En medio de agendas, dichos y desmentidos, hay temas de la verdadera agenda del país, no los de la señora Heredia, a los cuales deberíamos prestar más atención.

Uno de estos es el relativo al presupuesto de la república para el próximo año, que a decir de muchos, es bastante inflado en sus cifras, y al igual que los anteriores, también inflados en sus montos y escuálido en sus resultados, en casi todas las instancias de gobierno.

Si algo hemos aprendido de modo dramático los peruanos es a tener un presupuesto equilibrado, algo que sabe cualquier ciudadano con un mínimo de sentido común. El dispendio nunca es positivo, ni para una sociedad ni para un país. Pero parece que al régimen no le interesa mantener las fortalezas macroeconómicas. De ésas que se vanagloria.

Este año, luego de un debate intenso (como informaron medios como el Diario La República, La Razón y Expreso del 28 y 29 de noviembre),  durante el cual se presentó un dictamen en minoría - duramente criticado por el Ministro de Economía y Finanzas- se aprobó el Presupuesto Público para el 2016, que se ha incrementado en 6,6% respecto al año 2015, y con un déficit fiscal que se anuncia del 3%, la cifra más alta de los últimos años.

En este presupuesto se estipula que todas las transferencias a gobiernos regionales que tenga previsto realizar el SIS en el 2016, deberán tener el visto bueno previo del MEF, vía decreto supremo, lo que según el SIS generará demora en la adquisición de medicamentos o insumos médicos, perjudicando a más de 16 millones de afiliados, ni los recursos podrán financiar contratos bajo el régimen CAS, a partir del segundo trimestre de ese año.

Una de las observaciones centrales de los congresistas que presentaron el dictamen en minoría, es la prohibición a la negociación colectiva, lo que violaría la Constitución Política.

Lo cierto es que el gobierno central (léase el Ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura) administrará alrededor de 75,9% de ese presupuesto. Para los congresistas que presentaron su dictamen en minoría (Juan Pari, Marisol Espinoza y Vicente Zeballos) esta decisión incluirá el manejo de al menos S/. 900 millones destinados a proyectos de inversión pública con alcance regional, provincial y distrital, aun cuando muchas obras ejecutadas en regiones como Áncash, ahora cuestionadas judicialmente, pasaron por el filtro del MEF.

En suma, post-supuesto, más centralismo y poca permeabilidad a las demandas sociales de sectores claves para el funcionamiento eficaz del Estado: Poder Judicial, Ministerio Público y Salud.