La discusión sobre un aumento para los ministros y altos funcionarios del Estado, provocó no sólo polémica, sino también una grave situación que demuestra, una vez más, la precariedad de nuestro sistema político.

Juan Jorge Mendoza, profesor del Departamento Académico de Economía y de la Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico, miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, doctor y máster en Economía por la Universidad de Brown y Bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico, sostiene que, antes de eso, es necesario realizar una profunda reforma del Estado peruano donde sus empleados reciban salarios apropiados de acuerdo a su productividad.

Nuestro entrevistado se desempeña como Coordinador del Área Macroeconomía y Políticas Económicas del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, CIUP, con especialidades en macroeconomía, el crecimiento económico, la economía política y economía pública. Ha publicado trabajos sobre crecimiento económico y la economía pública. Además, cree que, como se percibe, un ministro técnico no garantiza buenos resultados.  

Ddlc. El anuncio de un aumento a la empleocracia generó una controversia y una crisis. ¿Es correcto el aumento y el momento?

JM: Creo que no es correcto tomar el aumento a los ministros como el marco sobre el cual se van a organizar el resto de remuneraciones del sector público, porque el cargo de ministro tiene un carácter político y es lógico que lo tenga. Tenemos ministros que están muy bien preparados técnicamente, pero que no coordinan políticas, no llegan a conseguir resultados, no pueden gastar. Y eso no es por falta de conocimiento de los problemas del sector, sino porque no son capaces de operar políticamente o conseguir acuerdos con el congreso. Los ministros más exitosos tenían manejo político.

Ahora, lo mismo se aplicaría a los viceministros, que son nombrados por el ministro, y es muy difícil e imposible que, dentro del sector público, uno pueda hacer un concurso para vice-ministro, porque el ministro siempre escoge su viceministro.

Ddlc: Necesitamos, entonces, una reforma más completa que vaya más allá de las remuneraciones.

JM: Sí. Necesitamos una reforma del sector público que debería contemplar varios aspectos. Pienso que la reforma que se ha iniciado en el gobierno de García y que continúa ahora con la ley SERVIR es una buena idea y tiene aspectos positivos. En primer lugar, ordena, porque existe un desorden en el sector público que se manifiesta en la existencia de distintos regímenes remunerativos de pensiones. Hay servidores que tienen pensiones irrisorias; otros, más elevadas. Entonces, eso es fundamental y esta ley contribuye a eso.

En segundo lugar, necesitamos tener servidores bien remunerados. La remuneración no sólo es un estímulo, sino también un premio a la productividad. Esa es la discrepancia que yo tengo con el aumento y la organización general. El aumento es un grave error, porque la selectividad en el cargo de ministro no depende de la remuneración, ni de los beneficios económicos. Y ahora tenemos una ministra que una hora antes de jurar había criticado la forma en que salió el ex premier. El ministro recibe otro pago que es político, gana influencia, poder y eso determina quién es ministro, quién no y la decisión del presidente.

Ddlc: Aunque, ahora, dicen que no tanto.

JM: Por supuesto, pero eso poco tiene que ver con la remuneración, porque, ahora, para integrar el gabinete en las actuales condiciones, tiene que ser una persona que no moleste, que le enmienden la plana o le den luz verde. Ese tipo de personas existen, pero no aceptan el puesto por el salario. Si uno no tiene esa característica, no va a integrar el gabinete. 

Ddlc: Ése es un tema político. ¿En su opinión, los ministros merecen ganar más?  

JM: Convendría hacer una diferencia entre el sector privado y el público. En el sector privado, una persona productiva, va a tener un aumento de todas formas. Si no lo tiene, se va a la competencia. El sector privado tiene mecanismos de regulación de mercado que hacen que las personas, de acuerdo a sus habilidades, ganen menos o más.

