Desde que cayó la corrupta autocracia fujimorista, a la que se acusaba y se acusa, no sabemos con qué sustento, de neoliberal, una categoría no económica, la restauración democrática (si es que se le puede tildar de tal) ha vuelto con un sector renovado y recargado: la progresía.

Herederos, o por lo menos influidos por liberales, pero también por socialistas, los progresistas nos ofrecen y nos prometen un país, un mundo y una sociedad mejores: derechos humanos para todos, trabajo para todos, educación para todos. O como le llamaríamos ahora: inclusión.

Este sector no reniega necesariamente de la propiedad privada ni de la autoridad democráticamente elegida, pero con sus acciones, bien intencionadas, claro está, termina espantando a la primera y paralizando a la segunda. Vía regulaciones, controles y ese tipo de cosas. Tiene una tendencia por el igualitarismo, pero desgraciadamente, no comprende que no existe lo perfecto.

A este grupo pertenecen, con matices, dos de los tres últimos gobiernos y este gobierno municipal, y donde podemos excluir al gobierno aprista.

Alejandro Toledo forma parte de este redil. Su régimen, luego de desmontado el aparato de control político del fujimorismo, fue más allá. Dispuso nuevos juicios para los sentenciados por terrorismo y gran parte de ellos volvió a las andadas. Porque para algunos son casi, casi, palomillas de ventana. Justicia para todos. Con Toledo también se empieza el 2005, con criterio electorero, el programa ”Juntos”, del cual hasta ahora nadie nos informa de sus resultados, y luego de haber dicho que “al pobre no hay que darle pescado, sino enseñarle a pescar”. 

Pero para el toledismo resultó mejor regalar 100 soles para que se compre lo que se desee, vaya uno a saber con qué criterio. Durante ese gobierno se flexibilizó también la legislación en materia de seguridad, y además se repuso a los despedidos por ceses colectivos, muchos de los cuales, probablemente, ya habían firmado su renuncia y gastado su indemnización. Pero había que hacer felices a todos. Y ya vemos las consecuencias: más burocracia e inseguridad. 

Cuando asumió el poder, el presidente Ollanta Humala, y luego de firmar su apresurado paso de antisistema a social demócrata (como también se le puede denominar a los progresistas) de la mano de Felipe Wermuz (Luis Favre) inició su gobierno con su eslogan, “Crecimiento con inclusión”, que no hacía sino encarnar los valores del progresismo. Un gobierno para todos, es algo utópico y hermoso, pero imposible. Un gobierno es para las mayorías, no para todos. 

Una vez instalado en el poder, el humalismo empezó a desarrollar lo que es su concepto de inclusión, por lo menos el que se ve hasta ahora, con programas asistencialistas, y no sabemos si en algún momento pasarán a ser productivos, con lo cual el régimen se asegura unos cuantos votos. Clientelismo le llaman. Afortunadamente, los contrapesos al interior del estado han impedido hasta ahora que el asunto se salga de control. Pero nada garantiza que eso no ocurra en el futuro. 

A este grupo también pertenece nuestra alcaldesa, Susana Villarán, y su eslogan sintetiza también el progresismo: Ciudad para todos. Pero como mencionamos durante su campaña en nuestra columna (Entre lo cuestionable y lo indefendible), no le importó asociarse con grupos radicales como Patria Roja, y Tierra y Libertad, partidos pequeños pero organizados. La alcaldesa afirma no oponerse a la inversión privada, y ha anunciado recién fabulosos proyectos, pero sus revoltosos socios, especialmente en el interior, sí. Planteó la revocación, pero ahora que se le va a aplicar a ella, está en contra.

Si al APRA se le acusa de tener una escopeta con dos cañones, las autoridades progresistas tienen cañón múltiple. La burgomaestre empezó criticando un año la gestión de Luis Castañeda, en vez de trabajar. Su discurso de ascensión de mando fue una verdadera catilinaria contra el ex alcalde, en lugar de ordenar una auditoría y esperar que los órganos encargados hagan su trabajo.

