La aplicación de una segunda cuarentena, que el grueso de la población no cumple, muestra una vez más- aparte de lo inviable que resulta la medida- la supina incapacidad del estado peruano de intentar atajar una crisis tan grave como la que estamos viviendo.

En nuestro país, siempre que ocurren estas hechos, el pagano es el ciudadano. Si ocurre un Fenómeno del Niño, se raciona el agua, si vuela una estación eléctrica de energía, esta se raciona, muchas veces sin mayor explicación.

Es la salida facilista, y abusiva. Si efectivamente, nos encontramos ante un problema de Salud Pública, y el sistema está colapsado, no de ahora, sino de muchos años, corresponde al estado ponerlo en un nivel mínimo de operatividad. Es decir, si no hay camas, adquirir camas. Si no hay médicos, capacitar personal como técnicos en enfermería para que las manejan, como de hecho lo hacen. O relanzar el sistema de Salud primaria (postas, policlínicos, etc), para que los usuarios no se aglomeren y se genere caos en la atención.

Si el oxígeno es escaso, adquirirlo, o montar las fábricas necesarias. El Perú debe ser uno de los pocos países en el mundo donde es un bien escaso. Y entonces ocurre lo de siempre: es el ciudadano quien debe solucionar su problema, tiene comprar su balón, haciendo largas colas. O como antes, cuando ante un corte de energía había que comprar su grupo electrógeno, linternas o velas, según el presupuesto. O cuando se producía el "Fenómeno del Niño", había que compra tanque, cisterna, o su cilindro. Con el estado, por lo general, no se puede contar.

Existen varios negocios que no son focos de contagio: bazares, librerías, ópticas, lavanderías, zapaterías, e incluso algunas galerías, y que siguen las normas y procedimientos de bioseguridad. Si existe un problema de capacidad, hay que controlarla, no cerrar el local. Pero parece que este factor a las autoridades no les interesa en lo más mínimo, aunque la economía se desplome. Es la falsa dicotomía entre salud y economía. No importa lo que dijeron antes de “buscar un equilibrio”.

Los salones de belleza perderían cerca de S/ 50 millones en los quince días de cuarentena, según la Asociación Peruana de Empresarios de Belleza (APEB). Los restaurantes sobrevivientes del primer y abusivo encierro del gobierno golpista están en una situación similar. Pero la única respuesta del gobierno es que la cuarentena se “evaluará”.

La medida ha sido evaluada, reevaluada, y no ha funcionado, las cifras mortales y económicas así lo demuestran. Tal vez es hora que los empresarios reclamen sus derechos, y demanden al régimen la adopción de medidas que realmente controlen el problema sin destrozar la economía.

Es responsabilidad del ciudadano cuidarse, pero es deber del Estado redoblar esfuerzos logísticos y de gestión para que la pandemia no cause más muertes.

Nuestros funcionarios deberían estar frenéticos comprando camas, equipos, oxígeno, y no derrochando el dinero en publicidad y pasteles, o persiguiendo a ciudadanos inocentes desesperados por ganarse la vida. Y menos "retenerlos" de manera abusiva e inconstitucional, o darles "una hora de patio" (paseo), medida tan ridícula como de difícil cumplimiento, como si fueran reos de alta peligrosidad. Y el estado ni siquiera les ofrece disculpas por la afectación de sus libertades.

En ese contexto, y jugando en pared con el gobierno, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley que permitiría a los pensionistas puedan recibir, de manera extraordinaria, 4300 soles, monto que les permitiría mitigar su situación. A esta iniciativa tienen el desparpajo de denominarla populista. La macroeconomía es importante, pero también la microeconomía. Y esta última tiene consecuencias en la salud de las personas. El país no está para experimentos sociales.

En la implantación de la cuarentena “amigable”, aparece nuevamente el estado policiaco que sanciona a los ciudadanos por salir a trabajar o montar bicicleta, contraviniendo derechos constitucionales al trabajo y al libre tránsito, pero que es incapaz de llevar delincuentes y revoltosos ante la ley. Y vuelve entonces la letanía del “quédate en casa” de académicos y colegas convertidos en “propagandistas del encierro”, cuando no de adulones del gobierno.

Para terminar este cuadro de desolación, el Presidente Sagasti emite un mensaje a la Nación como un acto de “control de daños”, al “control de daños” -realizado en la víspera por la Presidenta del consejo de Ministros, Violeta Bermúdez de un revelador audio filtrado que demuestra el desconcierto al interior del gobierno- e informarnos que se había producido un retraso de la llegada de las vacunas por un imponderable, y que nos revelará cuando será la nueva fecha (obvio). La estrategia de comunicación es deficiente, lo cual no debe extrañar, si la gestión también lo es.

En su alocución, el mandatario anunció que el mentado lote llegará el 13 de febrero, y que para el mes de junio habrán llegado 5 millones, pero la verdad es que la cifra resulta, como es evidente, absolutamente insuficiente.

Por tal razón, demandamos que el régimen demuestre que es ejecutivo y no solo deliberativo, o discursivo, y le otorgue prioridad que corresponde a la gestión, antes que a la restricción. Que respeta los calendarios electorales, los derechos humanos, y que no tiene un interés en generar más miseria. Así de claro.