En el sector público, no tenemos ese sistema. Las remuneraciones tienen poca relación con la productividad. Un objetivo fundamental, de cualquier reforma del Estado, es que la productividad sea la que oriente la remuneración. La ley SERVIR no contempla eso, habla de evaluaciones, pero en el caso de un ministro, de un viceministro, la evaluación tendría que ser por medio del parlamento, que lo censure o que el presidente decida retirarlo. Y viendo lo que sucede en los sectores interiores, defensa, educación, donde los resultados brillan por su ausencia, uno diría que eso en la práctica no existe y es complicado que se pueda crear un sistema para tal fin. 

Ddlc. ¿Qué otro criterio hay que tomar en cuenta?

JM: El otro aspecto es que lo que importa para que una organización funcione, es que el grueso funcione, no la cúpula, sino la base de la pirámide y que esté remunerada de acuerdo a su rendimiento y tomando en cuenta  lo que permita la caja fiscal, porque es posible que los servidores merezcan mejores sueldos, pero en este momento no se les puede dar el salario que merecen.

Tiene que haber una señal positiva y este aumento es una señal negativa, porque tenemos 30 meses de administración y en sectores claves, como salud, educación, interior, defensa, hemos tenido un largo proceso de negociación, donde estos servidores públicos han estado mendigando por aumentos que no son el doble, sino mucho menores. Incluso ha habido una reducción en las pensiones y va ser muy difícil para una organización, como el ministerio del interior o de salud, que uno tenga un aumento del 10% y el ministro y su entorno del 100%. Eso desmoraliza, porque dirán “¿por qué a él sí y a nosotros no?”.   

En el caso de la pirámide, en la base tiene que haber resultados y aumento. En la cúpula no. El criterio debe ser uniforme, eso es importante para motivar la organización. Creo que los servidores públicos deben de ser mejor remunerados, porque el sector público funciona con nuestros impuestos. El dinero no le pertenece a los ministros, es del ciudadano. Y los ciudadanos reciben muy malos o escasos servicios por lo que pagan, eso se traduce a una falta de legitimidad de la democracia, lo cual es muy negativo.  

¿Ddlc: Qué hacer, entonces?  

JM: Tenemos que abocarnos en lo que está fallando, no centrarnos en transferencias, que pueden ser buenas ideas cuando tenemos resueltas todas nuestras necesidades básicas, como salir a la calle y tener un grado de seguridad mínimo. Si tengo una disputa con un inquilino que no quiere salir, no tengo que ir con un matón. Hago una denuncia y se resuelve de manera justa en un plazo razonable. Eso es fundamental para el desarrollo de una sociedad.  

Del mismo modo, si tengo un problema de salud, me descuentan todos los meses, porque si no me atienden no me descuentan. En la universidad, hubo un caso de un vigilante que tuvo un problema serio en la rodilla, no podía caminar, y todos hemos sido testigos de que pasó seis meses antes de que lo operaran. Le tuvieron que romper la rodilla nuevamente, se lo tuvieron que hacer a los días del accidente, eso es dramático y va a determinar si camina o no después. No quiero ni pensar lo que ocurre con enfermedades crónicas donde la atención es escasa. Tampoco poseemos educación pública que nos ayude en el mercado laboral y tenemos - si podemos - que completar esa educación con la privada, que es cara. Para hacer un trámite ante el Ministerio de Trabajo, hay que contratar un abogado a tiempo completo y una empresa de 6 personas no está en capacidad de hacerlo.

Ddlc: ¿En su opinión, cuál es el papel del Estado?

JM: El Estado es un agente mediante el cual se toman decisiones colectivas, tiene que  establecer prioridades con el 20% del P.B.I que recauda, no como un Estado europeo, que tiene 50% del P.B.I. Tenemos que decidir en qué gastamos esos impuestos. ¿Queremos hacer un montón de cosas mal o concentrarnos en realizar lo que establece el acuerdo nacional sobre educación, seguridad, justicia y salud? Eso no quiere decir que se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo, promover nuestra cultura.

