Según el proyecto de opinión publica de América Latina (LAPOP), el Perú encabezó el 2022 la lista en América Latina con la más alta percepción de corrupción entre sus políticos, con un porcentaje de 88%.

La agencia de marketing Activa Perú – reveló, por su parte, en una reciente encuesta de opinión que el 46,2% de los peruanos confesaron que la corrupción es el principal problema del país. Según la Contraloría General de la República, se ha perdido más de 24 mil millones de soles por este flagelo.

Las economías afectadas por un alto nivel de corrupción no pueden prosperar, en comparación con aquellas menos corruptas, porque esta impide que sus leyes funcionen libremente. Como resultado, la corrupción enquistada dentro de la política y economía ocasiona también un serio deterioro social.

Además, es contraria al crecimiento económico porque desalienta la inversión privada al dañar la predictibilidad del sistema jurídico, genera un escenario riesgoso para los emprendimientos, disminuye las condiciones para la creación de empleo, ya que promueve la incertidumbre jurídica, la inestabilidad política e inseguridad pública, entre otros.

Adam Smith afirmó que un país tiene que poseer, entre otras características, “un esquema jurídico de justicia para todos”; a fin de generar confianza, incrementar la inversión privada y el mayor crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

La corrupción en nuestras instituciones tutelares es un problema estructural que no solo pasa por asignar mayor presupuesto al Poder Judicial y Ministerio Público para sueldos e infraestructura; sino adoptar medidas radicales y efectuar un cambio, ya que este limita el crecimiento y no contribuye a reorientar nuestra economía hacia un modelo que deje de ser únicamente primario exportador en el largo plazo.

Recordemos que Michael Porter, gurú de la competitividad, afirmó que “la corrupción es una de las deficiencias más graves que limitan el desarrollo”, y afirmó que nuestros éxitos de los últimos años “pueden irse al demonio sino limpiamos el sistema judicial.

Tenemos el diagnostico, pero hay que ir a la acción, y preguntarnos ¿Cómo podemos hacer para modificar el funcionamiento de la justicia, desde su estructura? y ante ello, me pregunto ¿Debe ser obligatorio que para ser Juez ser abogado?; si no existe la profesión de juez, entonces pueden impartir justicia finalmente ciudadanos profesionales de experiencia y probos con otros títulos los también, asimismo nos preguntamos ¿Porque no tenemos la oportunidad de elegir a nuestros vocales supremos del Poder Judicial y Fiscalía de la Nación cada 05 años?, así como lo hacemos con el Presidente de la República y los congresistas: en todo caso debatamos, intercambiemos criterios, pero hagamos algo. Por algo el Licenciado y profesor Luis Peña Kanafany, decía: “más vale poco con justicia que mucho con derecho”.

La corrupción es también fruto de una inadecuada educación, y genera mayor delincuencia, inseguridad, desempleo y contribuye directamente a la crisis económica, y afecta el sistema político.

Según el reporte  Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la corrupción y la delincuencia son los principales problemas en nuestro país. En cuanto a la primera, el 63.7% de la población la mencionó como la principal preocupación. La corrupción está vinculada principalmente al poder político, como el tráfico de influencias, cobro de porcentajes sobre contratos y licitaciones, fraudes, descuentos compulsivos, otros.

No es un asunto menor, ya que afecta a la vida de las empresas y del Estado. Al respecto, quisiera concluir con una cita de López Calera (1997), que bien podría extrapolarse a la situación peruana actual: “la corrupción política, cuando se convierte en delincuencia común, promueve una crisis de legitimidad en el Estado social y democrático de Derecho; por esta corrupción política aparecen muchas críticas al Estado democrático; el pueblo se  queja –y con toda la razón– de los políticos, pero finalmente terminan quejándose del Estado a quienes esos políticos dicen que representan”

Javier Sicilia, por otro lado, señala que “si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales y otros funcionarios públicos honestos, valerosos, transparentes y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz.”       
Estamos en la obligación de afrontar este problema que genera desconfianza en los no solo en los inversionistas sino también en los ciudadanos, factor clave para mantener el incremento sostenido del PBI que debe ser 5% anual, como mínimo.

La corrupción es un problema al cual debemos poner remedio, dados los efectos negativos que tiene sobre la economía, los ciudadanos y del Estado. De la incompetencia-otro gran problema-hablaremos próximamente.

* Economista