Katy Cano: “Los conflictos mineros hay que verlos en su real dimensión, considerando derechos y posturas de ambas partes”
Los conflictos mineros han vuelto a reactivarse. Sea en Las Bambas, (Huancavelica), Aquia (Ancash), estos problemas pusieron de manifiesto una vez más no solo su complejidad, sino la incapacidad del Estado peruano para encausarlos y promover una minería realmente responsable.
La periodista Katy Cano, ha sido testigo de varios de estos conflictos, principalmente el de Aquia (Ancash), donde opera Antamina, quizá una de las empresas-hasta hace poco- consideradas modélicas en su forma de trabajo.
Cano, periodista egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza, nos explica su visión, la necesidad de promover una actividad basada en un enfoque de derechos, y al mismo tiempo, que esta sea beneficiosa para las empresas, las comunidades y el Estado.
Ddlc: La minería proporciona el 60% de nuestros ingresos, pero también genera innumerables conflictos. En estos episodios confluyen un Estado ineficiente y, en ocasiones, ausente, pero también hay algunas empresas que poseen malas prácticas, y sectores extremistas. ¿Cuál es su evaluación sobre la situación actual?
K.C: Considero que estos problemas que, cada cierto tiempo, enfrentamos como país, no son evaluados de acuerdo al fundamento jurídico que corresponde a un estado de derecho. Ni la sociedad, ni la prensa, ni la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) abordan el tema como corresponde, e incluso el gobierno no designa a los actores idóneos para abordar este tipo de situaciones.
No se puede tratar un conflicto social entre minería y comunidad campesina o nativa mencionando solo a la ley de minería, dejando de lado a la ley de recursos hídricos, ley de comunidades campesinas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin mencionar a la constitución o sin que el ministerio de Cultura intervenga con su dirección de derechos de comunidades indígenas y originarias. Es decir, se no puede hablar de algo mencionando una parte y obviando el todo. Ese es el punto neurálgico.
Lamentablemente, la situación tiene poca posibilidad de cambio cuando aquellos que tocan el tema asumen posiciones ligeras a favor de uno de los protagonistas del conflicto, en la mayoría de los casos de lado de la empresa minera.
Ddlc: ¿Qué otros factores influyen en estos conflictos?
K.C: Tampoco ayuda a que el tema se entienda en toda su magnitud cuando la lectura del centralismo limeño no quiere ver más que su defensa cerrada a la inversión privada, lo que promueve es que cada conflicto sea estigmatizado como anti minero, cuando, muchas veces, la única bandera que se alza es la del respeto a los derechos humanos, derechos fundamentales de las comunidades, la mayoría de ellas vulneradas en el proceso de concesión de los proyectos, porque simplemente ni el estado ni la empresa les hicieron conocerlos, para que se equilibre la capacidad de las partes para hacer frente a esta situación.
Finalmente, todo lo señalado anteriormente no hace más que fecundar extremos que no permiten dar paso a soluciones y lo único que se logra son mesas de diálogo interminables, poco productivas o como muchos ironizan, mesas que se quedan en mecedoras. La complejidad del tema exige que ningún punto se toque a la ligera. Nuestro país es un territorio minero, la economía requiere indiscutiblemente de la inversión privada, tanto como el hecho de que el Perú requiere de la defensa de los derechos humanos para llamarse república democrática. Si no estamos hablando de cualquier cosa, menos de una sociedad donde prime el estado de derecho.
Ddlc: Usted ha sido testigo de excepción del conflicto minero de Antamina, considerada una de las compañías paradigmáticas del sector. ¿Cuál es su interpretación y su opinión al día de hoy?
K.C: La Comunidad Campesina de Aquia solo se había opuesto a la actividad de Antamina en los primeros años del gobierno de Toledo. Cuando fueron reprimidos por la policía no hubo más opción a medidas de fuerza, luego al parecer vinieron directivas poco claras, gestiones no tan transparentes que dieron pie a que se geste una reacción social insospechada, liderada por una directiva compuesta por un grupo de jóvenes que empezaron a preguntarse si lo que habían acordado y firmado sus antecesores se sujetaba al marco legal.
El caso de Aquia se puede entender como una olla de presión que se puso a fuego lento durante veinte años y finalmente explotó en magnitudes, que considero, ni los campesinos previeron. Hay mucho pan por rebanar en este caso, examinar los discursos extremos, las alianzas en el corredor minero, la posición del estado en estas dos décadas y el manejo comunicativo de la compañía minera para con la comunidad.
Ddlc: Uno de los reclamos de la comunidad era la construcción del mineroducto, en vez del paso de los camiones de la minera, con el consiguiente ruido y el polvo que dejan a su tránsito.
K.C: Antamina hace uso de 50 km de territorio de la Comunidad Campesina, espacio por el cual transitan vehículos que transportan al personal de la empresa, maquinaria y provisiones para el campamento. Pero no sólo eso, también es una zona para el mineroducto y la fibra óptica de la compañía. Sin embargo, Aquia no estaba considerada como zona de influencia, tampoco contaba con una oficina de enlace en su jurisdicción.
