios, Puno, ¿fue una decisión correcta?

G.A: Se encuentra plenamente justificada, por una necesidad de orden público y seguridad nacional. La convulsión en muchas localidades de esas ciudades obliga a que se adopten medidas drásticas, porque no se puede permitir que se bloqueen carreteras o se tomen aeropuertos, impidiendo el libre desplazamiento de las personas y el desarrollo de las actividades económicas. La respuesta enérgica a los ataques a la casa de un congresista, a locales de la Fiscalía y del Poder Judicial, (dichas medidas) resulta imperativa para controlar la situación.

Los bloqueos de vías y afectación de las ciudades, favorecen negocios como la minería ilegal, el contrabando, y buscan que el Estado no tenga presencia para que la delincuencia pueda seguir realizando sus actividades.

Los Estados de excepción y de sitio son remedios de la democracia para curarse a sí misma, ante situaciones que pretendan alterar el orden constitucional. 

Ddlc: En una entrevista reciente, señaló que las protestas o algaradas iban a disminuir progresivamente en la medida que a los “manifestantes” se les iba a terminar el financiamiento, o iban a presentarse luchas internas al interior de esos grupos. ¿Mantiene esa opinión?

G.A: No solo la mantengo mi opinión, sino que estoy en condiciones de ratificarla. Las protestas han tenido un proceso de evolución y desarrollo. Hoy observamos que, dentro de los cánones para estas actividades, en mi opinión, se encuentran en declive.

Las manifestaciones han disminuido en las regiones, y se han incrementado en Lima, bastión y capital de la república, que debe ser tomada para tener visibilidad, y por otro lado, presionar el Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial para que se acepten sus demandas. 

Ddlc: Pero las acciones -y el vandalismo- por decir lo menos, continúan.

G.A: Lo que ocurre es que la acción de estos grupos es sistemática y se circunscribe a áreas específicas. El lunes 6, por ejemplo, habían bloqueado el Puente Alipio Ponce en la Panamericana Sur, y si se hace a las 8 de la mañana, bloquea a 10 mil o 15 mil vehículos que salen de la ciudad, genera malestar, se hace muy visible, y se afirmaba que eran 200 personas las que lo hacían. A eso nos exponemos, a lo que ocurría en provincias.

Pienso que estos movimientos van a ser aplacados por la fuerza pública, y se van desgastando en su interior. El financiamiento, la organización y la logística se hacen más complicados con el pasar de los días. Se ha descubierto que a muchas de estas personas no se les paga los 40 soles que se les ha ofrecido. Lima es una ciudad muy cara para mantener a la gente.

Agreguemos que hay condenados por apología del terrorismo y vandalismo. La policía está deteniendo revoltosos, y la fiscalía se encuentra actuando inmediatamente. No olvidemos las lamentables muertes ocurridas durante estas jornadas. Esos son elementos persuasivos para quienes piensen participar en protestas violentas. 

Si tiene que continuar la protesta, que continúe y sea pacífica. Que no afecte el ornato, la propiedad pública ni privada, ni mucho menos los derechos de los demás ciudadanos.

Ddlc: El ministro de Defensa, Jorge Chávez, afirmó que las carreteras estarán liberadas en los próximos días. ¿Cuál es su opinión al respecto, y que evaluación puede realizar de las Fuerzas Armadas y Policiales?

G.A: El trabajo que hace las FF. AA, y la policía es muy destacable, sobre todo en las difíciles condiciones que les toca intervenir. Las víctimas que se produjeron en Puno, por ejemplo, o en Ayacucho, nos recordaron los años ochenta y el terrorismo. Felizmente, con el nuevo ministro del Interior, la estrategia ha cambiado, las víctimas no han sido numerosas como en las primeras jornadas, reiterando que todas son muy lamentables, y las circunstancias en que se han producido las mismas deben aclararse.

Respecto a las declaraciones del ministro de Defensa, Chávez Cresta, la acción de liberar la Panamericana Sur en el Barrio Chino es positiva, y en cada una de las ciudades donde hay carreteras bloqueadas, hay que actuar de acuerdo a cada realidad. Es necesario comprender que las demandas son distintas, los intereses también y que el manifestante del interior tiene una idiosincrasia diferente. Hay que saberla leer para no equivocarse.

