La elección de José Williams Zapata a la presidencia del Congreso, luego del efímero paso de Lady Camones, por ese puesto, debería - hablamos en borrador - marcar un punto de quiebre en la tensa y frontal relación ejecutivo y legislativo, pero, sobre todo, un punto de inflexión en la relación de ambas instituciones.

Lo primero que debería hacer el recién elegido titular del Poder Legislativo, es discutir leyes y proyectos que realmente beneficien al país, y no solo favorezcan la estabilidad laboral de los congresistas.

En ese sentido, si realmente se quiere cambiar el estatus quo, es necesario discutir los cambios constitucionales y la legislación electoral. No es posible que el único requisito para gobernar nuestro convulso país sea ser peruano de nacimiento y tener más de 35 años. Debería añadirse por lo menos, títulos o grados, y un conocimiento mínimo de gestión pública o privada o social, cuando menos por cinco años, y de preferencia haber militado activamente en una organización.

Además, el plan de gobierno debería ser de cumplimiento obligatorio (y su incumplimiento, convertirse en delito contra la voluntad popular). La aplicación de algunos de estos cambios, no nos aseguraría una democracia perfecta, pero disuadiría a muchos aventureros.

A estas reformas u otras - que hasta ahora brillan por su ausencia - deberían añadirse otras para regular el mercado distorsionado que tenemos, con empresas que no tributan, tampoco cumplen y abusan de los consumidores (léase Repsol y Telefónica, por ejemplo).

Esto no significa, de ninguna manera, lanzar bravatas como las del expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, o sacar los tanques, como les gustaría a algunos, para estatizar las compañías, sino simplemente que las más serias operen en nuestro país, con todas las garantías. El mercantilismo - al igual que el estatismo y populismo - deben ser combatidos.

Así mismo, el Congreso debe velar por frenar cualquier arrebato rupturista del gobierno, promulgando, por ejemplo, la ley que deroga la disposición referente a la potestad gubernamental de cerrar el Congreso, por dos censuras a ministros y cuestiones de confianza.

Es necesario realizar un control político mayor sobre designación de funcionarios, ámbito en el cual este régimen ha nombrado, qué duda cabe, a los funcionarios más incapaces de los últimos años. No solo hay que ocuparnos de lucha contra la corrupción, sino también contra la incompetencia.

Con la realización de algunas reformas estaremos más próximos a una Economía de Mercado y a un auténtico Estado de Derecho, y no en la Economía Caótica de Mercado (ECM) que tenemos, y siempre bajo el riesgo de que cualquier presidente - este u otro -quieran desarrollar un Proyecto Autoritario Personal (PAP).