Estos meses empapándome del caso me llevan a una conclusión: a diferencia de otros conflictos sociales, lo que ocurre ahí es una búsqueda de reivindicación moral, por lo que ellos consideran un atropello a su dignidad. En el argumento expuesto por la directiva durante la instalación de la mesa de diálogo se advierte este punto. Es un conflicto de a tres, donde estado, empresa y comunidad sólo podrá ser resuelto cuando se estime y asuma el grado de responsabilidad de cada una de las partes.
Ddlc:En el caso de las Bambas, el conflicto tiene más dos años, y recientemente se ha agravado, nuevamente, con el bloqueo de carretera.
K.C: El conflicto de las Bambas nació en el gobierno de Toledo, con un discurso intransigente por parte del presidente con su inolvidable frase de “Las Bambas va pese a quién le pese”. Él tuvo la oportunidad de corregir lo que hizo mal Fujimori, establecer bases equilibradas entre empresa y comunidad, cada quien, en igual condición de derechos para dar paso a la búsqueda de la licencia social, pero no lo hizo.
Como en el caso de Aquia, las Bambas parte de la inconsulta, de imponer proyectos sin medir las consecuencias a largo plazo. Sin embargo, este caso tiene sus propias complejidades, para empezar, es un conjunto de comunidades, cada una con una visión particular y a la vez común con sus pares.
Del:¿A su parecer, cuál es el origen del problema, y cuál actor es el que tiene mayor responsabilidad?
K.C: La madre del cordero es la obviedad de derechos, que son irrenunciables según la constitución política y el convenio 169 de la OIT. Pero, lamentablemente, el conflicto se ha banalizado con el discurso de “antimineros que lo único que quieren es plata”. Y el principal responsable, siempre será el estado, porque es quien debe amparar los derechos de la comunidad y también de la inversión privada, pero si obvia a una de ellas lo único que hace es dar paso al caos y hacerlo, prácticamente, interminable.
Además, posee elementos que lo hacen uno de los conflictos más difíciles de afrontar. Se instalaron mesas de diálogo, mediadores, y otros actores, pero ninguno ha podido dar con la tecla para, por lo menos, sentar bases de una solución real.
Ddlc: ¿Cuál es el papel que ha cumplido, específicamente, el MINEM, MIDAGRI-ANA y el MINAM-OEFA, ¿en estas situaciones?
K.C: Cada gobierno tiene, digamos, un estilo para afrontar conflictos sociales, pocas veces lo ve presidencia directamente. En los últimos gobiernos se ha visto que los conflictos sociales fueron manejados por la PCM o MINEM, mientras que el MINAM y el ministerio de Cultura quedaban relegados a mesas de parte, cuando debieron ser actores principales para enfrentar los casos y buscar una solución.
Ddlc: No hace mucho, varias empresas mineras pagaron deudas tributarias que están en litigio judicial, al parecer por la coyuntura favorable del TC ¿Conoce de alguna propuesta de reforma tributaria de la SNMPE?
K.C: La verdad que no. Lo único que puedo referir es la campaña publicitaria que se ha emprendido cuestionando el alza de impuestos al sector, sin considerar el alza de precios de muchos metales en el mercado internacional.
Ddlc: Uno de los puntos hipersensibles en lo que se refiere a exploración y explotación minera es el vinculado a las “cabeceras de cuenca” ¿Las compañías mineras lo cumplen? ¿Cuál es su opinión al respecto?
K.C: Ciertamente es un tema que despierta pasiones. Las compañias mineras pegan el grito al cielo ante la posibilidad de la intangibilidad de las cabeceras de cuenca, argumentando incluso que el concepto de cabecera de cuenca no existe en la legislatura internacional, y que el planteamiento peruano solo espanta a los inversionistas.
Lo cierto es que nuestro país ha emprendido una tarea titánica respecto a la preservación de los recursos hídricos, en especial en lo que se entiende como cabecera de cuenca, apoyados en jurisprudencia internacional, principalmente de países vecinos, porque se entiende que la protección del agua es una tarea que ha activado a muchos sectores a nivel mundial.
Ddlc: ¿Cuál es la normativa acerca de este tema y cómo la califica?
K.C: Existe legislación vigente como la Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338 y su modificatoria, el Decreto Supremo N° 014-2021-MIDAGRI, y lo más reciente, el proyecto de ley que busca una nueva modificatoria al artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos donde se establece que “el Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca, donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica y las declara zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua”.
Queramos o no, ante la degradación ambiental de nuestro planeta, no hay otro camino que la preservación de recursos fundamentales como lo es el agua, de hecho, no hay algo más fundamental que este. El reto mayúsculo de encontrar un punto de equilibrio entre la explotación minera responsable y la protección de las cabeceras de cuenca, parece inviable, pero no nos queda otra que sumar esfuerzos para buscar alternativas de solución y no ponernos entre la espada y la pared, poniéndonos a elegir entre lo uno y lo otro.
Los conflictos mineros hay que verlos en su real dimensión, considerando derechos y posturas de ambas partes.