Una de las reformas fundamentales a las que se enfrenta el Perú de cara al Bicentenario es la de nuestra administración pública. Los múltiples niveles de planeamiento estratégico nacional colisionan con la capacidad de nuestra burocracia para implementar las políticas públicas de manera efectiva.

La formación de esta resulta fundamental para que el Estado pueda asumir su rol regenerador. Y para ello es esencial un estudio cuidadoso de la realidad nacional y de nuestra administración, sin ausentismos ni falsas premisas. Es mejor empezar desde la realidad en vez de maquillar lo que existe con tal de quedar bien.

En este sentido, debe ser examinada en su realidad, no en sus posibilidades. Se echa en falta un gran estudio sobre la administración pública peruana, un estudio realista y serio, que desnude nuestras contradicciones y errores.

La falsa complejidad se apodera de la administración cuando, en el fondo, se carece de una clase directiva capaz de tomar decisiones estratégicas. Permítanme lanzar una hipótesis: ¿no será que nuestro procedimentalismo ha liquidado la posibilidad de desarrollar una generación de directivos públicos moderna y efectiva en la toma de decisiones? Si esto es así, el Bicentenario se presenta como una oportunidad para no cometer la misma equivocación.

Si bien es cierto que el procedimentalismo es un signo concreto de todo Estado complejo, también es verdad que, ante uno en construcción, ese mismo procedimentalismo genera incentivos negativos y asimetrías institucionales. Tener un plan no significa eliminar la capacidad directiva. La superposición de modelos solo genera ineficacia y corrupción. Demasiados planes equivale a no tener uno de verdad.