La decisión inconstitucional para algunos, o simplemente golpe para otros, del gobierno de Martín Vizcarra, de “disolver constitucionalmente” vía una surrealista negación fáctica (¿?) de una cuestión de confianza ha generado adhesiones, justificables, si nos atenemos a la desastrosa actuación del Congreso, a nivel popular y a nivel político.

Sin embargo, personalidades como el Dr. Óscar Urviola Hani, expresidente del Tribunal Constitucional, diputado cesado por la disolución del Congreso el 5 de abril de 1992, y autoridad en la materia, discrepa en torno a esta decisión.

Nuestro entrevistado considera que se ha perpetrado un golpe de Estado no tradicional, tan inusual como la situación que lo generó, o el hecho que esta vez los tanques no salgan a las calles, sino que quienes pueden disponer su salida vayan a palacio en una demostración fáctica - nunca mejor dicho- de un apoyo real, pero del cual después se podrían arrepentir, tal como les ocurrió a los generales del 92.

Ddlc: ¿Usted ha calificado la decisión del presidente como un acto fuera de la Constitución? ¿Constituye una infracción o se puede definir como un golpe de estado?

O.U: He manifestado que sí considero el cierre del Congreso como un golpe de Estado, pero no como uno tradicional, como hemos tenido a lo largo de nuestra vida republicana, de constantes interrupciones del orden democrático bajo formas tradicionales, donde se sacaban tanques a las calles.

Ahora se estila llevar los militares a palacio para consolidar una decisión de este tipo, que significa quebrantar el orden constitucional, cuando un poder del Estado que comparte la responsabilidad de gobierno interfiere en las competencias de otro, a través de interpretaciones bastante forzadas, como decir que la cuestión de confianza ha sido denegada “fácticamente”.

Ddlc: ¿Cómo evalúa este argumento?

O.U: Eso es algo que no se puede admitir, en vista que, para los entes colegiados como el Congreso, se necesita la expresión del cumplimiento colectivo de formalidades, como la convocatoria a un pleno, la votación que en algunos casos puede ser calificada, o una votación simple.

Todas estas acciones reflejan de manera indudable que ha habido una expresión de la voluntad de un colectivo - que no es más que la suma de individualidades - y sólo después del debate se puede determinar si ha habido voluntad colectiva o no.

Para mí es muy forzada la interpretación de la negación fáctica. Ha sido, digamos, la forma de justificar una decisión política, con las consecuencias que ya conocemos.

Ddlc: ¿Puede el presidente demandar que en 3 días el Congreso se pronuncie sobre su proyecto de reglamento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC)?

O.U: La confianza estaba solicitada para un proyecto que de ninguna manera podía aprobarse en la misma sesión de manera express. Se admitía, iba a trámite, y aun respetando el carácter que tienen los proyectos del Ejecutivo, que pueden ser tratados con urgencia, lo cual significaba ponerlos primeros en la lista para ser evaluados y debatidos, conforme al procedimiento de elaboración de leyes establecido en el reglamento del Congreso, deben pasar a comisiones, salvo que la Junta de Portavoces lo exonere, vaya al pleno con las votaciones que exige una ley orgánica, y se aprobaba.

Incluso la cuestión de confianza no podía estar referida a condicionar una competencia exclusiva del Congreso, como es elegir a los magistrados del tribunal.

Claro está que se han presentado situaciones como la incursión del presidente del Consejo de Ministros al hemiciclo, y un apresuramiento de la votación, lo que ha generado un resultado difuso, porque no se han resuelto las observaciones pendientes. Por lo tanto, ni la confianza se ha denegado, ni la elección del miembro del TC se ha concretado.

Ddlc: ¿Cuánto tiempo debía demorarse el estudio y la discusión del proyecto?

O.U: Era un proyecto bastante aceptable, creo que, si se aplicaba al proceso en marcha, y se analizaba con urgencia, podría no haberse demorado más de una semana. Era razonable, porque en realidad la forma en que se introdujo en la ley orgánica, variando la modalidad de concurso a invitación, ha generado en las últimas dos elecciones una serie de problemas como el recordado asunto de la repartija, y el que nos ocupa.

