Se debe tratar de alcanzar un país moderno, incrementando la productividad y con una recuperación potente de los sectores productivos y de servicios.

Esto no lo cumplirá el gobierno de transición y estamos sin rumbo, debido a que seguimos de cajeros y no habido una reestructuración necesaria del gasto en el presupuesto de la Republica 2023, aprobado por un “congreso populista” con los recortes prioritarios que no se efectuaron. No se han eliminado los gastos improductivos, y en la evaluación y seguimiento de su ejecución no se conoce en que se gastan los recursos de los contribuyentes que lo financian con sus tributos. Al gasto público en educación, salud, agua, saneamiento e infraestructura no le dan importancia, destinando recursos en acciones que no son rentables socialmente.

No se utiliza al planeamiento estratégico como herramienta de gestión gubernamental, se acusa a los Gobiernos Regionales, Locales de no saber gobernar y que no tienen capacidad para ejecutar su presupuesto de inversiones públicas. Y también es sabido que muchos sectores del Estado devuelven cantidad de recursos, en especial de inversión.

El gobierno de transición no considera en sus decisiones que estamos en un proceso de descentralización, y debe cumplir con establecer las pautas generales y acciones de lo que se debe hacer con estrategias claras en inversión pública en cada región.

La inversión privada no aumenta, el consumo tampoco, los sueldos siguen bajos, la informalidad del empleo es 78% de la PEA (Población Económicamente Activa) y la calidad de vida ha desmejorado. La inflación de alimentos perecibles agrícolas: papa, legumbres, hortalizas ha sido en enero 2023 de 26.5% según el BCR. Para este año se calcula un PBI de 1.9% aproximadamente, lo que significa una economía estancada.

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, sostiene que se debe tener presente que "cualquier sistema político o económico tiene como objetivo final el bienestar de los ciudadanos y eso incluye la dignidad, las nociones de autonomía y la expresión de las personas".

En nuestro país existe pobreza extrema, conflictos sociales, difícil acceso a servicios básicos, el ciudadano tiene un inexistente o negativo contacto con el Estado, al igual que con el Poder Policial, Ministerio Público, Policía Nacional; la precariedad y la desconexión del mercado laboral crece.

Es imperativo cambiar la visión política del Estado para que se preocupe por el ciudadano, que proteja –real, no líricamente- sus libertades y derechos. El Estado se ha preocupado en reformar aspectos como los contratos de obras, cuando un problema es, por ejemplo, la podredumbre del Sistema de Justicia.

Jon Meachan, historiador estadounidense, afirmaba que “un país en conflicto, dividido socialmente, económica y geográficamente entre norte y sur con una clase política podrida, un orden económico injusto y una democracia en peligro. Al parecer podía estar describiendo al Perú de hoy, pero nos traslada a Estado Unidos de 1860.  

Es necesario reformular el rol estatal, que asuma la responsabilidad en la creación de mercados en las regiones. Se requiere invertir en infraestructura y vincular la economía con la geografía y demografía. Pero el financiamiento para la creación de mercados requiere inversión privada y pública. Uno de los efectos graves del modelo económico que se viene aplicando, ocurre en el mercado laboral, que no genera oportunidades de empleo adecuados, sino de baja calificación, productividad e ingresos bajos. Los mercados requieren regulación estatal porque, sin ella, se generan situaciones de dominación y discriminación.

La relación entre Estado y empresa debe reformularse. El país creció por el incremento del precio de los minerales, sin embargo, la visión de protección del ciudadano sigue ausente. Si un país solo se preocupa por el crecimiento, se descuidan otros temas, como los derechos ciudadanos o las políticas para aminorar la desigualdad.

Joseph Stiglitz sostiene que el sector privado lo único que busca es generar más ganancias de dos maneras: "Generar mejores productos o buscar personas que se puedan explotar. Y es mucho más fácil generar ingresos explotando a las personas" tal como sucede actualmente en la pequeña y mediana empresa del Perú, especialmente con las mujeres, a vista y paciencia de las autoridades.

El economista recomienda que habría que cambiar la gestión del gasto público, “que tiene que ver con innovación y educación, pero se tiene que financiar con un sistema justo y eficiente de impuestos".

Para no caer en el paternalismo de programas asistencialistas, debe haber regulación estatal y que funcione. Está bien que se promueva el crecimiento, pero se necesitan reglas de regulación para que los ciudadanos se beneficien. Debemos tener un Estado pequeño y eficiente, con un reducido número de organismos, que se dedique a proveer seguridad, administre justicia, financie infraestructura y desarrolle esquemas de alivio a la pobreza.

Falta aplicar la economía social de mercado que oriente el desarrollo y promueva la competencia justa con empleo de calidad. La Constitución de 1993 en sus artículos 58° y 59° señala que estamos en una economía social de mercado, y que el Estado debe actuar en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, servicios públicos.

Pero esto, desgraciadamente, no se cumple.

Economista