Con esta iniciativa, muy mala idea, se está desperdiciando un capital político que podría tener el gobierno al proponer una reforma del Estado con la cual todos los sectores estarían de acuerdo.

Ddlc: Pero ese es un tema tabú en la política peruana. Lo venimos escuchando desde los años 80.

JM: La reforma del Estado se propuso después de la guerra con Chile. Ya, en esa época, se decía que el Estado no funcionaba. Subirles el sueldo a los ministros no creo que tenga resultados concretos. Resultaría mejor pagarles más a los maestros sobre resultados. El problema es que el beneficio de esa medida se vería en 10 años, no tiene rédito político inmediato, y sí un costo, porque se tiene que discutir con el Magisterio, pero esas son las reformas que necesita nuestro país.

Es fácil subirse el salario uno mismo, pero estamos desperdiciando años valiosos cuando el país tiene recursos como nunca en nuestra vida republicana, pero se está convirtiendo en un Estado que quiere hacerlo todo, pero no hace nada bien y esto para no hablar de lo que significa este anuncio para el ciudadano común que no recibe aumentos y que tiene que escuchar frases como “hay que esperar” o eso no “está en agenda”. Si fuera una empresa privada, como la Coca-Cola, y los directivos deciden que su plana gerencial debe ganar el doble es un problema de Coca Cola, de sus accionistas y de su sindicato. Sin embargo, esto es un tema de Estado.

Nadie habla sobre cuánto ganan los abogados de La Haya, porque tenemos un resultado positivo con un equivalente a 50 mil kilómetros cuadrados de superficie. Ni siquiera, nos hemos planteado la pregunta, porque la gente entiende que las ganancias de este grupo de profesionales se justifican. Si el resultado hubiera sido inverso, el cuestionamiento sería válido.

Ddlc: ¿La ley SERVIR contemplaba aumentos?

JM: Tal y como fue aprobada en diciembre de 2012, la ley SERVIR contenía un montón de disposiciones. Lamentablemente, una de ellas era que los aumentos se podían hacer vía Decreto Supremo. Esa ley no se discutió, no hubo debate público, fue aprobada entre gallos y medianoche con otras reformas y hay que indicar que no es ilegal. Pero lo que ha hecho el Gobierno, simplemente, no es una buena idea.      

Ddlc: Se habla mucho de aplicar meritocracia en toda nuestra administración. ¿Cuál es su opinión al respecto?

JM: La meritocracia debe ser la norma, pero debe comenzar de la base y la ley SERVIR no es mala. Yo no estoy en contra de la ley, estoy en contra de este aumento y el orden de las cosas. El aumento no asegura meritocracia, que es el poder del mérito. ¿Qué mérito hace una persona para ser ministro? ¿Quién lo evalúa, el parlamento? Ese criterio en la práctica no existe, es una fantasía. Si se aplicara al profesorado, excelente, aunque sea impopular y es el camino que inició, tímidamente, un gobierno anterior y que este régimen ha descartado por completo por razones políticas y hay que retomarlo si queremos una educación pública de calidad. 

Ddlc: Ojalá que el nuevo ministro de Educación lo retome.  

JM: El ministro está muy bien preparado, es un técnico, pero ése no es el problema.

Ddlc: Hemos tenido muchos ministros técnicos, pero incapaces de actuar políticamente, tal vez por el origen del gobierno.  

JM: Puede ser, pero también por la interferencia de la pareja presidencial. En cualquier país, el ministro nombrado por el presidente ejecuta las políticas, pero si el ministro con un doctorado y su bagaje no cuenta y el presidente y su esposa le dicen lo que tiene que hacer ¿de qué sirve su preparación?

Ddlc: Tener ministros secretarios que digan “sí, señor” es malo, pero que digan “sí, señora” es peor. Porque la señora no puede tomar decisiones en el ejecutivo sin rendir cuentas.   

JM: Y porque no la hemos elegido, y la selectividad consiste en que tal o cual ministro con un salario alto atrae técnicos buenos, que sabe de la materia, pero va a ser sumiso. Va a hacer cualquier cosa que le digan y se ha cortado la negociación con la oposición, que es fundamental en una democracia.

