El dirigente cajamarquino que, al parecer, quiere lanzarse de liebre para las elecciones de 2016, ha señalado que Conga no tiene licencia social, cosa que parece quedar demostrada con la encuesta que revela que un 78% no está de acuerdo con el proyecto, mientras un candoroso Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar – Vidal, ha declarado que siempre habrá una silla para él.

 

Esperemos que mientras el proyecto se suspende o se cancele, al menos la ciudad recupere algo de su dinamismo, hasta las próximas elecciones, y que las bravatas de este trío, Santos, Hernández y Arana, cesen. En el camino queda la deslucida labor de los facilitadores (¿o debemos decir “dificultadores”, especialmente el padre Garatea?).

 

¿Por qué insistir en un proyecto que tiene un rechazo tan alto de parte de la población? ¿Es posible realizar una inversión en un estado de ”paz armada” o de desconfianza? Es evidente que los ultras han tenido mucho éxito en persuadir al grueso de la población de los reales o supuestos daños del proyecto. Algo en lo que la empresa y el estado han fracasado rotundamente, y además, sienta un peligroso precedente: que los proyectos se definan, de ahora en adelante, sólo por criterios o intereses políticos. 

 

Por otro lado, al igual que lo ocurrido en los dos gobiernos anteriores, este primer año de gobierno humalista muestra con mayor dramatismo el desencuentro entre el gobierno central y regional, pero podría empeorar porque expectativas como los gasoductos, bien o mal planteadas para Puno, Huancavelica y Cusco, podrían generar nuevos conflictos.

 

Resulta imprescindible entonces evaluar la política de descentralización, más que discutir otros temas como el bicameralismo, como abordamos en esta ocasión. Y nuevamente, la descentralización nos lleva al tema central que en esta página se ha destacado constantemente: nuestro sistema político, todavía con rezagos de caciquismo y clientelismo, es el origen de gran parte de los problemas del país.

 

Al interminable problema de Cajamarca, que satura la opinión pública y perjudica la economía local, se suma la huelga del sector Salud, una medida que puede parecer justificada, pero que perjudica principalmente, y una vez más, a los pacientes, mientras el ministerio no anuncia ningún plan de reformas que enfrente el origen del problema: la falta de administración en el sector, acaso uno de los más complejos y caóticos del estado. 

 

Mientras tanto, en el sector Educación, algunas facciones del SUTEP continúan su huelga, afectando a miles de alumnos, y el gobierno pretende combatir a Sendero Luminoso desde el derecho penal, y no desde la política, contraviniendo el derecho de opinión. Con esto, Sendero - que tiene mucha presencia en este sindicato, un anexo de la izquierda radical - está ganando una lucha política, un aspecto que el estado y la sociedad han olvidado olímpicamente, más allá de las declaraciones, por supuesto. Y el SUTEP oficial en su afán de recuperar protagonismo político y presentarse como quien defiende los derechos de sus asociados, ha anunciado una huelga. Pero a este grupo no le interesa los estudiantes, ni mucho menos la calidad de educación que imparten.

 

Dentro del gabinete Gonzáles Mayor existen personajes que han demostrado ser intolerantes, como el ministro Cateriano, al acusar a sus opositores de conspiración por ejercer su derecho a crítica sobre un proyecto de reforma de las Fuerzas Armadas y Policiales, un tema sensible para el país, y el ministro Pedraza, que declara por un lado que los caídos en la operación "Libertad" no pueden ser héroes, mientras el general Salazar, director de la Policía, dice que hay que esperar 60 días. El heroísmo depende del tiempo, según esta sopa de letras de las autoridades.  

 

Finalmente, el estado peruano hizo un ridículo mayúsculo de nivel internacional al presentar dos posiciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un estado puede tener una posición correcta o incorrecta, pero tiene que ser única y firme. Sin embargo, la ministra Rivas, una de sus representantes, ha señalado que es una audiencia preliminar, olvidándose del daño que se hace a la imagen del país. 

 

El gabinete Jiménez Mayor - que supuestamente es el gran coordinador y ejecutor de las políticas gubernamentales - ha demostrado desgraciadamente, hasta ahora por lo menos, con su incapacidad y con su inercia, que es un gabinete menor.