La sucesión presidencial hacia la presidenta Boluarte ha sido impecable desde el punto de vista constitucional. No era una advenediza. Era la llamada por la Constitución. Fue elegida junto con el expresidente Castillo en la misma plancha, el mismo día y con los mismos votos. Tenía la misma legitimidad. Por eso, ante la inobjetable vacancia de Castillo por la flagrancia en un golpe de Estado, vista en vivo y en directo, le correspondía ser ungida como presidenta constitucional. Y así lo hizo al principio de la tarde del pasado 7 de diciembre.

Pero he aquí que, habiendo juramentado hasta 2026, como dice la Constitución, al día siguiente, luego de un mal sueño y peor “consejo”, decidió que su mandato podía recortarse a 2024, llamándose “gobierno de transición”, restando su propia legitimidad y disparándose a los pies. En los días siguientes, el calibre fue mayor, cuando deslizó la posibilidad de que el recorte fuera, nada menos, a 2023. Es decir, ya mismo, como si la euforia de ser la primera presidenta en la historia nacional se hubiese trocado en una papa tan caliente que tenía que desprenderse de ella a la primera de bastos.

Cuando el presidente Kennedy fue asesinado, y el vicepresidente Johnson juramentó en el Air Force One, en pleno vuelo, nunca dijo que sería un “presidente de transición” ni que “adelantaría” las elecciones. De hecho no lo hizo, y completó el mandato presidencial. Otro tanto ocurrió cuando el presidente Nixon renunció a su mandato y el vicepresidente Ford asumió la presidencia de pleno derecho hasta completar el plazo constitucional.

La regla prevista dice que el mandato vence en 2026. Eso dice la Constitución. Cualquier “adelanto” electoral implica nada menos que una reforma de la Constitución, una alteración de las reglas constitucionales, y eso, ¡oh maravilla!, no depende de la voluntad de la presidenta –ni de sus potestades– sino del Congreso, donde requiere un quórum hipercalificado y donde ni siquiera cuenta con una pequeña bancada.

Es que los “genios” que asesoraron a la presidenta no la vieron. Ni ella tampoco. Mucho contribuyó a la confusión haber designado inicialmente un premier evidentemente incompetente, y que los áulicos de la política, de una u otra laya, esos que permanentemente “leen la calle”, se cogieran del asa de la supuesta “transitoriedad” para hinchar por el adelanto de elecciones, chocándose con la realidad de un Congreso que no quería hacerlo, ni tenía obligación para ello. Un adelanto de elecciones es la alteración de las reglas constitucionales actualmente previstas.

Esos gurúes criollos, que son los únicos que saben leer “las hojitas de coca de la política”, no solo pretenden continuar con la desinstitucionalización democrática, sino que –en no pocos casos– tienen un claro conflicto de intereses, pues quieren ser los candidatos de lo inmediato, o regresar al poder de las mieles del Congreso. Sus posiciones, en muchos casos, no son gratuitas.

Finalmente, el Congreso le dio varios portazos al adelanto electoral. Ya fue. No se hará. Sin embargo, la academia constitucional, en su gran mayoría, apoya el mandato de la presidenta Boluarte. Y no por simpatía política o ideológica, sino porque es lo que la institucionalidad constitucional requiere por el bien de la estabilidad democrática del país. Hay que trabajar en conjunto un plan de gobierno y de desarrollo nacional a 2026. Nada más y nada menos.

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