También criticó sus escaleras, pero construyó más de mil. ¡Perdón, menos de 200! Y algunas de ellas apenas las pintó. La misma actitud tuvo con la Línea Amarilla. Se indignó cuando el concesionario del Metropolitano incrementó el pasaje a 2 soles y señaló que el contrato estuvo mal negociado. ¿Por qué no lo dijo al día siguiente de asumir su mandato? Habló mal de los Hospitales de la Solidaridad, y según dice ha construido cuatro. A los vecinos nos gustaría verlos terminados, equipados y funcionando.

Y no hablemos de la Herradura, del Puente Rímac, de sus patrulleros y los excesos de sus voceros. Pero la “construcción de ciudadanía” y repartir medallas es más importante para la señora Villarán que las obras físicas y las soluciones integrales.

Desesperado por la falta de respaldo, el municipio hizo mal lo que estaba bien (el cruento traslado del mercado de La Parada a Santa Anita), ha emitido una legislación pro taxistas, a pesar que señaló que se iba a reordenar el sector, y ha puesto inspectores de tránsito en la avenida Abancay. Una serie de medidas más efectistas que efectivas.

En este escenario la alcaldesa también se ha enojado porque la llaman incapaz. Tiene razón. Es su gestión la que ha sido incapaz de seguir políticas públicas en bien de la ciudad. Y las que ha emprendido las ha hecho a regañadientes.

Para el colectivo del NO, la salida de la alcaldesa paraliza la ciudad. La pregunta es si Lima es más o menos dinámica que antes. O que la revocatoria cuesta. Pero la democracia, como se sabe, cuesta. Si la revocatoria, que es un mecanismo de la democracia, cuesta, no la hagamos. Ni tampoco elecciones, y volvemos a los noventas, o a los setentas, generación donde la alcaldesa tiene simpatizantes.

Las autoridades municipales y sus allegados se quejan del término incapaz, pero llaman mafioso e indecente al que discrepe. Ellos son los sabios, éticos e impolutos. Su capacidad de autocrítica es nula. La culpa siempre la tienen los demás. Esa es su democracia. Es como decirle a un despistado amigo clase mediero que votó por el actual presidente, chavista.

A este grupo también se ha aunado la derecha política (para mantener su empleo, suponemos, o su tribuna) y la CONFIEP (¿para que algunos de sus afiliados no pierdan sus contratos?). La campaña de la progresía usa al señor Joaquín Sabina, quien afirma que a la señora la vacarían porque es demasiado honesta. ¿La competencia no es un valor? ¿Por qué sobrevalorar la honestidad sobre la capacidad? ¿Es que ambos no son importantes por igual? ¿Qué ha hecho el municipio provincial para evitar la burbuja inmobiliaria a la que se refiere, digamos, el trovador fallido Sabina en el video que se difunde en Internet? ¿Ha emitido normas sobre zonificación? ¿Qué opinará la Cámara Peruana de la Construcción sobre este proceso? 

La campaña del NO ubica paneles que dicen NO a la violencia contra la mujer. Quien vota por el SÍ, ¿desea que a su pareja, hermana o vecina, le den palizas gratuitas? Es un argumento pueril e insultante. E igual de insultante que calificar de marihuanero al rival. 

Las taras e incoherencias de la progresía no libran a la derecha ni a los sectores ultraconservadores de responsabilidad, que al igual que en la pasada elección presidencial, realizan alianzas anti históricas, mientras que los partidos sólo aspiran a reposicionarse, en vez de reinventarse.

Estar a favor de la salida de la señora Villarán y sus allegados no implica favorecer la entronización del ex alcalde Castañeda, ni mucho menos soslayar la corrupción. Pero, parafraseando a Luis Buñuel, el discreto encanto de la progresía piensa que sí. La misma que ha demostrado en la gestión de la comuna limeña, incapacidad supina.

Este mes tenemos una decisión importante que tomar. A favor o en contra. Pero tomémosla luego de un mínimo análisis y con sentido común (que es el menos común de los sentidos). Y los grupos en disputa deben aceptar los resultados.