Después de más de cincuenta años de combate, cientos de miles de muertos y millones de desplazados, si las FARC —la guerrilla más antigua de América— quieren incorporarse a la democracia, el camino es largo, ancho y ajeno, porque tiene que existir voluntad. Si bien se ha anunciado que la ex organización guerrillera participará en las elecciones legislativas del 2018 existen temas complejos a resolver. Los miles de ex combatientes de las FARC permanecerán en las 26 zonas rurales de transición a la vida civil luego de que el pasado 15 agosto entregaron sus armas al Estado. 

Actualmente, se discute el por qué la organización mantiene su nombre, pero con un nuevo significado: de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pasarán a ser en el espectro político la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, cambiando su símbolo (dos rifles cruzados AK-47) por una estrella roja rodeada de pétalos de rosa. Estos dos detalles han producido rechazo entre buena parte de la opinión pública. Algunos analistas señalan como un error considerable que el grupo no aproveche esta oportunidad para desvincularse del pasado, y que más bien lo reitere como voluntad de definir una identidad política. 

El 19 de setiembre Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, dio su último discurso ante la Asamblea General de la ONU como mandatario. Entre los temas que destacó estuvieron la sustitución de cultivos ilícitos, que la entidad internacional verificará la situación posconflicto con las FARC y el cese del fuego y hostilidades con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el próximo primero de octubre. Al día siguiente se cumplirá un año del referéndum en Colombia sobre el tratado de paz con las FARC. Como se sabe la mayoría de colombianos decidió por el “No”. Los acuerdos finales con las FARC les otorgan cinco curules en la Cámara de Diputados y cinco en el Senado hasta el final de 2026. 

La encuestadora Gallup señala que solo un 15% de la población del país ve a la FARC favorablemente, mientras que el 64% cree que no cumplirán sus promesas. Y para las elecciones en el 2018, saldrán a la luz detalles sobre los crímenes de las FARC, lo que disminuirá su credibilidad. A ello se suma la oposición del ex presidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático, quienes propulsaron el “No” en el plebiscito del año pasado. Ellos consideran que los acuerdos de la FARC y el Gobierno son “un golpe de Estado a la democracia”, pues violan las leyes y la constitución colombiana, y que se debería impedir que ex guerrilleros condenados por la justicia sean elegidos para cargos públicos. Y el triunfo del “No” en el mencionado plebiscito indica claramente que estas ideas son compartidas por la mayoría de los colombianos 

Así, la postulación de un candidato por las FARC y el apoyo de Uribe a un candidato hace que el futuro de Colombia sea incierto. En todo caso la democracia y la sociedad en su conjunto deberán hilar fino para lograr la integración de estos millares de personas que solo conocieron el lenguaje de las armas.