La palabra crisis está asociada, casi desde siempre, a nuestra realidad. Es de larga data y está más vigente que nunca. En la siguiente entrevista, Luciano Revoredo, director de "La Abeja", analiza, critica nuestra extenuante realidad, a la vez que plantea algunas iniciativas que se podrían evaluar.

El comunicador y director del portal "La Abeja" deja claro que, por ahora, las perspectivas no son nada alentadoras.

Ddlc: Acaba de producirse el fallecimiento del expresidente Fujimori. ¿Qué comentario y reflexión pude hacer al respecto?

L.R: Recibimos la noticia con profunda tristeza. Fue un líder que dejó una huella innegable. Bajo su mandato, nuestro país encontró la paz después de años de terror y violencia, se pacificó un país que se desmoronaba, restaurando la esperanza en millones de peruanos. Con su visión clara y audaz, sentó las bases de una economía que, hasta el día de hoy, sigue dando frutos. Su legado está marcado por decisiones difíciles, pero necesarias, que sacaron al Perú del caos y lo encaminaron hacia el desarrollo.

Es cierto que no faltan aquellos que prefieren ignorar sus logros, aferrándose al odio y al rencor. Pero los hechos están ahí. Cambió la historia del Perú para siempre. Su nombre quedará grabado como el hombre que, con valentía y determinación, logró lo que muchos consideraban imposible. En este momento, recordemos sus logros con gratitud y mantengamos viva la memoria de un presidente que, a pesar de la controversia, dejó un país más fuerte y próspero. Que descanse en paz.

Ddlc: El Perú se enfrenta a una crisis sempiterna ¿Cuáles considera que deberían ser las modificaciones mínimas al actual sistema político-electoral a fin de mejorar la situación? ¿Éstas deberían apuntar a un régimen más presidencialista o parlamentario?

L.R: Es necesario reforzar las instituciones democráticas y republicanas mediante reformas que aseguren una mayor estabilidad y eficacia. Una opción sería fortalecer el régimen presidencialista, pero con mecanismos de control más estrictos para evitar el abuso de poder.

Por otra parte, considero que el sistema parlamentario podría fomentar inestabilidad, en un contexto donde el Congreso ha demostrado ser ineficaz y desordenado.

Ddlc: ¿Qué balance puede hacer de mandato de Dina Boluarte?

L.R: El balance es desastroso. Ha estado marcado por una falta de legitimidad desde el inicio, agravada por la escasa credibilidad que ha ganado en el manejo de las crisis. La ausencia de un plan de crecimiento económico coherente y la dependencia a decisiones políticas cortoplacistas han generado incertidumbre en la población. Las perspectivas no son alentadoras mientras el régimen siga envuelto en escándalos de corrupción y la crisis económica continúe sin ser abordada de manera firme.

La evidente cercanía a Cerrón y su facción solo ha debilitado más las instituciones y socavado la confianza en el gobierno, revelando una preocupante falta de transparencia. Además, los constantes cambios de ministros no solo reflejan la inestabilidad de su gestión, sino también la falta de criterio y capacidad para conformar un equipo competente. La incertidumbre política genera el caos en la administración pública y agrava la crisis que enfrenta el país. Un caso lamentable es, por ejemplo, la inseguridad en la que vivimos.

La escasa aprobación de Boluarte es un reflejo claro del rechazo ciudadano hacia su ineptitud, es inadmisible que una presidente que se mantiene en el cargo a duras penas, sin respaldo popular y sin un plan coherente para enfrentar la crisis económica y social, siga prolongando su mandato. Su gestión ha profundizado la división social, y en lugar de tomar medidas contundentes para la reactivación económica y el combate a la inseguridad, ha optado por discursos vacíos y maniobras políticas sin rumbo.

Ddlc: ¿Qué perspectivas se pueden esbozar?

L.R: Las perspectivas bajo su mandato son sombrías. Mientras permanezca en el poder, el Perú seguirá hundido en la mediocridad, el desgobierno y el desprestigio internacional. Se necesita es un liderazgo fuerte, conservador, con ideas económicas claras, y decidido a erradicar la corrupción, proteger el orden social y fortalecer las instituciones, algo que la actual administración claramente no puede ofrecer.