Ddlc: Al problema del grave problema del orden interno se añade el político. ¿En su opinión, cuál sería la opción más viable? 

G.A: En ese sentido, indudablemente es muy importante, y ocurre porque nuestra clase política - me refiero básicamente al congreso - no está a la altura de las circunstancias. La irresponsabilidad con la que el legislativo está tratando el adelanto de elecciones está siendo combustible para que las protestas continúen. Ya el gobierno ha dado muestras de desprendimiento, primero invocando al congreso a que apruebe la reforma para adelantar los comicios para abril del 2024, y segundo cuando la presidenta ofrece adelantarlas para octubre de este año, con cambio de presidente en diciembre. 

A pesar de esos gestos del ejecutivo que encabeza la Sra. Boluarte, el legislativo responde que no hay acuerdo por intereses políticos, que no se adelanta nada, y que todos se quedan hasta el 2026. Es un acto de inconsecuencia que resulta censurable, y no vemos ánimo de rectificación. Si a la crisis de orden interno le agregamos la política, en ésta los responsables son los congresistas.

Ddlc: ¿En este sentido, cree que la Fiscalía de la nación debería tener un papel más visible?

G..A: Está realizando un trabajo silencioso y eficiente, creo que le faltan brazos ante la actual crisis, pero con más apoyo su trabajo podría ser más rápido.

Ddlc: ¿Considera usted necesario aplicar la legislación antiterrorista?

G.A: Salvo que existan pruebas de algunos elementos cuya acción configure el delito, creo que no debería ser aplicada. Estamos ante escenarios de alteración del orden público, debidamente tipificados en el código penal.

Afirmar que están usando métodos terroristas está muy cerca a aseverar que son subversivos: Ahí es necesario tener cuidado. ¿Estamos frente a delitos de alteración del orden público, o de terrorismo?

No se trata de aplicar las figuras penales según mi parecer. La tipificación del delito tiene que ser objetiva. Si alguien atenta contra el orden público hay que acusarlo por ello, y si es terrorismo digámoslo sin tapujos. No empleemos figuras y estrategias antiterroristas para quienes no lo son.

Ddlc: ¿Cuál es su opinión sobre la Asamblea Constituyente? ¿La considera usted una alternativa riesgosa?

G. A: No solamente peligrosa, para mí es inconstitucional. No se puede permitir como democracia que de un momento a otro algunos se levanten, y dejen de lado el texto constitucional. Lo he dicho siempre: la Constitución es norma vigente, suprema y fundamental en todas las circunstancias.

La Carta Magna establece el mecanismo para su reforma, especificado en el artículo 206, que todo cambio se realiza a través de dos votaciones - en dos legislaturas - con mayoría calificada. No hay otra manera. Veo que quienes la promovían ahora dicen que no quieren convocarla en las próximas elecciones, solo “preguntarle al pueblo” ¿Que es, una encuesta? ¿Tienen idea de cuánto costaría el proceso?

Además, no es un mecanismo de consulta. Es como preguntar si se quiere cambiar el color de la franja a la bandera. Ese tipo de preguntas no se hacen, menos en elecciones generales.

Ddlc: Entonces, ¿cuál es su evaluación?

G. A: Lo que ocurre es que los promotores de esta idea no saben cómo decirles a sus seguidores que han fracasado en el intento. No tienen mayoría para hacer reformas constitucionales. No van a lograrlo, entonces han bajado el tono, y le echarán la culpa a quienes no siguen su consigna sobre el tema.

Esta gente de forma irresponsable, antipatriótica e inconstitucional, sembró en el consciente colectivo la posibilidad de convocar una asamblea constituyente y una nueva constitución. Lo hicieron de forma ligera, creyendo que iban a tener votos, pero la realidad ha demostrado que no los tienen.

Si es que la Constitución del 93 necesita reformas, hay que reformarla, pero a través del proceso establecido para modificarla.

