Vistos los últimos acontecimientos, está claro que la progresía, enquistada en sectores como medios de comunicación, fiscales y judiciales, busca retomar su presencia y predominancia, aclarando no ha sido un sector “elegido (no” electo”) como erróneamente se dice.

A los regresos de los hipercuestionados Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez, y los incapaces fiscales Rafael Vela y José Pérez, se suma ahora la tentativa de regresar a su puesto al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, mientras que el polémico Jorge Salas Arenas sigue firme, quejándose y victimizándose, en vez de responder a las críticas con claridad.

Aparte de esto, el caso Odebrecht sigue su curso, inconsecuente y escandaloso, aun cuando parte de la prensa cercana a ellos “despierta”. Las menciones políticas de Pérez en la audiencia generan arcadas, pero no hay sanción ni pasible ni posible para este par de personajes absolutamente nefastos para la justicia y política peruanas, quienes han realizado una persecución política más que jurídica, mientras que los principales involucrados (expresidentes, básicamente) siguen tranquilos, en medio de procesos interminables e improductivos, y que constituyen un verdadero escarnio para quienes -ilusamente-creemos en la justicia.

Otro hecho ineludible de este contraataque o ataque progresista es la enorme dilación en verificar los dichos de Jaime Villanueva, sobre, por ejemplo, las coordinaciones entre la funcionaria del Jurado Nacional de Elecciones, Janet Talavera, y la fiscalía para afectar a Keiko Fujimori. Y diríamos exactamente lo mismo si la mención fuera contra otros candidatos. El derecho defiende principios, no personas, pero a estos nefastos personajes y sus áulicos no les interesa. Se saben poderosos.

Algo similar ocurre con el señor Gustavo Gorriti, medios y otros digamos periodistas mencionados de recibir fondos sin registro de una ONG estadounidense.

Por último, está la inefable CIDH, “conminando” al país a que deje sin efecto una ley que regula el carácter de prescriptible de los derechos de lesa humanidad, argumentando que “afectaría a las víctimas”. Sería interesante, que, alguna vez, la corte y comisión se pronunciaran sobre los interminables y abusivos procesos contra militares y policías que defendieron al Perú de la barbarie, como, por ejemplo, ocurrió con oficiales ahogados cuando el año pasado, iban a reprimir las hordas salvajes que quisieron imponer el caos en nuestra patria.

Sin embargo, estos grupos siguen insistiendo, casi sospechosamente, en la responsabilidad del estado, y poco les falta de calificar como terrorismo de estado a quienes actuaron para defendernos de la barbarie.

En el Perú, hemos tenido- y tendremos- gobiernos corruptos, e incompetentes, sin duda, pero no asesinos. Ni civiles ni militares. Ni dictatoriales ni democráticos.

En todo caso, en derecho, como se sabe, las responsabilidades son individuales. Pero cuando el odio prima siempre ocurrirán estos hechos.

Por lo pronto, la progresía quiere mantener la superestructura par ser un “poder fáctico”, -del cual le gusta tanto hablar- para imponer su agenda LGTB, el ridículo lenguaje inclusivo, mantener el poder(mediante su poderoso aparto electoral, político y mediático, para lo cual no ha sido elegido y a través de procesos controvertidos encumbrar gobernantes cono Vizcarra, Castillo, y hasta peores, mientras que ellos pontifican y hacen caja con onerosos documentos que no son de aplicación práctica en políticas públicas razonables y sensatas.

De mantenerse esta situación, nuestra política y justicia estará igual o peor. Estamos prevenidos.

En medio de este escenario, deploramos y manifestamos nuestra consternación por el atentado sufrido y fallido contra el expresidente Trump, sobre el cual queda mucho por averiguar. Pero más allá del hecho, como peruanos que hemos sufrido la violencia terrorista, condenamos el hecho, y esperamos que el país del norte salga del estado de polarización y fragmentación en el que se encuentra, aunque esto parece ser la mención un deseo, por ahora.