La secretaria de Economía, María Antonieta Alva, afirma que el P.B.I. crecerá 4% el 2020. Esto no será posible ya que se confía en impulsar la inversión pública como objetivo clave, porque el 40% de las obras públicas están paralizadas con arbitrajes y hay deficiencias técnicas e incumplimiento contractual por procesos judiciales.

Las contingencias jurídicas se solucionan con los arbitrajes, existen contratos de obra donde se deniega un adicional de obra, ampliación de plazo para ejecución, aprobación del informe del contratista para su pago, deducción de obra y no hay acuerdo en torno al monto de los gastos generales. El 62% de los colegios se está cayendo.

La economía esta lenta, consecuencia de la actual coyuntura política, con esta nueva y caprichosa elección congresal, y los interminables destapes de corrupción, lo que genera incertidumbre en el consumidor y en el inversionista.

Hay desconfianza en el gobierno. Tenemos una burocracia paquidérmica compleja y trámites inmanejables que complican la inversión, el Estado predatorio no funciona, es débil e ineficiente y cuando se trata de crear las condiciones para generar riqueza, abdica de sus funciones en su relación con los gobiernos regionales y locales; cuando se relaciona con la inversión privada, las señales son para trabarla.

La burocracia usa su autoridad para maximizar sus beneficios personales, la corrupción es endémica y la desorganización de la sociedad es promovida. Hoy no se ve ni norte ni liderazgo.

Una pregunta es ¿Se puede gobernar, redistribuir la riqueza y dar servicios donde el Estado teniendo el monopolio de la fuerza (seguridad, defensa, justicia) no dispone de recursos? Ante esto se tiene que recaudar más por tanto se debe efectuar una reforma de tributos (Renta, IGV, Impuesto Selectivo al Consumo, Aranceles de Aduana) y simplificar las normas de recaudación.

Hay que simplificar el Régimen Tributario, para facilitar las actividades productivas y comerciales, eliminando trabas e inoperatividad de los regímenes actuales.

Tampoco tenemos una política tributaria que promueva la reinversión de las utilidades, e incentive la investigación, desarrollo e innovación. Es necesario promover la formalización de ese 70% de la economía que no tiene acceso a los beneficios del sector formal y atacar la ilegalidad disfrazada de informalidad, hay que combatir la subvaluación, contrabando, piratería, y falsificación de productos, los dólares del narcotráfico y atacar a los oligopolios, y monopolios..

Un crecimiento económico mayor del PBI, requiere de mercados que permitan la competencia y de una población educada; acompañado con leyes simples claras que sean aplicadas por un Sistema Judicial de probada honradez. Así mismo, se necesitan empresarios capaces e innovadores, no evasores tributarios y coimeros que solo buscan obtener el favoritismo estatal e influencia para concretar sus negociados.

El Estado debe velar por la seguridad pública y la justicia para que los ciudadanos podamos vivir en libertad y en paz, establecer una política económica coherente y predecible que fomente el ahorro, la inversión, y tenga como resultado la mejora de la calidad de vida.

El gobierno- cualquier gobierno en realidad-inclusive este de facto, debería demostrar habilidad técnica, autoridad moral y explicar a la ciudadanía la situación económica y que los problemas se pueden y deberían superar con honestidad y eficiencia, a través de una política económica que atraiga la inversión privada, y elaborando un Plan de Desarrollo Nacional Descentralizado. Sin embargo, en la coyuntura actual, esto es una utopía.

La economía puede crecer el 2020 en su PBI solo 2.9% por la baja inversión. Los reiterados pronósticos antojadizos, especialmente del MEF, y de su secretaria, le restan credibilidad..