Siempre he pensado que el sistema por invitación era bastante arbitrario, y no estaba sujeto a los estándares de regularidad y probidad que debería tener esta elección.

Ddlc: ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto en sí?

O.U: Por ello, el hecho que en este proyecto se estableciera que las postulaciones deban ser de origen institucional, vinculadas a las facultades de derecho de las universidades debidamente licenciadas, los colegios de abogados, a fin de variar la propuesta del Ejecutivo, donde decía que las propuestas institucionales, podrían dar lugar a que cualquier entidad social pudiese intervenir; me parece positivo.

La idea era comprometer entidades académicas de prestigio, para que al hacer propuestas tengan claras sus responsabilidades, y comprometer a personas con las calidades adecuadas. Ese aspecto me parecía interesante, así como el periodo de tachas, y la realización de una audiencia donde se pueda conocer las condiciones de cada uno de los aspirantes.

De tal manera que este proyecto era bueno, podía habérsele hecho algunos ajustes, emitir un dictamen en unos 4 o 5 días, pasarlo al pleno y aprobarlo en una semana.

Ddlc: ¿Cuál fue el problema, entonces?

O.U: El Ejecutivo ha confundido las cosas cuando ha vinculado la cuestión de confianza con el procedimiento en curso, y exigía que el proceso se adecuara inmediatamente a un proyecto de ley que todavía no había sido aprobado.

Ha habido intransigencia de los dos órganos, porque creo que políticamente el Congreso podría haber decidido soberanamente detener el proceso, aprobar el proyecto con eventuales modificaciones, reanudarlo, y quizás aplicarlo al procedimiento con nuevas reglas, que dentro del ordenamiento jurídico era bastante aceptable, porque las normas procesales pueden modificar los procesos en curso. Son normas adjetivas.

Pero como había intransigencia de ambas partes, decidieron votar con el sistema anterior. Ahí se ha producido una interpretación errónea del gobierno, en el sentido que significaba la negación de la confianza.

Ddlc: ¿Cómo evalúa la iniciativa de reemplazar el TC por una Sala Especial en la Corte Suprema?

O.U: No, no es posible. En un Estado Constitucional de Derecho, que apunta a vivir en una democracia moderna, los órganos de control constitucional tienen que estar fuera de los que se ejerce el control.

Las salas constitucionales que están dentro del Poder Judicial o de la Corte Suprema, solo existen en estados federados, que son totalmente distintos al nuestro, como Brasil, México, Argentina y Estados Unidos, donde la Corte Suprema al mismo tiempo tiene el control constitucional. Pero en países unitarios y republicanos como el Perú, es aconsejable que estos órganos que ejercen control sobre todos los demás órganos del Estado estén ajenos a éstos.

Ddlc: Lo que ocurre es que siempre se cuestiona que el TC se vuelve, de alguna manera, un “mini parlamento”, donde se habla de intereses y copamientos.

O.U: Así es. Máxime en nuestro caso, donde nuestro sistema de representación es unicameral, con una cámara que ejerce todas las funciones a diferencia de otros países. Incluso países de representación unitaria y republicana poseen un sistema bicameral, cuentan con una cámara de senadores y otra de diputados.

Ddlc: ¿Cómo calificaría usted los proyectos del Ejecutivo sobre reforma de la administración de justicia y reforma política?

O.U: Algunos eran bastante aceptables, el de elecciones internas me parece bien, los asuntos de paridad y alternancia no reflejarán una mejora en la calidad del Congreso. La calidad la determinará no el sexo ni la cantidad, sino la capacidad, sólo eso garantizará la plena representatividad democrática del parlamento. Esos temas sólo distraen la atención.

Ddlc: ¿Qué reformas se podrían plantear: distritos uninominales, eliminación de la cifra repartidora, ¿mandatos de 4 años?

O.U: Hay muchos asuntos que se deben abordar sobre ese tema. La misma no reelección de los parlamentarios debería ser revisada, puede generar problemas en el futuro.

