En medio de una crisis política y sistémica gravísima, resulta impresionante la forma como muchos actores políticos, sociales y religiosos opinan en contra de un legítimo e imperativo proceso de vacancia.

Cabe añadir que quienes afirman esto lo hacen por diversos motivos. Las razones ya las hemos mencionado: la malhadada inestabilidad ¿?, hacerle el juego a un sujeto como Antauro Humala, o favorecer a un determinado grupo político - léase Acción Popular- o argumentos por el estilo. 

Así, los grupos políticos en carrera desquiciada hacia el Congreso y la presidencia, soslayan todos los argumentos, y las cada vez más y detalladas denuncias contra el presidente de facto, quien recurriendo a sus conocidos modales antidemocráticos, emplea todas las maniobras posibles para evitar enfrentar las imputaciones. Y afirman anteponer los intereses del país y los suyos, y oponerse a la corrupción. Lirismos.

Algunos por error, u otros con un singular análisis costo-beneficio, en resumen hacen posible que Vizcarra permanezca en el poder, en teoría, hasta julio, lo que le permitiría al cuestionado mandatario sanear su situación legal y política. Claro está que no le importa cómo, ni mucho menos a qué precio.

Es obvio que a estos grupos y políticos que esbozan estas razones, solo les interesa el poder, pero hipócritamente afirman que lo hacen por el bien del país, y sugieren que “las instancias fiscales y judiciales se encarguen del proceso”, por lo general errático e interminable, e inconducente. El golpista, por su parte, insiste, con su coro de voces, que la medida genera inestabilidad y se escandaliza porque cada domingo, digamos, hay una nueva denuncia en su contra.

Según la lógica retorcida de Vizcarra, el Congreso y la prensa son culpables por reaccionar ante hechos gravísimos, y con claros indicios de veracidad, hechos que hasta los medios afines a palacio no pueden soslayar, ni mucho menos pasar por agua tibia.

Pero no solo los políticos, empresarios y académicos se pronuncian contra el proceso de vacancia, que repetimos, no tiene naturaleza penal. También lo hace la Presidenta del Tribunal Constitucional (el mismo que avaló una disolución anticonstitucional del Congreso), en un ejercicio claro de adelanto de opinión.

En el coro de voces voluntario y consciente se unen otros sectores académicos, religiosos, institucionales, sociales, en lo que parece ser más un ejercicio de corrección política o de prevalencia de intereses sobre los del país, con lo cual, por angas o por mangas el gobernante de facto puede quedarse hasta el 28 de julio o incluso después. Porque ahora, tal parece, que todos son Vizcarra.