Ddlc: ¿Considera oportuna la fusión de ministerios?

L.R: Sería oportuna si se orienta hacia la eficiencia y la reducción del gasto público. Ministerios que a menudo funcionan con escasa eficacia, podrían integrarse en estructuras más grandes para reducir la burocracia. Sin embargo, las fusiones deben estar acompañadas de un plan claro de mejora de gestión y no simplemente verse como medidas de ahorro.

Ahora, también tengo claro que hay ministerios que deben desaparecer como el ideologizado y pernicioso ministerio de la Mujer y el de Ambiente, cuyas funciones pueden ser asumidas perfectamente por otras instituciones.

Ddlc: Hay muchos grupos que en la actualidad piden la salida de la mandataria. ¿A qué lo atribuye usted?

L.R.: Principalmente a su falta de liderazgo, al descontento popular por la corrupción y el deterioro institucional. Además, su situación como heredera de la administración de Castillo y la falta de un proyecto claro la han dejado vulnerable a las críticas del espectro político y ciudadano.

Ddlc: ¿Con las reformas constitucionales recientes para las elecciones generales del 2026, como el retorno a la bicameralidad, convendría considerar pronto alguna relativa a la regionalización?

L.R: La bicameralidad es un paso positivo para mejorar la calidad del debate legislativo, pero se requiere una reforma más amplia que aborde los problemas de la regionalización.

Las regiones no han demostrado ser eficientes en la descentralización y muchas veces son focos de corrupción. Tal como se planteó, la regionalización siempre estuvo condenada al fracaso. ¿Cuántos gobernadores regionales están presos? Ya perdí la cuenta. Esa es una señal del fracaso del régimen de gobiernos regionales que solo convirtió los antiguos departamentos en regiones y empoderó a caciques locales que solo han enraizado la corrupción y la estupidez. Debe reconsiderarse un sistema que permita mayor control desde el nivel central para evitar los excesos locales.

Ddlc: ¿Cree que la extrema lentitud en el caso de Pedro Castillo podría permitir que, digamos, salga en libertad por exceso de carcelería?

L.R: La lentitud del proceso judicial contra Pedro Castillo es preocupante. Existe el riesgo de que, debido a la ineficiencia judicial, se produzca un exceso de carcelería preventiva, lo que podría poner en riesgo su permanencia en prisión.

Es urgente una reforma judicial que acelere los procesos y garantice que la justicia no se vea manipulada por presiones políticas. Ahora se le ha iniciado el proceso por el golpe de estado, el cual debe ser manejado con celeridad. Todo el Perú ha sido testigo de este delito cometido en vivo por televisión nacional.

¿Cómo evalúa la labor de la prensa en estos años?

L.R: Ha tenido un rol ambivalente. Si bien ha sido clave en denunciar casos de corrupción, en ocasiones ha caído en la polarización y en la falta de objetividad. Algunos medios se han prestado para agendas políticas, en vez de actuar imparcialmente. Es necesario que recuperen su papel como vigilantes independientes del poder.

Por otro lado, hay que terminar con esa confusión en que poderosas oenegés imponen agendas ideológicas mediante el manejo corrupto de ciertos sectores de la prensa.

Ddlc: ¿Qué alternativas podría sugerir para la reforma del Poder Judicial, considerando que, en la práctica, en muchos casos se enfrenta al Ejecutivo y que tiene gran incidencia sobre la economía y la inseguridad?

L.R: La administración de justicia requiere una reforma profunda. La politización de los jueces debe terminar, y además es imprescindible mejorar los mecanismos de control interno para evitar que las decisiones judiciales afecten el normal funcionamiento de los otros poderes del Estado.

Propuestas como la creación de tribunales especializados en delitos económicos y de corrupción podrían mejorar el manejo de los casos más complejos. Pero hay que evitar a toda costa caer en el llamado gobierno de los jueces.