Ddlc: ¿Con relaciones tan complicadas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, sin que se intentara una reforma constitucional razonable, hay riesgo de que el próximo enfrente una situación igual de problemática?

G.A: Esa relación tiene que reformularse, porque es fallida, tóxica, como se denominan en la actualidad, y va a continuar siéndolo en la medida que no se produzcan mejoras. El mal manejo de la Cuestión de confianza del ejecutivo, y la vacancia, basada en la constante incapacidad moral del presidente han sido muy dañinos.

En general, esta situación genera inestabilidad para ambos poderes. Presidentes que no tienen una bancada sólida, y el deseo vicioso y ambicioso de los partidos por tener el poder, hace que estos vínculos sean complejos.

Ddlc: ¿Qué reformas sugeriría usted?

G.A: Creo que el congreso se debería renovar por mitades cada 2 años y medio, que no deberían reelegirse salvo por una vez, que la bicameralidad con esta clase política no es aconsejable, salvo si se aprueba que sea con otros representantes. Pienso que el legislativo debería elegirse en una segunda vuelta, y si el presidente gana en primera vuelta, sería igual, en los 30 días siguientes se elige al congreso.

Nuestra democracia no solo es adolescente, sino que presenta una deficiencia formativa. Necesitamos gobernantes con respaldo en el congreso. No una mayoría absoluta, pero sí una significativa que pueda generar consensos.

De otro lado, los partidos políticos son vientres de alquiler y resultan obsoletos. Todos quieren ser presidente, y tenemos 14 o 18 partidos compitiendo.

Como consecuencia, se produce la atomización de los congresos, y lograr acuerdos se hace imposible.

Ddlc: ¿Cree que los gobernadores regionales y alcaldes provinciales pudieron buscar, al lado del Gobierno Central, espacios de diálogo con los manifestantes o sus líderes - si los hubiera - y organizaciones representativas, abiertas a una negociación política? ¿Cuándo fue el mejor momento?

G. A: Recién tienen un mes ejerciendo sus cargo. Pienso que el gobierno debería realizar una alianza estratégica con ellos, y a partir de eso empezar a enfrentar las demandas insatisfechas. En cada región se han debido identificar 2 o 3 grandes problemas, y trabajar juntamente.

Si no hubiera líderes, se debe buscar un interlocutor reconocido - puede ser un representante de comunidades - y empezar a actuar. Hay que cambiar “las mesas de diálogo” por “mesas de desarrollo ejecutivo”. Identificar el problema y enfrentarlo, olvidarnos de las reuniones de 20, 30 personas.

Ddlc: ¿Si nuestra democracia es frágil, de ‘baja intensidad’ (al decir de algunos y según diversos índices internacionales) o precaria, en su opinión es o no irresponsable intentar un proceso electoral este año sin reformas electorales y partidarias mínimas?

G. A: En nuestra precariedad no nos damos lujos de mirar cómo pasa el tiempo, y que la gente se enerve al ver que no se atienden sus demandas.

Una reforma electoral es imprescindible, que alcance a los partidos, pero no es el momento. No dejaría en manos de este congreso la reforma electoral. Es incapaz, y debería irse lo antes posible.

Los partidos nos ofrecen lo mismo de siempre, argollas y cambalaches para elaborar sus listas de candidatos al congreso, presidencia, etc. Pero por esos el electorado está votando, porque no hay otros, dicen. 

Hay que hacer algo para que los de siempre, causantes de esta crisis, no sigan participando. ¿Cómo es posible que existan legisladores con sentencias o investigaciones en la Fiscalía que dirijan partidos, o gente que por dinero o posición puede organizar movimientos, convirtiéndose no en líderes, sino en dueños de los mismos, u otros que hayan traicionado su ideario?

Sin embargo, reitero, no es el momento de realizar la reforma electoral ni de la ley de partidos políticos, ni este congreso el indicado para hacerlo. Está empleando como pretexto la necesidad de esas reformas para quedarse, eso es intolerable.

El próximo legislativo debe encargarse de esa tarea imprescindible, y a partir de ahí se puede plantear una bien desarrollada reforma integral.