El país se acerca no solo a unas elecciones donde no hay mucho para elegir, sino también a un bicentenario donde no hay nada que celebrar, sino más bien mucho por hacer.

El particular esmero que los recientes gobernantes han puesto en esta tarea de colocarnos en esta difícil coyuntura, se ha visto recompensada. En 5 años, hemos pasado de ser un país con cierta expectativa y buenos augurios, a uno sumido en una crisis política sistémica, y con una crisis económica inducida, supuestamente, para controlar otra sanitaria. La responsabilidad del Estado en este aspecto ha sido enorme, pues pese a contar con todos los recursos, no ha sido capaz de emplearlos con un mínimo de honestidad y eficiencia.

Sin embargo, a los ciudadanos no nos queda más que estar en permanente vigilia ante cualquier plan que signifique una alteración del orden constitucional (por ejemplo, una indeseable postergación de elecciones), iniciativa ridícula, pues países vecinos como Ecuador y Bolivia las han realizado. Para no hablar de Estados Unidos, Portugal o Corea de Sur.

Al mismo tiempo, pese a la apatía y el desencanto, debemos tamizar cada propuesta que escuchemos, como por ejemplo un cambio integral de la Constitución, en vez de impulsar, ahora sí, cambios específicos más que en el capítulo económico, en el político, el cual necesita diseñar un sistema que vaya alineado con una economía de mercado fuerte, con la competencia y la regulación necesaria, que favorezca el mercado y no el mercantilismo. Pero que tampoco derive en un estatismo funesto.

En ese sentido, resultan lamentables las declaraciones del presidente Sagasti, las cuales esperamos, de verdad, que solo sean producto de una confusión. Si las compañías o instituciones consiguen vacunas, las aplican a su personal, el Estado dispondrá de más para quienes verdaderamente lo necesiten, y la economía tendrá una recuperación más rápida. Lo otro es promover un igualitarismo nefasto.

Dentro de este listado de agenda también se encuentran las investigaciones contra el expresidente golpista, Martín Vizcarra, cuya pesquisa va a paso de tortuga, o más bien dicho a paso de lagarto, lo que refuerza la tesis de un copamiento de los entes fiscales y judiciales por parte del gobierno de facto y otros grupos.

A propósito de Vizcarra, resulta sorprendente – si algo puede sorprendernos ya - lo que revela el interesante libro del colega Carlos Paredes, en el sentido que no haya sido Marcial Rubio, ni Pedro Cateriano, el impresentable Vicente Zeballos, o Salvador del Solar, sino el autodenominado vidente Hayimi, el principal consultado para tomar la ilegal e inconstitucional decisión que llevó al cierre del Congreso. Y sabe Dios para qué otros temas habrá sido consultado, y si sus servicios fueron “ad honorem”.

Con esto se crea un bizarro y risible precedente: quienes deseen asesorar a un jefe de Estado no deben amanecerse estudiando Ciencias Políticas, Planeamiento Estratégico,  Economía, Sociología, Gestión Pública, Antropología, sino Parapsicología, o ese tipo de disciplinas esotéricas.

A esta situación nos han llevado los gobiernos recientes, donde tenemos poco por elegir, y nada que celebrar.