Las circunscripciones electorales tienen que reducirse, para establecer una relación más cercana entre el representante y el representado, y también revisar el tema de la cifra repartidora para que no se repita lo ocurrido en este Congreso, donde con un 27% de elección se obtienen más de 70 curules. Eso constituye una distorsión. Además, hay que eliminar el voto preferencial, fortalecer las elecciones internas.

Ddlc: Hay quienes describen la actual crisis constitucional como anómala o excepcional (imprecisas), y que por lo tanto se podría entender planteamientos como “negación fáctica”. ¿Deberían precisarse los protocolos?

O.U: El problema es que hemos tenido mucha inestabilidad en nuestra democracia, desde nuestra fundación. Entonces, siempre va a haber etapas en las que vamos a introducir modificaciones para establecer un sistema presidencialista con bastante participación del parlamento.

Es decir, el sistema que por primera vez nos ha puesto en la situación de aplicar una cuestión de confianza, y como no hay antecedentes, surgen dudas, y tenemos muchas opiniones al respecto.

En otros países donde hay tradición democrática, constituciones con vigencia prolongada, y a lo largo de su historia, se han venido aplicando e interpretando, generando antecedentes, mientras que, en nuestro caso, 12 constituciones han generado regímenes distintos, por lo cual surgen novedades y situaciones inéditas, pero de alguna manera van a tener que generar precedentes para el futuro.

La inestabilidad siempre nos pone frente a esta circunstancia. Después de cuatro sucesiones democráticas ordenadas, lamentablemente hemos interrumpido este récord, y vamos a tener que esperar más de 20 años para superar ese récord.

Ddlc: ¿Cuatro meses no es un plazo demasiado extenso? En 3 meses podría estar definido el nuevo Congreso. Sería una locura.  

O.U: Podría solucionarse más rápido si se aplican los términos con un criterio diligente, en el sentido que el pedido de calificación de la demanda sea lo más rápido posible, porque se tratan de aspectos formales. Pero existen plazos de ninguna manera se pueden incumplir, en razón que están librados a la decisión que tenga la parte demandada, el Ejecutivo, el cual dispone de 30 días hábiles para contestar.

Generalmente responde en los últimos días, porque se toma todo el tiempo posible para elaborar una contestación, eso no se puede reducir. Y quizás realizar una audiencia para inmediatamente después de contestada la demanda, analizar el caso, y escuchar a las partes. Si se suman estos días hábiles, el proceso va a durar no menos de 3 meses.

Ddlc: ¿Está el TC en capacidad, de considerarlo, de emitir un juicio libre de presiones, especialmente frente al Ejecutivo?

O.U: Se podrían reducir algunos plazos. De alguna manera es impredecible, pero dada la distribución de fuerzas en el TC cómo podría emitirse una sentencia que se ajuste exactamente a la Constitución, y no quizás coincidente a la necesidad de una coyuntura política que pareciera consolidarse en este momento.

Ddlc: ¿Cuándo algunos constitucionalistas mencionan que, si bien hubieron hechos anómalos, se respondió de acuerdo con el escenario político, se basan en alguna doctrina o teoría constitucional?

O.U: Existen hechos anómalos, empezando por la decisión del presidente, la cual lamentablemente ya está produciendo efectos. En la práctica existe un gobierno afirmado en el poder, que ejecuta, y va a seguir así.

En política hay que considerar el criterio de primacía de la realidad, pero se debe propender una salida constitucional lo más pronta posible de esta crisis.

Ddlc: ¿Con estas normas, ¿qué nos puede deparar este proceso electoral?

O.U: Con las normas y plazos vigentes, no sé si se pueda garantizar que ese Congreso que tendrá una gran responsabilidad en dos legislaturas ordinarias, que podría tal vez establecer la vuelta a la bicameralidad, lo hará. Y que además debería respetar de manera estricta un modelo económico que ha servido para que el país pueda crecer, y obtener cifras tan halagadoras como la reducción en la pobreza.

Se espera que quienes participen en este complejo proceso puedan llevar a los elementos más probos y capacitados que se requieren para que nuestro país logre estos fines.