El gobierno constitucional e improvisado enfrenta una severa crisis, más que política, económica y de seguridad. Por un lado, se topó - no vamos a discutir ya la real participación de la señora Boluarte - con una crisis generada, como suele suceder, por gobiernos anteriores. Pero eso no tiene importancia. Las autoridades elegidas no pueden transferir sus pasivos siempre a otros. Su deber y su mandato es solucionar los problemas o aliviar la crisis.

Como se sabe, la violencia, los problemas climáticos y la inseguridad han creado un problema que el régimen no termina de enfrentar, ni mucho menos de resolver.

En el caso económico nos encontramos en una recesión con disminución de la actividad económica que, sumada a factores externos, como la guerra en Ucrania o la crisis internacional ha elevado - aunque no a niveles de fines de los 80, cuando la crisis originada en la dictadura militar explotó en la época de García - pero sí lo suficiente como para complicarnos.

Sin embargo, pese a esto, el gobierno sólo ha respondido con planes fiscales como “Con Punche Perú” que, no han impulsado, realmente, la inversión pública e indirectamente la privada. Recién ahora se anuncia un plan de apoyo para la pequeña empresa, se reúne con empresarios y mineros y se anuncia un “destrabe” de proyectos, celebérrima palabra acuñada por el exministro de Economía humalista Alonso Segura. Pero el grueso de la población quiere ver obras y trabajo.

Por el lado de la seguridad, se anuncia un plan Boluarte que comprende modificaciones legales, olvidando que existe además un profundo problema de asunto de organización y liderazgo, pero desgraciadamente, quienes han pasado por ese despacho “no han dado la talla”.

En ese contexto, el presidente del Consejo de ministros, Alberto Otárola, anunció la posibilidad de aplicar el Plan Bukele, ejecutado en El Salvador, olvidando que son realidades diferentes y que, en el caso de la república centroamericana, se han tenido que aplicar medidas inconstitucionales. Por ahora, éste puede exhibir logros, pero el futuro de esa nación es incierto. El expresidente Fujimori hizo algo parecido, obtuvo varios activos, pero también pasivos, y con heridas que, exacerbadas - claro está por sectores contrarios - no cierran.

Luego del anuncio de Otárola, otros funcionarios del gobierno descartaron la ejecución de ese plan. Creemos entonces que es probable que ha sido un distractor, pero lo real es que se necesitan medidas drásticas en el corto, mediano y mediano plazo, porque la delincuencia se ha disparado y “democratizado” en el país.

Sobre la economía, dudamos que la designación de la Sra. Ana Choquehuanca como ministra de la Producción, implique un cambio significativo en los actos del gobierno para amainar la crisis, al igual que somos escépticos sobre que Daniel Maurate tenga un plan efectivo, por ejemplo, contra la informalidad, coordinado con la SUNAT, en un escenario de baja recaudación.

Además, acerca de la designación de Miriam Ponce en el ministerio de Educación, estamos esperando si el gobierno realmente aboga por la meritocracia educativa o negocia para tener algún respaldo en el Congreso, a cambio de aprobación de ciertas medidas. Pero pareciera que se cambia para que nada cambie.

Sobre el caso Odebrecht, el Estado pierde clamorosamente, pero los fiscales ineficaces Pérez y Vela, siguen ahí, victimizándose mientras el Perú pierde miles y miles de dólares cada día, y el grueso de los implicados disfrutan su libertad o de situaciones judiciales más que cómodas.

Pero, repetimos, la Sra. Boluarte debe concentrarse en esos aspectos, económicos y de seguridad ciudadana. Con eso sería suficiente, para empezar.