Desde el año 2000, los ciudadanos asistimos a un estado de convulsión casi permanente. No ha habido año, ni mes, ni un día en el que no se hayan realizado marchas, protestas, muchas de las cuales han generado pérdidas de vidas humanas o materiales.

Una de las primeras que ocurrieron, como se recuerda, fue aquella contra el proyecto Tambogrande de la Minera Manhattan. Al caminar por la ciudad, uno se topaba con afiches en los carteles que mencionaban al limón como un producto en extinción, por lo que nos íbamos a privar de nuestro plato de bandera, el cebiche.

Como es de conocimiento público, la empresa se retiró, y hoy, efectivamente, no hay minería formal, pero tampoco hay limones. Y sí abunda la minería informal o quizás deberíamos llamarla ilegal.

Por otro lado, resulta muy extraño que los activistas ambientalistas hablen de los daños de las mineras, pero no mencionen, por ejemplo, las emanaciones tóxicas de los vehículos del caótico transporte urbano o los pesticidas que emplea cierta agricultura.

Resulta evidente, pues, que nos encontramos frente a una escalada, no sólo anti minera, sino anti inversión, lo cual es suicida para el país, porque, como se sabe, el nuestro es un país minero y en tanto desarrollemos otras actividades, tendremos que vivir de eso. Y el dinero de la minería, tiene que servir, por supuesto, para aprender a manufacturar productos con valor agregado, y no para construir estadios de 10 mil personas donde hay una población de 5 mil o para traer toreros españoles.

Sólo en enero y febrero de este año, el 60% de inversión captada en nuestro país ha sido minera. Esta actividad genera el 70% de nuestro producto bruto interno.

En este escenario en el que las compañías llegan y China e India demandan nuestros minerales, se encuentran ya no tan agazapados, grupos anti mineros y anti inversión que pretenden reproducir el modelo marxista a escala, enfrentando grupos y agudizando contradicciones, por el canal del reposicionamiento de la izquierda. Ahora ya no es la lucha de clases sino la defensa maximalista medioambiental o de los derechos humanos. En una de nuestras ediciones pasadas, el sociólogo Percy Bobadilla los llamó grupos politizados.

Completan este delicado orden de cosas, un estado inconexo, ineficaz, con problemas de corrupción y con capacidad insuficiente para fiscalizar - lo que sin duda afecta la confianza de la población en casos como Conga -, además de varias empresas sin políticas acertadas de comunicación o de vinculación con las comunidades.

En ese contexto, el presidente de la República, pronuncia un discurso condicionando un acuerdo ya firmado entre las partes, excediendo el estado de derecho, quizá con la intención de salvar el proyecto (aunque probablemente hace sólo un par de años él y su grupo se hubieran opuesto), DOE RUN presiona y exige al estado que siga operando, permitiendo sus abusos y malas prácticas, y trabajadores de un consorcio gasífero son secuestrados por delincuentes subversivos, con lo que los inversionistas deben estar tomando nota. Porque no hay nada más cobarde que un millón de dólares.

El politólogo Beltrán Gómez propone en esta edición una alternativa audaz: la posibilidad que la propiedad del recurso extraido incluya el subsuelo y que el poblador pueda disponer del mismo. Algo que quizá deberíamos analizar, (aunque muchos consideren que colisiona con el papel del estado como propietario de los recursos y garante de las inversiones), más aun cuando tenemos una ley de Consulta Previa, aplaudida al comienzo pero que hoy genera muchas dudas sobre su eficacia, lo que podría acabar con nuestra principal fuente de ingresos y crear las condiciones para tener, una vez más, no un país conflictivo, sino un país en llamas.