En momentos que se desarrollaba una audiencia para determinar la prisión preventiva de Keiko Fujimori, y se espera que otros políticos y candidatos hagan una parada obligada en esa instancia, el Dr. Luis Lamas Puccio, ilustre abogado penalista, catedrático de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, analiza la organización del proceso, y recalca algo que ya sabemos, pero es importante recordar: en nuestro país la lucha contra la corrupción es un asunto discursivo.

Al mismo tiempo, manifiesta su escepticismo sobre el curso que tomarán los procesos, en particular en los casos de personas de “alto perfil”.

Ddlc: Al parecer, los llamados casos emblemáticos, como los vinculados al caso Odebrecht y demás firmas, revelan que hace falta una revisión profunda de varias herramientas procesales, como el de la prisión preventiva ¿Cómo abordar esta reforma y quien debería proponerla?

L.L: Es un asunto de carácter legislativo. Soy de la opinión que se requiere un nuevo marco legal, no sólo para poder confrontar una modalidad de corrupción a gran escala, particularmente complejo.

En los últimos años hemos visto un desarrollo sorpresivo de nuevas formas de organización criminal, en las que se involucran aspectos políticos, funcionales, a la comisión de delitos.

En estos días se discutió una medida de prisión preventiva, de acuerdo con lo establecido en el nuevo código procesal penal. Ha habido una última modificación a partir de la incorporación de lo que se conoce como la casación de Moquegua, en la que para ser más rigurosa la decisión sobre esta- aparte de las exigencias del código procesal penal- se han incorporado dos elementos más.

Ddlc: ¿Cuáles son?

L.L: El primero es el de razonabilidad. Cuando se dispone una detención preventiva tiene que haber una argumentación convincente por parte del magistrado que dispone una decisión de privación de libertad, con el objetivo que esta decisión no quede a su criterio, sino que se expongan con claridad sus argumentos.

El otro es la temporalidad. No sólo se trata de privar a una persona preventivamente por un tiempo determinado de su libertad, sino tiene que fijarse porque razones se aplica una duración determinada.

Ddlc: En el caso de la audiencia acerca del pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, ¿usted qué opina?

L.L: De lo que se ha visto, se observa que se ha desarrollado dentro de los parámetros de lo que la ley procesal-penal exige. No descarto que haya algunos aspectos controvertidos por parte de la fiscalía o la defensa, pero eso es común en diligencias de esta naturaleza, en vista que las características de los hechos son difusas y complejas. Estamos frente a una audiencia en la que un magistrado, en la medida de sus posibilidades, establece ciertos parámetros.

Ddlc: Uno de los graves problemas que afecta el desarrollo de estos casos es, a estas alturas, una evidente una pugna en la Fiscalía. ¿Como zanjarla?

L. L: Es un asunto que tiene que ser resuelto, obviamente, al interior de la institución. Han salido a relucir elementos controvertidos respecto a lo que sucede.

El problema tiene que zanjarse a través de la junta de fiscales, y de mecanismos, incluso de carácter constitucional, que pueden permitir una intervención del MP por parte de otros poderes del Estado, como el congreso, que cuenta entre sus prerrogativas denunciar al fiscal e inhabilitarlo.  

Lo que llama poderosamente la atención es que habiéndose podido iniciar una serie de acciones legales con bastante anticipación a lo que está sucediendo actualmente, los fiscales anteriores fueran tan poco activos. Había varias personas mencionadas, pero existe hasta la fecha un gran espectro de funcionarios políticos de alto nivel, que hasta la fecha no son investigadas.

Ddlc: ¿Podría la fiscalía brindar esa información en su página web, de manera sucinta?

L.L: Ese es un tema que compete al anterior fiscal. El tendría que informar sobre porque razones no se tomaron decisiones más concretas.

Ddlc: Hay casos de alto perfil que parecen estar paralizados, o suspendidos, o lo que es peor, ni siquiera iniciados.

L. L: Es una falencia que de alguna manera marca el derrotero de lo que ocurre en la lucha contra la corrupción, y el papel que le corresponde al MP. La información se ha mantenido bajo reserva, y no entiendo porque razón no se ha informado a la opinión publica algunos acuerdos que se han tomado con Odebrecht, los colaboradores. Eso debería merecer una explicación.

Ddlc: ¿Desde el punto de vista procesal, que tan determinantes pueden ser los testimonios?

L. L: Una persona que declara sobre un asunto en investigación tiene que brindar elementos periféricos, que sirvan para poder condenar o absolver a una persona. Se requieren otros elementos o acciones que refuercen lo que ha señalado un testigo.