Ddlc: El presidente no tiene ese espíritu de diálogo, quizá por su formación militar o porque no ha aprendido, como otros oficiales, a concertar.

JM: Es posible.

Ddlc: Hay un lugar común según el cual la medida del ex presidente García de reducir los sueldos a los funcionarios públicos ocasionó más problemas que soluciones. ¿Eso es exactamente así o lo podemos exonerar por lo menos de esto?

JM: El ex presidente García tiene mucha responsabilidad directa en esta materia, porque el descalabro económico de su primer gobierno, ocasionó las bajas remuneraciones en el sector público.

Ddlc: Pero las remuneraciones ya, en esa época, eran malas.

JM: Sí, pero él agravó la situación, la cual no se ha superado todavía. La medida del 2006 fue negativa porque generó, no en el caso de los ministros, pero sí en los funcionarios de menor jerarquía, alguna migración al sector privado. Lo positivo fue que, en ese contexto de una segunda administración democrática, se buscaba legitimidad ante la población. El mensaje era: “Nos ajustamos el cinturón todos, y el Estado dará el ejemplo”.

Yo he escuchado argumentos como que los Ministros tenían que enseñar domingos, porque no les alcanzaba, tenían que cambiar a sus hijos de colegio. Dudo mucho que alguno haya pasado hambre. El ministro tiene una serie de beneficios como viáticos, transporte, seguridad y, después de ser ministro, se le presentan una cantidad de oportunidades laborales que no hubiera tenido antes, como conferencista o académico.

En el 2011, esta medida se modificó y ya había sueldos mayores a los de ministros que les pagaban de otras formas con dinero de la cooperación; esto sinceró esa distorsión. Se necesita acometer una real reforma del Estado.

Ddlc: Pero nadie quiere hacerla y lo que se avanzó en los 90 se detuvo por razones políticas. 

JM: Hay que esperar otro gobierno, debate y suficiente madurez de nuestros políticos para empezar la reforma de común acuerdo, como la del Magisterio.

Ddlc: Hay que negociar con el SUTEP y otros promotores educativos.

JM: Eso es parte del diálogo.

Ddlc: El gobierno tiene un estilo beligerante.  

JM: De acuerdo, genera pérdida de la confianza.

Ddlc: Ahora se afirma que la medida se está discutiendo en el Consejo Nacional del Trabajo.

JM: ¿Lo del salario mínimo?

Ddlc: Bueno, eso que es un coletazo.

JM: Toda nuestra legislación laboral es letra muerta, porque para hablar sobre el salario mínimo hay que recordar que sólo el  20% de la fuerza laboral está en planilla (3 millones de personas). De esa cantidad, menos del 5% gana sueldo mínimo, entonces el sueldo mínimo afecta a muy pocos en la población, porque el grueso de nuestra población laboral es informal. Y es informal, porque nuestras leyes son tan complicadas, con costos, que nuestras empresas no pueden pagar y, mientras eso no cambie, sirve de muy poco. El cambio ha sido por un tema político.

Ddlc: Sí, pero generó la salida del señor Villanueva.

JM: Ese ha sido un pretexto para deshacerse de él. Hubiera sido por cualquier otra cosa. Creo que ya estaba decidido, han escogido esta oportunidad y lo han hecho con bastante torpeza. Han dicho “nosotros nos subimos el sueldo” y, para el caso de los demás, “es mucha plata” y “genera inflación”.

Nuestras leyes laborales generan informalidad y nuestra discusión debería ser cómo la reducimos y no es que la gente quiera ser informal. Toma esa opción, porque la formalidad es costosa y complicada en tiempo, molestia. Tenemos un cúmulo de barreras que nos ponemos nosotros mismos. Nos quedamos en los detalles, peleamos entre nosotros y no abordamos los problemas del Estado, y por tratar de hacer algo que funcione.