En estas últimas semanas, el panorama político y noticioso no ha cambiado absolutamente nada. Cuando uno prende la radio en las mañanas, encuentra lo de siempre: accidentes, denuncias (que quedan en nada), huelgas y noticias sobre desaceleración económica en medio de un crecimiento. Estamos, como se dice, en las mismas.

Nada ha cambiado, para bien, obviamente. El estado ¡ recién ¡ reacciona en el caso de Áncash, a pesar que desde el 2007 ya se hablaba de una mafia, dirigida, presuntamente, por su presidente, César Álvarez, un funcionario ahora caído en desgracia, pero antes catalogado como exitoso según el propio Ministerio de Economía y Finanzas de este gobierno, y que, según se denuncia, tendría vínculos con el congresista Heriberto Benítez - descubridor de un caso tan confuso como el de Leonor La Rosa, que a decir de varios investigadores, como José María Salcedo, Umberto Jara, y Ricardo Uceda, posee muchos vacíos y contradicciones - y el empresario Martín Belaúnde, ex operador del presidente Humala, y vinculado al Diario La Primera, medio afín al humalismo, desde siempre.

Con esta noticia hecha espectáculo, las denuncias contra el premier Cornejo, y el Ministro Mayorga quedan “suspendidas”, al igual que las de Alexis Humala, mientras que la ministra Carmen Omonte salió libre en una comisión que ya perdió la ética. Y estamos casi seguros que lo mismo ocurrirá con el caso Toledo.

Con estos hechos se demuestra que los sistemas no funcionan. Es decir, lo importante más que no ser corrupto, es tener un sistema que prevenga o combata la corrupción. Detección temprana le llaman en medicina. Eso, antes que creer en frases como “honestidad para hacer la diferencia”.

Sobre el caso de Áncash, y ahora de Tumbes, Cajamarca, Cerro de Pasco, queda claro que esta ridícula regionalización departamental ha sido desbordada por la realidad y necesita ser reformada urgentemente, algo que prometió el ejecutivo el año pasado, pero sobre lo que hasta ahora no ha presentado ninguna iniciativa positiva, sólo el proyecto de no reelección de presidentes regionales. Desde esta “cortina” proponemos prohibirla para el congreso, y los municipios. A ver si así los partidos políticos se preocupan, de una buena vez, en formar cuadros políticos y técnicos.

Por otra parte, la inseguridad ciudadana sigue siendo un asunto discursivo para el gobierno, que anuncia compra de equipos,patrulleros, para no mencionar los bloquedadores, pero no capacitación ni reformas sostenibles en el tiempo. Ya no es un asunto de oralidad, sino de credibilidad. Nadie le cree.

A este fárrago de denuncias, contradenuncias, y escándalos se suman las huelgas, que se solucionan cuando el estado, como decía un cuento, siempre es quien capitula. Primero fue el poder judicial, ¡45 días¡, luego los médicos, y hasta el cierre de la edición, sigue en el MINSA. Los servicios de salud y justicia, fundamentales para el ciudadano, se ven interrumpidos cuando estos grupos de poder, dejan a las personas, especialmente a las más pobres, desamparadas. La huelga es un derecho, pero tiene sus instancias. Y en el ministerio de Trabajo ha sido nombrada una persona como Ana Jara, sin ninguna experiencia técnica.

En un aspecto tan sensible como el de narcotráfico, el gobierno “renunció” a la directora de Devida, Carmen Masías, quien a decir de muchos, hizo una buena labor en esa institución vital en la lucha contra ese flagelo. Sobre su salida, hay varias versiones, desde un cambio de la política de erradicación, hasta la imposibilidad de continuar con la misma. En todo caso, promover una erradicación voluntaria y cultivos alternativos es deseable, pero dudamos que el señor Alberto Otárola, de pésima gestión en el Ministerio de Defensa, pueda hacer algo positivo.

Todo esto caos social y económico ya empieza a afectar nuestra economía. En un reciente cónclave de minería, los empresarios afirmaron que lo que paraliza la inversión en este sector, contrariamente a lo que suponíamos, no es solamente por obra de Gregorio Santos y compañía, sino por la tramitología y permisología que este gobierno se ha empeñado en aumentar. Y resulta muy curioso ver a voceros del oficialismo defendiendo la inversión, no sabemos si evolucionando como el presidente, o cumpliendo sus directivas de “convertirse” a la economía de mercado.

Tal vez la única noticia positiva que podemos mencionar, es que el Congreso nombró a los integrantes del tribunal Constitucional, luego de 5 años, algo que no es para sentirse orgulloso. Esperemos que no se demore otros 5 para nombrar al Defensor del Pueblo.