Ddlc: Documentos, fotos, videos…

L.L: Cualquier elemento indiciario que pueda confirmar lo que afirme el testigo. Lo que causa extrañeza es que en el caso de la señora Fujimori parecería que hay un número significativo de personas que son coincidentes en su versión. Si bien es cierto que debe corroborarse, en la forma que se está presentando se convierte en un indicio.  

Ddlc: El congreso ha aprobado una norma sobre financiamiento ilegal de campañas ¿Puede ser una medida eficaz?

L.L: El tema de la corrupción en los procesos electorales tiene que ver con la partidocracia, porque desgraciadamente, en los últimos años no ha habido continuidad en esa lucha.

Todos los partidos políticos -sin excepciones- de una u otra manera están relacionados, directa o indirectamente con el problema. Cabe recordar que el presidente actual pertenece a un partido cuyo máximo líder está siendo investigado por esos casos.

Frente a esta continuidad de este tema, se requiere no sólo penalizar el manejo de campañas políticas, sino supervisar el funcionamiento interno de partidos políticos, activar mecanismos que fiscalicen a los líderes, evaluar la reelección parlamentaria, estudiar el papel de los medios de la comunicación, de la Sunat, de la ONPE, Parlamento, entes que funcionan de manera sistémica. La ley es un tiro al aire. Se requiere alguna reforma profunda, constitucional.  

Ddlc: ¿Que podría decir sobre la reforma de la composición del CNM? ¿Qué falta regular o cambiar en la forma como se accede a la carrera en el Poder Judicial y Ministerio Publico?

L.L: No creo que sea un problema de carácter normativo. Deberíamos replantear los criterios de los procesos para la elección de los miembros, y eso les compete a los colegios profesionales, y depende de la ética, la cual, desgraciadamente, ha sido la gran ausente.

Este factor debe estar en un proceso educativo, que se refleje en las elecciones. Existe corrupción en el Estado, la sociedad y en la vida privada. El ciudadano común y corriente que no cree en la justicia, acude a fórmulas vinculadas con la corrupción para solucionar sus problemas, y eso constituye una situación que involucra una estructura social y estatal del país. Acá tiene que demostrarse una férrea voluntad política de combatir el mal, y sobre todo una lucha contra la impunidad, porque es más grave.

Cuando vemos que no se sanciona nada, y que las denuncias se convierten en un circo político en el cual se engaña y se distorsionan los hechos, para esconder información y evadir responsabilidades.

Ddlc: ¿Uno de los aspectos que salta a la vista en estos procesos, es la falta de personal especializado en materia económico-financiera? ¿Cómo suplirla?          

L.L: El déficit es para el tema de justicia, no sólo para la lucha anticorrupción. Hay un desinterés por parte del Estado desde el punto de vista presupuestal. Esta falencia es la que más favorece al poder político y económico. Los delincuentes buscan la impunidad, y una manera de lograrla es recortar el presupuesto en materia de justicia, para que no pueda estar operativamente a la altura de las circunstancias. 

La lucha contra la corrupción se ha convertido en un discurso político.

Ddlc: ¿Qué experiencia nos deja el caso Odebrecht en materia de la metodología para fijar la reparación civil? ¿Cómo realizar un cálculo lo más exacto posible, de las pérdidas ocasionadas al Estado?

L.L: Es muy difícil. Porque la paradoja es que esta y las otras empresas venden sus activos, transformándolos, para que no puedan ser objeto de embargo.  El Estado es indiferente, o coincidente con la acción de las compañías.

Quienes nos gobiernan lo hacen para interés foráneos con privatizaciones, concesiones otorgadas de manera amañada que extraen nuestras riquezas, perjudicando a las grandes mayorías.

El caso más flagrante es la ausencia de pago de impuestos. La SUNAT u otras entidades poco hacen en este aspecto. Hay que verlo en esos términos.

Ddlc: ¿Y en materia de sanción cómo aplicarla a las empresas sin que ello implique afectar la llamada cadena de pago y el trabajo de miles de trabajadores? (se mencionan hasta 15,000 puestos de trabajo perdidos solo por el caso Odebrecht)

L. L: Ese es el punto clave. Trabajo amañado, como sucedió cuando Odebrecht y las demás daban trabajo a todos. ¿Crecemos o nos engañan? Todo ocurrió bajo el cuento del desarrollo económico. Bajo esa premisa, las cosas están así.